Mando único: dos decisiones para albergar esperanza

blogeditor · 10 de febrero de 2016

Mando único: dos decisiones para albergar esperanza

La discusión sobre el mando único policial sería mucho más sencilla si en México hubiera referentes técnicos válidos para comparar la calidad de las instituciones policiales. Sería ideal que nadie pudiera decir si una de esas instituciones es buena o mala sin hacer referencia, por ejemplo, a una evaluación pública de desempeño. Ningún Presidente, gobernador o alcalde podría salir a defender o atacar a una policía sin soportar su dicho en información técnica, en evidencia empírica sistematizada. Nadie podría salir a decir que cierren o mantengan operando policía alguna sin argumentos serios.

[contextly_sidebar id=”Dt5zHupqxAQnY4O8VCowoVwYvHVQiH2u”]Lejos, muy lejos estamos de ello. El reporte denominado Semáforo del Desarrollo Policial 2015 de Causa en Común calificó con 3.9 en promedio nacional a las policías estatales en materia de Certificación Integral. Bajo este concepto fueron evaluados los esfuerzos que hacen esas entidades para evaluar las habilidades, destrezas y conocimiento, el desempeño y el control de confianza. Resulta que hay 6 entidades con calificación de 1.7 o 4 estados con 3.3 y apenas tres con calificación superior a 8. Es el peor tema calificado. De hecho, “Quince policías estatales no realizan evaluaciones de desempeño”. Leyó usted bien, al menos la mitad de los mismos gobernadores que piden el control total de la policía, no han hecho lo necesario para saber y controlar cómo trabajan las policías que ya están bajo su responsabilidad. El comunicado de prensa que acompañó la presentación del estudio citado es contundente: “Las evidencias ponen en riesgo la viabilidad operativa de 32 policías estatales únicas”.

Deberíamos comenzar por entender que la discusión del mando único es en sí misma un síntoma de la crisis de la propia policía. Hace dos décadas se puso en marcha el Sistema Nacional de Seguridad Pública y es precisamente ahí donde falló la construcción de una política de Estado que la colocara en ruta de su verdadera modernización. La más común promesa política en la materia, la profesionalización, se revela vacía de cara al masivo incumplimiento de los más básicos estándares de operación policial, como la evaluación de su desempeño. Y la otra gran promesa, la coordinación, habiéndose incluso creado una burocracia nacional para asegurarla, igualmente se revela fallida justamente cuando se argumenta que para lograrla se debe concentrar el mando o bien reducir el número de policías. Ni profesionalización ni coordinación.

Desde esta perspectiva, el mando único, la policía estatal única o el modelo mixto, ninguno de los esquemas de organización ataca el fondo del problema. Lo que enseñan el documento citado, muchos otros estudios y la diaria evidencia de la crónica debilidad de las instituciones policiales, es que aún no ha llegado la decisión política de la reconstrucción policial. Sea cual sea la organización del mando, sean cuantas sean las instituciones policiales operando, lo que está enfermo es el compromiso político con los principios constitucionales de desempeño policial: legalidad, objetividad eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Entonces a mi modo de ver lo que verdaderamente está a prueba hoy no es si se ponen de acuerdo respecto al modelo de mando y al número de instituciones policiales, sino si hay voluntad política para hacer todo lo que sea necesario, de manera que esos principios no se quedan en el texto constitucional y se conviertan en las reglas eficaces del juego en la práctica policial. En este sentido, propongo un sencillo filtro para saber si esa voluntad existe: acábese con la endogamia policial e inclúyase en la reforma constitucional un nuevo sistema de contrapesos basado en dos decisiones: creación del sistema nacional de evaluación policial y puesta en operación de la figura del supervisor externo especializado para toda institución policial. Evaluación y supervisión, ambos, ubicados fuera del ámbito de control de la propia policía y de los responsables políticos de la misma. Decisiones de tal calado, entonces sí, nos permitirían albergar alguna esperanza.

 

@ErnestoLPV