blogeditor · 6 de julio de 2015
La semana pasada Miguel Ángel Mancera decidió, con mala puntería y varios meses de retraso, imponerle a su gestión un cambio relativo en el rumbo y discurso mediático. Hurtando una página del #bacheletazo en Chile, país donde su presidenta operó una genuina y completa renovación de su gabinete, el jefe de gobierno (o mejor dicho: regente reciclado del DF, en código amarillo tendiendo a tricolor peñarredista) optó por ensayar una mexicanísima solución a plazos -en cámara lenta- que no parece ayudar demasiado, en el fondo o en la forma, a su causa particular.
[contextly_sidebar id=”aNNBvmwvjsneAPkf0wFCqTOPRK507b0F”]Se supone que todo el equipo mancerista será sometido a ciertas pruebas (¿de calidad y resistencia?) a partir del quince de los presentes. Si entiende uno bien el sentido final de estos cambio, para el diecisiete de septiembre habrá decidido Mancera el futuro de sus colaboradores. Transcurrirán dos meses, entonces, en una especie de Limbo, con apuestas entre grillos para conocer el destino de cada uno de sus subordinados, cuyo desempeño a lo largo de la presente administración deja muchísimo qué desear. (Un ejemplo: el alarmante caso de la secretaria del Medio Ambiente en funciones. Si Mancera realmente apostara a una defensa de la ecología sustentable, la lista de obligadxs a renunciar tendría que incluir, en primerísimo sitio, a la impresentable gestora de obra pública Tanya Müller, sustituyéndola con alguien de demostrada vocación y compromiso).

Entre los funcionarios que librarán filtros o engorrosos exámenes se encuentra un cuadro policiaco, inamovible, que -de ser ciertas las versiones que lo colocan como titular de facto de la Secretaría de Seguridad Pública- permanecerá al servicio de las peores causas hasta el fin de la actual maladministración de Mancera.
Se trata de Luis Rosales Gamboa, código radial Apolo (o ‘Jefe Apolo’, como se le conoce en la actualidad). El mismo que fungió como secretario durante los lamentables eventos del primero de diciembre de 2012 en el Centro Histórico, cuando le quedaban unos cuantos días al sexenio de Marcelo Ebrard y Manuel Mondragón habría dado el salto de la jefatura policiaca del GDF a su contraparte federal con Enrique Peña Nieto. El que repitió después del despido de Jesús Rodríguez Almeida, quien defendió a capa y espada a sus gallardos granaderos tras múltiples agresiones a jóvenes que objetaban, con presencia en las calles, políticas paleofascistas de criminalización de la protesta en la Ciudad de México. O toletazos a activistas protegiendo a sus hijos pequeños, o acusaciones de terrorismo equiparado, por el simple delito de marchar a favor de la presentación con vida de los 43 Normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por la policía municipal de Iguala y Cocula, en la multitudinaria marcha al Zócalo capitalino el 20 de noviembre del año pasado.

Rosales, el que estuvo a un tris de ser considerado por el jefe de gobierno para la dirección de policía del DF, en el proceso de consulta y aprobación con Peña Nieto; el mismo que tuvo un alto grado de responsabilidad durante el salvaje operativo seudo giulianesco que violó los Derechos Humanos de infinidad de jóvenes que sufrieron vejaciones tales como el haber sido desnudadas, toquetedas y marcadas con plumones y –aún más grave- segó doce vidas: las de nueve jóvenes y tres elementos de seguridad, en la discoteca New’s Divine aquel aciago 20 de junio de 2008.
De acuerdo a los testimonios que narran sus primeros pasos por la SSP local, el Jefe Apolo hizo sus pininos formativos durante la época del íntimo allegado del presidente José López Portillo General Arturo Durazo Moreno, alias El Negro , en los años de la administración de la abundancia petrolera (principalmente a los bolsillos de Carlos Hank González, regente-contratista del DF y patriarca del Grupo Atlacomulco del que surgieron políticos como Arturo Montiel y su ahijado Enrique Peña Nieto).
Rosales es el nepotista que tiene incrustados en la nómina de SSP-DF a cuando menos diez familiares suyos, entre hermano, yerno, primos, sobrinos… El que encabeza la inmunda cofradía de La Hermandad, con más de cuatro décadas de operación ininterrumpida.
Señalado, explícitamente y en su puesto de superintendente policiaco, por la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para el caso New’s Divine. Un elemento clave bajo las órdenes de otro renunciable que amerita el basurero y el largo brazo de la rendición efectiva de cuentas: Joel Ortega Cuevas, ex jefe de la policía capitalina y coordinador de la campaña electoral de Mancera en 2012; hoy día y desde principios de diciembre de 2012, director del Servicio de Transporte Colectivo–Metro.
La trayectoria ascendente de Rosales Gamboa se gestó durante el mandato del Negro Durazo. Aquí un video que relata esa historia, transmitida en su momento por el Canal Once.
‘Sr. General Durazo…’
Cuando la tentación del gobierno de la Ciudad de México es la limpieza social mal entendida, con sus secuelas de represión y cárcel para grupos vulnerables como el de las personas en situación de calle; cuando mediante la búsqueda de la verdad sobre la ejecución arbitraria por parte del Ejército de civiles en Tlatlaya, o los operativos de Apatzingán y Tanhuato, arrojan serias dudas sobre la proporcionalidad en los mismos, se intenta generar un debate serio sobre el papel que corresponde a las Fuerzas Armadas -y las policiacas, por supuesto- en tareas de seguridad según cánones modernos, sería un gesto importante prescindir de los servicios de alguien tan cuestionado como Luis Rosales Gamboa. Para nuestra mala fortuna, su permanencia en la Subsecretaría de Operación Policial no parece estar en la balanza; debería considerarse por elemental salud pública (bien entendida) su remoción inmediata para que enfrente de una buena vez -nunca será demasiado tarde- a la justicia.
Sólo así empezarán a exorcizarse los nocivos fantasmas del pasado.
Sólo así será un poco más útil -marginalmente creíble- la bravata mediática de Mancera y su #bacheletacito.