Macrocriminalidad y desaparición: notas para su aterrizaje

Vivimos una crisis de violencia desde hace casi 15 años, siendo uno de sus efectos más visibles y dramáticos la desaparición de casi 100 mil personas, 1 que viene aparejada a una crisis forense que a la fecha suma 52 mil cuerpos sin identificar. 2 Esta crisis nos requiere complejizar el acercamiento a fenómenos como los descritos anteriormente: sí, para entender las causas y a partir de allí construir las transformaciones estructurales que se deben mantener en el tiempo, pero también para comprender los mecanismos que obstaculizan la impartición y administración de justicia aquí y ahora.

Por lo anterior, es preciso que ciertas preguntas que, desde el análisis de la violencia que hacemos desde sociedad civil están suficientemente (o al menos, coherentemente) respondidas, se traduzcan al menos en pautas de acción, hipótesis de investigación y búsqueda; es decir, en elementos que cimenten procesos reales de acceso a la verdad y la justicia.

Por ejemplo, ¿qué quiere decir que redes macrocriminales perpetúan la violencia en México? Teórica y técnicamente, comprendemos que, contrario a cómo se piensan mecanismos simples de cooptación de grupos criminales en el Estado, 3 en las redes macrocriminales operan actores estatales y criminales sirviendo simultáneamente a fines políticos y económicos en territorios localizados, apoyándose a tal grado que a veces son actores indistinguibles entre sí. Esto es muy útil y puede documentarse, señalarse, exhibirse.

Aún falta hacernos –y exigir en la misma medida– otras preguntas: ¿qué implica para la técnica investigativa del personal ministerial y policía de investigación armar carpetas que deben servir tanto para procesar a posibles perpetradores como para apoyar a hacer planes de búsqueda de la persona desaparecida? ¿Qué información se va a encontrar en registros públicos y cuál no? ¿Cómo armar mapas de organizaciones criminales sabiendo que sí o sí, existirán actores estatales y quien investiga debe dar un paso al frente en instituciones que, posiblemente, también estén envueltas en pactos de impunidad? ¿Qué piezas de información podrían comenzar a desarmar, a decir del último informe del CED, 4 el crimen perfecto? ¿Quién tiene esa información, a quién le sirve que esté oculta, cómo se procesa cuando se tiene y qué se hace cuando no? ¿Tenemos las herramientas útiles y accesibles para procesar casos que, poco a poco, se convierten en desapariciones de larga data?

Comprender por qué la violencia se perpetúa en lo general ayuda mucho, pero desde los espacios que hacemos investigación y acompañamos a víctimas nos falta aterrizar esos porqués a casos y territorios concretos, y, sobre todo, comprender cómo operan no sólo con las personas que materializan las desapariciones, sino todo el conjunto de actores que las permiten y, en mayor o menor medida, se benefician de que estas continúen en la impunidad.

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país llevan años traduciendo el maremágnum de información que buscan y obtienen en hipótesis que –además de revelar fosas clandestinas, sitios de exterminio, casas de seguridad y demás localizaciones que la autoridad tendría que encontrar– en muchas ocasiones han logrado hallazgos de sus seres queridos a lo largo y ancho de México.

Desde la sociedad civil muchas veces hemos olvidado que el conocimiento técnico y la ley deben ser instrumentos para el acceso a la verdad y la justicia, no fines en sí mismos. Por supuesto que todo esto debe traducirse en exigencias al Estado, por ejemplo, con unidades de análisis de contexto bien estructuradas y que respondan de manera adecuada a Fiscalías y Comisiones de Búsqueda. Sin embargo, ante la inoperancia de las instituciones vale la pena repensar y crear herramientas que faciliten los procesos de búsqueda y así dar un paso hacia delante para poder encontrar las respuestas que, a la fecha, siguen sin responderse y que en la práctica son uno de los muchos obstáculos para que todas las personas desaparecidas regresen a casa.

* Ángel Ruiz (@ruizangelt) es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

 

 

1 99,155 personas desaparecidas al 20 de abril de 2022, a decir de la Versión Pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

2 “La Crisis Forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar”, Movimiento por nuestros desaparecidos en México, pág. 4.

3 Que también existen en dinámicas así.

4 “El Comité insta al Estado parte a que erradique todas las causas estructurales de la impunidad. Al efecto, el conjunto de las instituciones del Sistema de administración de justicia debe poner fin a las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan a la desaparición forzada como el paradigma del crimen perfecto”. Párrafo 43 del Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención.