Macrocriminalidad, a dónde nos llevan

Una vez concluido el juicio de Genaro García Luna, busqué al investigador académico Luis Daniel Vázquez Valencia y le pedí su concepto de macrocriminalidad. En síntesis, me explicó que está conformada por tres estructuras: la criminal, la política y la empresarial; comete distintos tipos de delitos, como el narcotráfico, la trata de mujeres o de migrantes, así como de trabajo esclavo, homicidios, desapariciones, secuestros y redes de extorsión; provoca diferentes tipos de víctimas, con necesidades diferenciadas de reparación, y tiene presencia en una región donde ejerce cierto control territorial. Enfatizó el experto que el control territorial “es una de las más importantes características de la red”. Cuando esta ejerce tal control, son espacios de la denominada gobernanza criminal. (Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos. FLACSO, 2019).

Lo que se dijo en el juicio a García Luna enseña la urgencia de, al menos, indagar con las mejores herramientas posibles la reproducción en México de redes de macrocriminalidad, cuya dimensión y ritmo de crecimiento muy probablemente ni siquiera imaginamos. Escribí en otro texto que ese juicio debía apalancar la revisión y reconstrucción de un sistema político que coexiste con la reproducción de la delincuencia organizada.

Lejos de ello, precisamente a propósito de la condena a García Luna, el Congreso de la Unión nos regaló uno de los episodios más vergonzosos de su historia reciente, trenzándose las y los legisladores -siempre hay excepciones- en una disputa de violencia verbal que al final logró, una vez más, distraer del fondo del asunto (no es desproporcionado conjeturar que ese habría sido justamente su propósito).

Ese juicio no apalancará procesos de reformas de gran calado a favor de la seguridad, la justicia y la paz, pero sí está siendo usado para agudizar, aún más, la polarización. Si lo que necesitamos son acuerdos de Estado ante una emergencia nacional de violencias impunes, lo que tenemos es una competencia de acusaciones entre fuerzas políticas que debaten para ver quién convence a más auditorios de que el adversario hace parte de las redes de macrocriminalidad.

Por eso, valen múltiples preguntas: ¿Cuáles son los incentivos dominantes hoy en las fuerzas políticas formales, de cara a la reproducción de la gobernanza criminal? ¿Qué país están mirando en su lucha por el poder, cuando evaden las reformas de gran calado necesarias para reconstruir la convivencia? ¿A dónde van con sus discursos polarizados y polarizantes? ¿Qué cálculos han hecho respecto a sus márgenes de influencia en territorios crecientes en disputa entre poderes de facto?

No hablo de que alguien tenga la solución, hablo de que el juicio a García Luna representó una coyuntura que enseñó a México y al mundo algo de la descomunal descomposición y ni siquiera se asomaron ideas reformistas de alguna manera cercanas a la intención de contener lo que parece un verdadero desfonde de lo que entendemos por Estado.

Y no es que falten referencias para hacer las cosas de otra manera; dos ejemplos: la investigación académica ya enseña cálculos precisos de decenas de miles de homicidios evitados y decenas de estructuras criminales desmanteladas mediante figuras propias de la llamada Justicia Transicional; y también bajo este paradigma se trabajan ahora mismo reformas penales orientadas a desmontar las redes mediante macro procesos judiciales. Y en México se ha multiplicado la producción de evidencia empírica sobre la gobernanza criminal y se han acumulado las propuestas para establecer aquí mecanismos extraordinarios de verdad, justicia y reparación.

Desde luego la clase política sabe todo esto; por tanto, la pregunta de fondo es a dónde nos quieren llevar.

@ErnestoLPV