Lydia Cacho: dos décadas buscando justicia, nuevos retos contra la impunidad

Por Víctor Alonso del Pozo Rodríguez*

El proceso penal de primera instancia instruido en contra de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, por la probable comisión del delito de tortura en perjuicio de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro ha entrado en su etapa final. Tras la celebración de la audiencia de vista, que abre paso al dictado de la sentencia condenatoria o absolutoria, una oportunidad para la justicia se abre, al tiempo que los riesgos de impunidad se intensifican.

i. El juicio: un logro excepcional

En México, los casos de tortura que logran llegar a juicio son una pequeñísima minoría, vis-à-vis la enorme cantidad de casos de tortura que están radicados en fiscalías. De acuerdo con datos de organizaciones de la sociedad civil, en México menos del 0.2 % de casos de tortura llegan a sentencia. En las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas reportó que, entre 2013 y 2018, únicamente 45 sentencias por tortura a nivel federal fueron dictadas.¹ En un periodo posterior, que comprende de 2018 a junio de 2026, el Registro Nacional del Delito de Tortura reportó la existencia de 27,039 expedientes por tortura y 5,187 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras que, tan solo en 2022, de ese grueso de investigaciones, únicamente diez llegaron a sentencia; en 2023, ocho sentencias condenatorias fueron dictadas.

Tras concluir su tercera visita a México, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas expresó su preocupación por la impunidad en casos de tortura, así como por los persistentes problemas en la investigación de estos casos. En ese sentido, que un proceso penal por tortura haya sobrevivido a los obstáculos de la impunidad estructural y haya logrado llegar al momento de dictado de sentencia con el probable responsable en prisión preventiva es, en sí mismo, un precedente de enorme relevancia. Es el resultado de la valentía, persistencia y lucha de Lydia Cacho quien, acompañada de ARTICLE 19, no ha desistido en su búsqueda de justicia a más de dos décadas de los hechos.

ii. El reto: una pena insuficiente

La Fiscalía General de la República, en su calidad de parte acusadora, ha solicitado que se imponga la pena máxima al exgobernador de Puebla. Sin embargo, aun cuando la Justicia Federal otorgue la pena solicitada, la proporcionalidad de la respuesta sancionatoria contra Mario Marín podría ser incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Esto se debe a que el caso se está tramitando bajo el paraguas de una ley local de Quintana Roo, aprobada en 1992 y abrogada en 2018, bajo la cual el delito de tortura se sancionaba con una pena de tres a doce años de prisión.

Solemos asociar el concepto impunidad con la ausencia absoluta de castigo (impunidad stricto sensu)². Sin embargo, una mirada más amplia, que nos permita entender a la impunidad en sentido lato, nos obliga a evaluar otros aspectos. En especial, las consecuencias asociadas con que el sistema de justicia cumpla en apariencia con su obligación de castigar, pero que, al mismo tiempo, falle en su responsabilidad de reparar, disuadir y enviar un mensaje de que la tortura es especialmente reprochada, repudiada y prohibida en un Estado constitucional de derechos. Este caso revela que los mecanismos de la impunidad no solo se reproducen a través de la falta absoluta de sanción, sino también a través de procesos apegados al marco legal, pero alejados del imperativo de justicia y del marco internacional de derechos.

Si bien es claro que una mayor penalidad no significa, en automático, mayor justicia, para casos de tortura existen obligaciones internacionales, aceptadas voluntariamente por el Estado mexicano desde 1987, que obligan a sancionar este delito con penas adecuadas y proporcionales a su gravedad. Esto, en la práctica, implicaría que el delito de tortura se castigase con penas equiparables a las de los delitos más severamente castigados en México³ (piénsese, por ejemplo, en el delito de secuestro que, en su forma más simple, impone de 40 a 80 años de prisión).

En ese sentido, una sanción que no refleje la gravedad de la injusticia perpetrada, aun cuando sea legal en sentido estricto, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado mexicano tanto frente a la Convención contra la Tortura, como frente a la Comunicación 2767/2016⁴ emitida por el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recomendó a México sancionar a los responsables con penas adecuadas.

iii. La sentencia: un imperativo de justicia

En cualquier caso, es importante advertir que la limitación en el alcance de la pena no es una falta atribuible al Juzgado que conoce de la Causa Penal, sino que se trata de un problema estructural. El Juzgado está constreñido a aplicar la sanción que la norma le permite, y le corresponde usar la ley aplicable para imponer la sanción más alta posible, pues solo con ello podrá enviar un mensaje de compromiso con el combate a la impunidad.

La obtención de una sentencia condenatoria tendría un significado que iría mucho más allá del mero número de años de prisión obtenidos. Significaría la primera sentencia, a nivel nacional, en la que un exgobernador es condenado por tortura, con motivo de hechos cometidos durante el ejercicio de su mandato. Esto, en sí, enviaría un poderoso mensaje relativo a que el cargo, el poder y el paso del tiempo no garantizan inmunidad, aun en un contexto de impunidad estructural. Además, significaría un reconocimiento, si bien tardío, de la injusticia, arbitrariedad y abuso de poder sufridos por Lydia Cacho. Esto, a su vez, constituye una forma de aceptar, desde el Estado, que Mario Marín buscó castigar a una periodista por revelar la existencia de redes de explotación sexual infantil y proteger, a través de su investidura, a los poderosos intereses detrás de la misma.

Aun frente a los retos estructurales que enfrentará la garantía de justicia y reparación plena en el caso de Lydia Cacho, la eventual obtención de una sentencia condenatoria representaría uno de los máximos logros en la lucha contra la impunidad en casos de tortura en México. Los ojos del mundo deben estar en el caso de Lydia.♦ 

*Víctor Alonso del Pozo Rodríguez es coordinador de Defensa del Programa de Protección y Espacio Cívico en ARTICLE 19 MX-CA.

Referencias:

¹Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, U. N. Doc. CAT/C/MEX/CO/7 (24 de jul. de 2019).

²Marion Vironda Dubray, ‘What’s in a Name? (Re)Setting the Scene of Impunity for Mass Crimes’ in Sévane Garibian (ed), Right to Truth, Truth(s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice.

³Katona, Nóra, ‘Obligation to Criminalize Torture’, in Manfred Nowak, Moritz Birk, and Giuliana Monina (eds), The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol: A Commentary, 2nd Edition, Oxford Commentaries on International Law (2019; online edn, Oxford Law Pro), https://doi.org/10.1093/law/9780198846178.003.0006, accessed 5 Nov. 2026

⁴Comunicación Núm. 2767/2016, Comité de Derechos Humanos, Dictamen aprobado a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, U.N. Doc. CCPR/C/123/D/2767/2016 (29 de ago. de 2018).

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