blogeditor · 3 de octubre de 2019
¿Qué tienen en común una planta de tratamiento de aguas residuales que no termina de funcionar en San Mateo Huitzilzingo en el municipio de Chalco, los recursos millonarios que nunca llegaron a los servicios de salud de Veracruz durante el sexenio del gobernador Javier Duarte, o una propuesta de etiquetado de alimentos diseñada por la industria de alimentos y bebidas?
A primera vista, parece que estamos hablando de cosas completamente distintas; sin embargo, si uno estudia más a detalle estos procesos, se da cuenta que tienen en común un punto importante: están plagados de irregularidades y corrupción que afectan directamente la vida de la ciudadanía.
En estos tres procesos, las autoridades y la sociedad civil han documentado graves irregularidades y actos de corrupción que impactan sobre la vida de las y los mexicanos. Las y los habitantes de San Mateo Huitzilzingo siguen sin tener la seguridad de que la planta funcionará adecuadamente un día, con lo cual se está violando su derecho al agua y al saneamiento. Las y los veracruzanos no pudieron tener acceso a servicios de salud decentes en parte a causa de los desvíos millonarios operados por el exgobernador. Y las y los mexicanos corremos el riesgo de quedarnos sin información fundamental sobre los alimentos y las bebidas que compramos porque la industria trata de influir en el debate legislativo que se está dando en estos meses.
A pequeñas o grandes escalas, con actores públicos o privados, a través de desvíos millonarios de recursos públicos o por conflicto de interés, la corrupción tiene un impacto directo sobre nuestra realidad cotidiana. A inicio de año, una docena de organizaciones de la sociedad civil mexicanas nos reunimos para trabajar sobre el cruce entre la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción. Entre ellas, estaban Controla tu gobierno y el Poder del Consumidor, quienes nos contaron respectivamente de la planta de tratamiento en el municipio de Chalco y de la influencia de la industria refresquera sobre la elaboración de leyes.
Entre todas estas organizaciones, buscando acercar las agendas de combate a la corrupción y derechos humanos, consensamos 9 principios para sentar las bases de un lenguaje común e incentivar el trabajo colectivo entre los expertos y activistas de los dos bandos, con el objetivo de entender el fenómeno de la corrupción de manera integral, en una lucha que respete y garantice los derechos humanos y ponga a las víctimas tanto directas como indirectas al centro del combate, creando mecanismos de reparación y herramientas para promover su participación.
Aquí los 9 principios: