Redacción Animal Político · 23 de octubre de 2023
El 29 de octubre se cumplen 15 años de un evento que dio un giro radical a nuestras vidas y nos llevó a enfrentarnos a una desintegración familiar y a un aparato de justicia que, irónicamente, brilla por su injusticia e inoperancia. Mi esposo Hugo Martínez Gorostieta fue detenido arbitrariamente, sin orden de aprehensión, en las instalaciones de su trabajo, mientras esperaba ingresar a la empresa después de un día de jornada laboral, ya que él se desempeñaba como vendedor repartidor de productos de Bimbo. Fue entonces que se acercaron varios hombres vestidos de civil, apuntándole con pistola le ordenaron que se bajara de la camioneta y con palabras altisonantes lo obligaron a subirse a un auto y tirarse al piso del auto en la parte trasera.
Lo trasladaron a una cabaña ubicada en un lote baldío, ahí fue torturado física y psicológicamente (amenazaron incluso con quemarlo vivo) para obligarlo a firmar unas hojas que lo autoincriminaba como secuestrador. Después fue exhibido a los medios de comunicación como el líder de una peligrosa banda de secuestradores, “los Wonders”, cuyo nombre incluso fue por el uniforme de repartidor que traía Hugo al momento de ser detenido; ello violó su presunción de inocencia, el debido proceso y le hizo recibir una sentencia social, sin que hubiera una legal.
La detención de mi esposo se dio durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como titular de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, de julio del 2008 a diciembre del 2011. Todo formó parte de su plan para ganar popularidad y reconocimiento de la sociedad, a fin de convertirse en jefe de Gobierno, lo cual finalmente logró. Incluso en su afán de “dar resultados”, se les daban incentivos económicos a los policías por cada “delincuente” que detenían, sin importar si era realmente culpable o no. Debido a esta práctica de fabricación de culpables, esta dependencia sumó más de 7 mil quejas en su contra que fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Después de estas violaciones de parte de la institución de procuración de justicia, nos tuvimos que enfrentar al formalismo del Poder Judicial. Al principio confiábamos en la justicia y teníamos fe que, al llegar a una autoridad encargada de revisar los hechos, se daría cuenta de las atrocidades y arbitrariedades de la policía y que de inmediato determinaría la libertad, pero no fue así. Incluso la sentencia del proceso penal, ante el Poder Judicial del Distrito Federal, se presumió ante los medios de como la condena más larga que se le daba a un delincuente, para que quedara como antecedente que nadie está por encima de la ley, nuevamente violando el debido proceso.
Impugnamos esa sentencia, después impugnamos la siguiente, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, todo hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que incluso en dos ocasiones atrajo los recursos de revisión que presentamos. La primera vez que la SCJN dictó una sentencia de un asunto de Hugo reconocieron por unanimidad que hubo violación en los tiempos en la puesta a disposición ante el ministerio público, pero el amparo se otorgó solo para el efecto de que el Tribunal Colegiado emitiera una nueva sentencia, en la que siguiera los lineamientos de la sentencia de la Corte.
Sin embargo, el 26 de abril del 2012, el Tribunal Colegiado volvió a negarle el amparo a Hugo, por lo que se interpuso un nuevo recurso de revisión, que volvió a atraer la SCJN; en esta ocasión sí resolvieron el fondo del asunto, aunque eso hizo que tardaran dos largos años en dictar una sentencia, en la que finalmente señalaron con claridad que existió una dilación injustificada en la puesta a disposición de Hugo, violación a la presunción de inocencia, violación al debido proceso y que él sufrió una detención arbitraria al no haber un pedimento judicial, una orden de aprehensión, ni flagrancia.
Lo inexplicable es que, a pesar de haber reconocido todo ello, se envió nuevamente al Tribunal Colegiado, para que éste nuevamente emitiera una sentencia acorde con lo establecido por la Corte. Eso no importó, el Tribunal Colegiado volvió a negar el amparo a Hugo el 30 de octubre del 2014 y declaró su culpabilidad con base en pruebas ilícitas y reconocimientos anulados por la SCJN. Naturalmente, volvimos a presentar recurso de revisión, pero ahora la Corte no quiso atraer el caso, argumentando que no quedaban temas de constitucionalidad por revisar cuando claramente sí los había.
En la sesión de resolución fue el penúltimo caso en ser atendido. Cuando escuché que se desechaba sentí mucha impotencia y enojo; no pude contenerme y me levanté de mi asiento e increpé a las ministras y ministros, les pregunté que dónde estaban salvaguardando los derechos humanos y constitucionales de Hugo Martínez. Hubo un silencio total en la Sala.
Me resultaba tan paradójico que en esos días circulaba un spot en los medios de comunicación de la SCJN donde decía que “la corte está para salvaguardar tus derechos humanos y constitucionales”. No paradójico, sino contradictorio, me resultó que el 23 de enero de 2013, la misma SCJN había resuelto el caso de la señora Florence Cassez, a quien liberaron por básicamente las mismas graves violaciones a sus derechos humanos y constitucionales. Pero ese era un caso muy mediático, político y con mucho apoyo por parte del presidente de Francia; Hugo no tenía esa suerte.
La diferencia de trato en ambos casos es notable: el expediente del caso Cassez es el ADR 517/2011, mientras que el segundo recurso de revisión de Hugo es el ADR 1428/2012. En ambos, la SCJN señaló que los policías no pueden retener sin justificación a una persona con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realizan, ni que pueden hacerlo por más tiempo del que es necesario para trasladarlo ante la autoridad correspondiente. Incluso, recientemente la SCJN utilizó ambos asuntos en sus redes para hablar sobre las detenciones arbitrarias, pero la decisión final de ambos casos fue muy diferente: a Florance Cassez la liberaron y a Hugo Martínez lo dejaron en prisión.
A pesar de todo ello, ni Hugo ni yo nos hemos rendido por demostrar su inocencia. En 2015, al tener los dos precedentes de la SCJN volví a buscar y exigir que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) revisara las violaciones graves a sus derechos humanos, ya que en los primeros días del mes de noviembre del 2008 inicié una queja ante dicha comisión. En agosto de 2018, se emitió la recomendación 05/2018 en que se reconoció la tortura que Hugo sufrió.
Con esa recomendación buscamos un incidente de reconocimiento de inocencia, por ser una prueba superveniente, pero fue negado. Esto nos hizo llegar a un nuevo juicio de amparo y un nuevo recurso de revisión ante el mismo Tribunal Colegiado que le negó el amparo anteriormente a Hugo. Logré tener una audiencia con la magistrada a cargo del caso y le hice ver cómo ella no había leído los hechos del caso ni analizado las demandas, ya que debido a la carga de trabajo se olvidan que en sus manos tienen la vida de una persona; en realidad, el trabajo lo hacen los abogados proyectistas y ella solo firmaba y aprobaba lo que le llevaban.
Lo importante para mí era que, con esa recomendación, la magistrada reconociera que habían fallado en su impartición de justicia. La magistrada se comprometió a analizar la prueba e incluso retiró el asunto de la lista y después de un mes volvió a ser turnado. El nuevo proyecto de la magistrada fue para amparar a Hugo y trató de convencer a los otros dos magistrados que apoyaran su proyecto, pero no lo logró. Los magistrados le cuestionaron a ella el por qué su cambio de decisión, cuando ella le había negado el amparo en otras ocasiones, además de señalar que el caso incluso ya había sido visto por la SCJN, por lo que no había más por hacer. Finalmente se negó el amparo, pero estoy convencida que la magistrada Lilia Mónica López Benítez sí analizó el caso después de permitirme hablar y se dio cuenta de su grave error al tener a Hugo privado de su libertad.
Nuestra batalla ha continuado, con el apoyo de la CMDPDH presentamos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual continúa pendiente de ser resuelta. También se interpuso una comunicación ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y en enero del 2022 dicho grupo emitió la opinión 67/2021 y determinó la responsabilidad del Estado Mexicano por violar, entre otros, los derechos humanos de Hugo a la libertad personal, debido proceso, presunción de inocencia y pidió al Estado Mexicano liberarlo inmediatamente.
Sin embargo, las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias no son vinculantes para el Estado y en las reuniones con la Secretaría de Gobernación nos han dicho que el gobierno Mexicano estaba en toda la disposición de acatar la opinión, pero que al tener todo agotado y no tener un litigio abierto tendría que ser el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México quien tendría que darle el indulto. Ya hemos iniciado el proceso para ello, e incluso ante la negativa a darle el indulto a Hugo, promovimos un nuevo juicio de amparo; pero a la fecha no tenemos más avances, todo sigue obstaculizado por la burocracia a la que no le importa tener en la cárcel a una persona inocente.
También iniciamos un nuevo reconocimiento de inocencia, con base en la opinión 67/2021 del Grupo de Trabajo, pero nos encontramos con que la magistrada de la Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México la negó sin siquiera iniciar el procedimiento penal, con lo que queda claro la falta de interés en seguir las leyes y respetar los derechos humanos de las personas. Logramos, con un juicio de amparo, que se repusiera el procedimiento y se llevara de acuerdo a la ley, pero se volvió a negar con el argumento de que ya todo era cosa juzgada; actualmente estamos esperando que se admita un nuevo juicio de amparo promovido.
Tal y como lo hice con la magistrada del Tribunal Colegiado, busqué una audiencia con la magistrada del Poder Judicial local que conocería del incidente de reconocimiento de inocencia; para mí era muy importante poder ser atendida y escuchada, para poder expresarle lo que ha sido para nosotros estos 15 años de búsqueda de justicia por culpa de todas las autoridades, tanto de las Procuradurías de Justicia, como de Poder Judicial, al no hacer un trabajo integro, así como hacerle ver que estaba en un grave error al decir que ya era un caso juzgado y que nunca se le ha negado el derecho a la defensa y que ha tenido un debido proceso. Pero ello me fue negado, nunca pude expresarle mis razones.
En mi lucha por demostrar la inocencia de Hugo he intentado también generar presión mediática y así, el 27 de septiembre pasado fui entrevistada por un periodista de la cadena Al Jazeera; dos días después el periodista cuestionó al presidente López Obrador en su conferencia mañanera sobre el caso de Hugo y la opinión del Grupo de Trabajo que pide al Gobierno mexicano su libertad. Aunque el presidente respondió que verificaría por qué no se ha cumplido esta recomendación no hemos tenido ninguna respuesta formal; solamente informaron a Hugo en días pasados que el área de Comunicación Social de Presidencia solicitó toda la información del caso.
Esta parece ser otra estrategia para solo eludir cuestionamientos y realmente no cumplir con las recomendaciones internacionales. Desgraciadamente, ya hemos vivido esto en el pasado. En julio de 2021 el presidente informó que firmaría un decreto donde ordenaría la libertad a toda persona que hubiera sido sometida a tortura comprobada con un dictamen de acuerdo al Protocolo de Estambul.
Un mes después, la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la presidenta de la CDHCDMX informaron en conferencia que ya se contaba una lista de personas, cuya tortura estaba comprobada y que esos casos se encontraban relacionados en las recomendaciones 05, 06 y 09 del 2018; se dijo que todas esas personas serían liberadas en los próximos días; como ya he dicho, la recomendación 05/2018 es en la que se documentó la tortura a Hugo.
Sin embargo, todo fue una ilusión, porque en agosto que se firmó y se publicó un decreto en que se decía no aplicaba para personas sentenciadas por delitos graves entre ellos secuestro, algo irracional ya que la tortura no es usada para obligar a una persona a culparse por haber robado una paleta, sino para auto inculparse en delitos clasificados como graves.
Ante todo esto, hago un llamado URGENTE al Poder Judicial y al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que acepten sus errores en el caso de Hugo Martínez Gorostieta y reconozcan su inocencia y ordene su inmediata libertad. Han sido 15 años que nuestras vidas se han detenido en un burocrático e inoperante sistema, de ver cómo entre autoridades solamente se culpan entre sí, buscando evitar las críticas por su mal actuar.
Detrás de sus criminales errores está Hugo, quien es un padre de familia que se ha perdido ver el crecimiento de su hijo, ha sido apartado de su familia y ha sido sometido a vivir en un ambiente en pésimas condiciones por 5473 días, desde que fue privado de su libertad injustamente.
En todo este tiempo he pasado días donde he derramado lágrimas de tristeza y enojo, pero sé que no debo rendirme porque Hugo me necesita y mi hijo no puede verme caer. Yo soy consciente que soy la voz de Hugo. Ha sido muy cansado porque mi vida cambió; ahora tengo la responsabilidad de mi hogar, mi trabajo y los procesos legales a los que nos tuvimos que enfrentar. Pero mi lucha sigue y no descansaré hasta ver regresar a Hugo a su casa, nuestra casa.