blogeditor · 29 de mayo de 2014
Cuando se aprobó la Ley Seca en 1920, el senador estadounidense Andrew Volstead dijo: “Esta noche, un minuto después de las doce, nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Se cerraron para siempre las puertas del infierno”. La prohibición no logró detener el consumo. Trece años después la Ley Seca fue abrogada y se reguló la venta del alcohol.
Los tres tratados fundamentales que rigen la actual política global de drogas (la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988) son obsoletos y han quedado rebasados por la realidad. La política de drogas está dando un viraje para enfocarse más en la prevención que en la represión.
El año pasado el Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, presentó el “Informe sobre el problema de las drogas en las Américas” que analiza las políticas implementadas para combatir el narcotráfico y los posibles escenarios que se abrirían si no se trata el asunto de manera coordinada.
El informe parte de que todos los países viven el problema de las drogas de manera distinta según sus realidades específicas: los niveles de desarrollo económico, las estructuras institucionales, las prioridades políticas, los patrones de consumo de drogas, los temas de salud y los efectos de la actividad del crimen organizado. La conclusión general es que las políticas implementadas hasta el momento han fracasado y que hay que abordar el problema desde un enfoque múltiple y flexible que permita la unidad ante la diversidad.
Los escenarios que se analizan en el informe son muy variados y van desde fortalecer las capacidades de jueces y policías, hasta probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos, iniciando con el cannabis. El informe sugiere que en el plano de las Convenciones de las Naciones Unidas, las transformaciones surgirán en la medida en la que el actual sistema de control de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se flexibilice y permita que los Estados exploren alternativas en la política sobre drogas.
Recientemente, a casi un año de la presentación del Informe de la OEA, se llevó a cabo la 57va Sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas. En ese marco, Uruguay invitó a los Estados a replantearse la vigencia de la regulación internacional en materia de drogas, ya que pese a que ha demostrado ser ineficaz, ha resultado ser más importante que garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la libertad y a la seguridad en los países que viven conflictos violentos.
La delegación uruguaya insistió en que el debate de las drogas a nivel internacional no puede estar solamente en manos de la Comisión de Estupefacientes, sino que ésta debe abrirse a contribuciones de organismos regionales, de la comunidad científica y académica, de la sociedad civil e incluir a otras agencias de Naciones Unidas que seguramente tendrán mucho que aportar, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La propuesta de Uruguay fue secundada por Guatemala, Ecuador, Colombia y México. Al final lograron un acuerdo importante: la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas revisará la política de drogas para promover un debate amplio, inclusivo, crítico y exigente de cara a la Asamblea General Extraordinaria sobre Drogas en 2016.
Mientras tanto en México, el Congreso tiene pendiente discutir y votar la iniciativa sobre regulación de la cannabis presentada por el PRD en marzo de este año. La opinión pública parece estar abierta a ésta regulación por lo menos en cuanto al uso terapéutico de la mariguana. Hace unos días el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados publicó una encuesta con resultados contrastantes: el 72%de los encuestados consideran que la mariguana no debería legalizarse. Sin embargo, cuando se les pregunta si se debe permitir el uso medicinal o terapéutico de esta sustancia, los resultados se invierten: 73% consideran que sí se debe permitir.
Las “eras” cambian y los debates avanzan. ¿Qué hubiera dicho el Senador Volstead si hubiera sabido que años después y en su honor una marca de cerveza española llevaría su nombre?