Joel Aguirre · 30 de junio de 2026
La semana pasada ocurrió un hecho que probablemente pasará inadvertido para buena parte de la opinión pública. Sin embargo, puede convertirse en uno de esos momentos que, con el tiempo, ayudan a entender hacia dónde estaba cambiando el mundo.
Por primera vez desde que los talibanes retomaron el poder en Afganistán en 2021, una delegación oficial del régimen fue recibida en Bruselas por representantes de la Comisión Europea y de varios Estados miembros. El propósito de la reunión fue discutir mecanismos de cooperación para facilitar el retorno y la readmisión de ciudadanas y ciudadanos afganos cuya permanencia en Europa ha sido rechazada, además de explorar canales de comunicación sobre asuntos consulares y migratorios.
La Comisión Europea fue enfática en aclarar que el encuentro no implicaba el reconocimiento diplomático del régimen talibán. Jurídicamente, tiene razón. Pero en relaciones internacionales existe una diferencia importante entre el reconocimiento jurídico y la legitimación política. Un Estado puede no reconocer formalmente a otro gobierno y, al mismo tiempo, convertirlo en un interlocutor necesario para resolver asuntos estratégicos. La normalización de una relación también se construye mediante la interlocución, la normalización y el establecimiento de canales permanentes de negociación.
¿Europa debía hablar con los talibanes? La diplomacia, por definición, muchas veces obliga a negociar con gobiernos cuyos valores resultan incompatibles con los propios. En este contexto resulta imposible no preguntarse si Europa puso alguna exigencia sobre la mesa para abrir ese diálogo.
Hasta ahora no existe evidencia pública de que la restitución de los derechos de las mujeres y las niñas haya sido planteada como una condición política para avanzar en esa cooperación. La conversación giró, sobre todo, alrededor del control migratorio.
Durante décadas, la Unión Europea construyó buena parte de su identidad internacional alrededor de la defensa de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres y el Estado de derecho. Varios países europeos sostienen una política exterior feminista. Incluso se presentó hace poco la Estrategia de Igualdad de Género 2026-2030. Precisamente por ello, la prueba de una política exterior basada en principios nunca consiste en defenderlos cuando no tienen costo. La verdadera prueba aparece cuando esos principios entran en tensión con intereses estratégicos como la seguridad, la migración, la energía o la estabilidad regional.
Toda política exterior establece prioridades y toda prioridad comunica una jerarquía de valores.
Por ello esta reunión trasciende Afganistán. Lo que revela no es únicamente un cambio en la política migratoria europea, sino una transformación más profunda: el avance de un pragmatismo que comienza a aceptar que ciertos principios pueden desplazarse cuando aparecen objetivos considerados “más urgentes”.
Cada vez que emerge un proyecto autoritario, ultranacionalista o fundamentalista, el lugar de las mujeres cambia. Ocurrió durante el franquismo, bajo el nazismo, con la Revolución Islámica en Irán, en Afganistán bajo los talibanes, durante las guerras de los Balcanes, con ISIS y con otros movimientos extremistas. El cuerpo de las mujeres ha sido sistemáticamente utilizado como campo de batalla, instrumento de control social y símbolo del proyecto político que esos regímenes buscan imponer.
Lo novedoso hoy no es ese patrón. Lo verdaderamente novedoso es que democracias consolidadas empiezan a aceptar que esos mismos derechos pueden quedar subordinados a otras prioridades.
No desaparecen del discurso, simplemente se pasan al final de la lista de prioridades. Ese desplazamiento tiene implicaciones que van mucho más allá de una reunión diplomática.
La guerra contra la democracia no siempre adopta la forma de una invasión militar. También se construye mediante la normalización gradual de aquello que antes resultaba inaceptable. A través del lenguaje, de las prioridades, de los silencios, de la tecnología, de la propaganda y de decisiones que, consideradas aisladamente, parecen menores, pero que terminan modificando los límites de lo aceptable.
Europa insiste en que no reconoció a los talibanes. Probablemente sea cierto desde el punto de vista jurídico. Pero políticamente aceptó sentarse con un régimen que Naciones Unidas ha descrito como responsable de una institucionalización sin precedentes de la discriminación contra las mujeres y las niñas y al que han llamado un apartheid de género. Un régimen que ha prohibido la educación secundaria y universitaria para millones de niñas, restringido prácticamente toda participación femenina en la vida pública y convertido la desigualdad y la violencia contra las mujeres en política de Estado.
No se trata de negar la complejidad del desafío migratorio. Europa enfrenta presiones reales y legítimas para gestionar sus fronteras. Tampoco se trata de sostener que nunca debe dialogar con gobiernos autoritarios. La diplomacia existe precisamente porque el mundo no está compuesto únicamente por democracias liberales ni de regímenes que deciden desde las mismas premisas.
La cuestión es otra. Si Europa considera imprescindible abrir un canal de negociación con los talibanes, ¿por qué los derechos de las mujeres y las niñas no aparecen como una condición política explícita de esa interlocución? ¿Por qué el centro de la conversación es el retorno de personas y no el fin del apartheid de género que precisamente obliga a muchas de ellas a huir?
No sabemos todo lo que se discutió a puerta cerrada. Sí sabemos lo que se comunicó públicamente y también sabemos que los mensajes importan en política internacional.
Si los derechos de las mujeres dejan de ser un requisito para convertirse en un tema paralelo, el mensaje trasciende Afganistán. Habla del tipo de orden internacional que se está consolidando.
Si queremos entender hacia dónde se mueve el mundo, solemos observar los mercados, las alianzas militares, las guerras o las grandes cumbres diplomáticas, pero existe otro indicador que con frecuencia anticipa esos cambios con mayor claridad: el lugar que ocupan los derechos de las mujeres.
Cada vez que un régimen reestructura el poder conviene hacer la misma pregunta: ¿dónde coloca a las mujeres?
Cada vez que una democracia decide negociar con quienes las persiguen, conviene hacerse otra: ¿qué principios está dispuesta a relativizar para hacerlo?
Porque los derechos de las mujeres nunca han sido un asunto sectorial. Son uno de los termómetros más precisos de la calidad democrática de un sistema político y de los límites éticos que está dispuesto a defender cuando hacerlo implica un costo.
Quizá esa sea, en realidad, la noticia que dejó la visita de los talibanes a Bruselas. ♦
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Claudia Calvin es internacionalista, consultora y analista especializada en relaciones internacionales, género, tecnología y longevidad. Es doctora en Ciencias Sociales, fundadora de Mujeres Construyendo y del Movimiento Silverpreneur. Ha trabajado en los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil y participa regularmente en medios de comunicación analizando temas globales, democracia, liderazgo y transformación social.