blogeditor · 2 de septiembre de 2021
Este primero de septiembre de 2021 inició el primer periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Una legislatura que trae consigo una nueva conformación en la Cámara de Diputados y una reconfiguración en parte de los principales órganos de decisión de ambas cámaras.
En el inicio de labores de esta nueva legislatura, el Senado de la República tiene un reto relevante alrededor de trece procesos de designación pendientes de periodos pasados, éstos son: dos personas comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dos personas comisionadas de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), tres personas comisionadas para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), una persona comisionada para la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tres magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), una persona magistrada del Tribunal Superior Agrario (TSA) y la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Por si este universo fuera poco, se suman cinco designaciones más calendarizadas para este periodo ante la culminación de las responsabilidades públicas de José Fernando Franco González Salas como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México (BANXICO),1 de Jorge Antonio Cruz Ramos como consejero del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de Julio Alfonso Santaella Castell como presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), además de la vacante que quedará con la renuncia anticipada de Alejandra Palacios como comisionada de la COFECE.2
Las 18 designaciones pendientes o por efectuarse en los próximos meses del 2021 son esenciales para que estas instituciones públicas funcionen adecuadamente y ejerzan cada una de sus atribuciones y facultades en favor de la protección y defensa de derechos fundamentales de la personas, como el derecho a las tecnologías de la información y la comunicación, el derecho de acceso a la justicia o los derechos de las víctimas; y para asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia en diversos sectores económicos, regular la emisión y circulación de moneda o producir información geográfica y estadística de interés nacional.
Es preciso recordar que la CEAV tiene más de un año sin titular, luego de la renuncia de Mara Gómez en junio de 2020,3 derivando una carga administrativa desproporcionada, rezagos en miles de resoluciones, falta de personal y un estimado de más de 450 amparos emitidos en contra de la institución.4 Situación que ha perjudicado el trabajo de este órgano y le ha limitado brindar una reparación integral a las víctimas; en otras palabras la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y la disposición de una serie de garantías adecuadas para asegurar la no repetición del hecho victimizante.
En este sentido, los retos que tiene la LXV legislatura del Congreso de la Unión en materia de designaciones públicas, especialmente el Senado de la República, van más allá de cumplir con los procesos mencionados como un mero trámite, sino avanzar hacia prácticas más democráticas que construyan confianza ciudadana y legitimidad.
Un primer desafío que tendrá que afrontar es garantizar que estas 18 designaciones públicas se basen en los méritos y capacidades de las personas aspirantes y dejen de formar parte del reparto de cuotas que suele darse entre los partidos políticos, o respondan a la lealtad política o cercanía partidista. El segundo reto consiste en impulsar procesos abiertos y transparentes en todas sus formas y en cada una de sus etapas; de suerte que se informe y se justifiquen cada uno de los actos y decisiones tomadas por las personas responsables de estos procesos, se brinde información completa y se divulgue con oportunidad, incluyendo los resultados de las evaluaciones que se realicen. Por último, está el reto de satisfacer el derecho a la participación en estos procesos de designación.
En la medida que se afronten estos tres retos -transparencia y máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas- en los procesos de designación se asegurará que se elijan a las personas más idóneas para asumir altas responsabilidades públicas y trabajar por el bienestar colectivo. Esperamos que la LXV Legislatura del Congreso de la Unión haga suyos estos retos, con la seriedad y celeridad que merecen.
#SinCuotasNiCuates
#PerfilesIdóneosYa
* Claudia Carrasco es investigadora del Observatorio de Designaciones Públicas. Itzel Checa es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), iniciativa que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación (@FundarMexico).
1 El 21 de julio de este año, la Comisión Permanente recibió la propuesta del Poder Ejecutivo en el que propuso a Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, como gobernador del Banxico, y aunque se programó la comparecencia de Herrera ante la Tercera Comisión para el 19 de agosto pasado, dicha comparecencia fue suspendida de manera indefinida. Disponible aquí.
2 El 26 de agosto de 2021, Alejandra Palacios Prieto anunció -en su cuenta de Twitter- que presentará su renuncia como comisionada a la COFECE este 9 de septiembre, al mismo tiempo que culmina su responsabilidad como presidenta de este órgano regulador. En tanto no se designe a una nueva persona comisionada, la COFECE quedará -por segunda vez- sin el mínimo de personas comisionadas requeridas para ejercer las funciones contempladas en las fracciones II, XVII y XXII del artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica.
3 Mara Gómez Pérez presentó su renuncia -ante el Senado de la República- como comisionada ejecutiva de atención a víctimas el 24 de junio de 2020. Disponible aquí.