Los retos de la justicia cívica

Motivar que las personas recurran a la justicia cívica con el fin de solucionar los problemas más comunes de la convivencia vecinal solo puede basarse con la vinculación entre ciudadanía y la autoridad, especialmente con los juzgados cívicos. Sin embargo, se deben afrontar algunos retos entre los cuales resalta la adopción de medidas que tengan como fin proporcionar servicios eficientes y transparentes para incrementar la confianza hacia esta autoridad porque, aunque la justicia cívica es un mecanismo efectivo de resolución de conflictos al cual podemos acceder y desde el cual se privilegia el diálogo por encima de acciones punitivas, es cierto que aún existe un alto índice de desconfianza y desconocimiento hacia esta autoridad.

En México particularmente, 3 de cada 10 personas aseguran haber tenido al menos un conflicto o enfrentamiento en su vida cotidiana, y en el 75% de los casos la disputa ocurrió con vecinos y vecinas en su comunidad, 1 aunado a que los involucrados no suelten acudir a los juzgados cívicos a presentar una queja y buscar soluciones. Es decir: la gran mayoría de las personas prefiere resolver un conflicto por su propia cuenta, que acudir a un juzgado cívico. Pero este tipo de conductas que alteran la vida de las comunidades también provocan reacciones negativas que muchas veces van desde los insultos, gritos, golpes, daños materiales e incluso (y en el peor de los casos) escalan a responsabilidades penales que pudieron haberse solucionado mediante la justicia cívica.

De acuerdo con los datos que arroja la Encuesta de Cultura de la Legalidad, realizada por México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD) en marzo 2021, en los polígonos San Fernando y San Juan en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, los vecinos identifican entre los conflictos más frecuentes las riñas, las peleas, los ruidos excesivos, fiestas y desacuerdos por el estacionamiento. 2 Pero los datos también reflejan el desinterés por la convivencia, el uso de la violencia en la resolución de conflictos y el incumplimiento de normas básicas, lo cual puede explicar este tipo de conflictividades.

La misma encuesta nos señala cómo en los últimos dos años, 1 de cada 10 personas tuvo algún conflicto con algún vecino o vecina. Y de este grupo de personas, el 30% pidió apoyo a la policía local y tan solo el 9% acudió a un juzgado cívico para buscar una solución al conflicto. Es decir, solo un bajo porcentaje de personas conocen qué es y cómo funciona la justicia cívica, lo que supone para la autoridad, el reto de generar mayor confianza entre la ciudadanía como para que ésta pueda acudir a resolver conflictos.

Estos datos nos muestran también un panorama concreto y singular en el que la mayoría de las personas encuestadas no identifican a los juzgados cívicos como la autoridad encargada de atender, dar seguimiento y sancionar conductas antisociales en favor de la comunidad, ³ ni mucho menos, las reconoce como espacios en los que se promueve el diálogo, la conciliación y la mediación para solucionar los conflictos familiares y comunitarios. De ahí la importancia de resolver este problema con soluciones prácticas de la mano con la ciudadanía. Estos son apenas algunas propuestas que pueden hacer frente a los retos y pendientes de la justicia cívica:

1. Servicios eficientes. Según el Modelo Homologado de Justicia Cívica, los juzgados cívicos tienen entre sus funciones determinar la existencia de faltas administrativas; aplicar la sanción con un enfoque restaurativo en función de la falta y del perfil de la persona infractora; promover y canalizar a instancias que proporcionen Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC); ordenar la evaluación médica y psicosocial a los personas probables infractoras, y canalizar a las personas infractoras para la ejecución de medidas para mejorar la convivencia cotidiana. 4 Para cumplir con dichas funciones, el reto para los juzgados cívicos debe concentrarse en operar los 7 días de la semana, las 24 horas y contar con un servicio público suficiente y competente conformado por personas juzgadoras, personas secretarias, personas policías, personas auxiliares, personas médicas y personas facilitadoras que proporcionen un servicio imparcial y con calidad.
2. Servicios transparentes. Para incrementar la confianza en los juzgados cívicos y dar transparencia al proceso de impartición de justicia cívica, debe contemplarse la publicidad y oralidad de las audiencias que se realizan para determinar la existencia de una falta administrativa e imponer la medida o sanción correspondiente. 5 Frente a este contexto, el reto para los juzgados cívicos se encuentra en temas como la creación de capacidades técnicas en las personas juzgadoras y en materia de infraestructura, es decir, en los esfuerzos por dotar de las herramientas necesarias para salvaguardar la seguridad y dignidad de las personas usuarias, así como en la creación y aplicación de lineamientos para garantizar el debido proceso. 6
3. Justicia cívica más dialogante y menos punitiva. La promoción del uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) debe traducirse en la construcción de soluciones de un conflicto con una visión de largo plazo a través del diálogo, y no hacia la imposición de sanciones como multas conmutables. 7 Así, el reto principal para la justicia cívica es privilegiar la solución de los conflictos que se presenten en las comunidades mediante conciliación de las partes; que el diseño y el cumplimiento de acuerdos tengan como objetivo reconstruir el tejido social; contar con el apoyo de policías locales fortalecidas y con habilidades de proximidad, facilitación y mediación de conflictos, y la priorización del uso de determinaciones de sanciones para prevenir el escalamiento de los conflictos. 8

El conocimiento de la justicia cívica y su correcta aplicación ante situaciones de conflicto es un ejercicio no solo de participación ciudadana, sino de empoderamiento comunitario en el uso de los servicios de los juzgados cívicos. Se trata de entender que los juzgados cívicos son y están para nosotros, las y los ciudadanos, pero también nos supone el reto de conocer qué son y cómo funcionan estas instancias de procuración de justicia. La mejora de la convivencia vecinal y la construcción de comunidades más seguras, justas y en paz, solo podrán lograse una vez que la autoridad cívica supere los retos que enfrenta y como ciudadanía, seamos parte del cambio.

* Alejandra Gasca es directora de Observación de la Autoridad en @MUCD.

 

 

1 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), enero 2022.

2 Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, durante 2021 las y los mexicanos identifican entre las conductas antisociales más frecuentes en los alrededores de su vivienda, consumo de alcohol en la calle, disparos frecuentes, pandillerismo y riñas entre vecinas y vecinos.

³ A través de la amonestación, multa, arresto y recientemente, trabajo a favor de la comunidad.

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México.

5 Ítem.

6 Ítem.

7 Ítem.

8 Ítem.