Los rentistas

Por: Martín Klimek

En la Teoría de la Elección Pública de Gordon Tullock y del Premio Nobel James Buchanan, se ha definido como buscadores de rentas -del inglés rent-seeking– a la situación que se produce cuando un individuo, organización o empresa busca obtener ingresos captando renta económica a través de la manipulación o explotación del entorno político, social o económico, en lugar de obtener beneficios a través de transacciones económicas y producción de riqueza añadida.

Michael Dauderstädt menciona también en su libro “Dead Ends of Transition: Rentier Economies and Protectorates”, que la búsqueda de rentas puede ser iniciada por agentes del gobierno, al solicitar éstos sobornos u otros favores de los individuos o empresas que pueden beneficiarse de tener privilegios económicos especiales, lo que abre la posibilidad a la explotación de los consumidores. La mezcla de ambas definiciones es precisamente lo que sucede en México.

Es un hecho que el Frankestein del Sistema Político Mexicano ha consolidado a estos arribistas del poder como un eslabón indispensable de su propia permanencia, al utilizarlos como grupos de presión y choque contra el enemigo en turno, además de percibirlos como esa fuente inagotable de votos que nutre la permanencia de la anquilosada clase política mexicana que tiene secuestrada a la nación. A veces de lejos, pero casi siempre cerca, operan y apoyan cuando se les necesita. Sin embargo, todo en esta vida tiene un precio, y sí que lo han sabido cobrar muy bien.

Sin embargo, en México se da una particularidad que en otros países no se presenta. Los buscadores de renta, más que funcionar como grupos antagónicos del estado, al que coercionan con la finalidad antes mencionada, son hijos bastardos del propio gobierno en turno; embriones deformes de un corporativismo que durante mucho tiempo los arropó en su cálido útero, pero que después, y con el cambio del modelo económico hacia un enfoque neoliberal, los dejó momentáneamente en la orfandad. Pero estaban equivocados, no sería tan fácil abandonarlos ni prescindir de ellos.

En un principio y con el desmantelamiento del “aparato de cooptación- bienestar” creado por el PRI, los rentistas quedaron desamparados. En esa dinámica, el siglo XXI comenzó con un gobierno de oposición al PRI que inmediatamente se percató de la potencial utilidad de los rent-seeking, al carecer de una base social y sindical amplia. Por ende el Partido Acción Nacional (PAN) se acercó y comenzó a negociar con algunos de sus miembros históricos más notables; más adelante comprobarían que esa maniobra política fue un craso error. Habían despertado al monstruo y éste necesitaba alimentarse.

En esa dinámica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) con sus secciones más combativas, el Barzón, los 400 pueblos, Antorcha Campesina, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el Sindicato Mexicano de Trabajadores Electricistas (SME), el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y distintas organizaciones campesinas como la CCI (Central campesina Independiente) entre otras de carácter radical, comenzaron su acercamiento-presión-negociación con los regímenes de Fox y Calderón.

Los panistas rápidamente aprendieron que la única posibilidad de pararlos a cambio de obtener su “apoyo” era otorgándole inmensas cantidades de dinero. A cambio, una frágil paz que podía desmoronarse en cualquier momento… y nada más.

En la mayor parte de las veces, el gobierno cedió y los convirtieron en aliados efímeros a cambio de prebendas –habrá que recordar el ascenso meteórico de Elba Esther Gordillo y su sindicato durante el régimen de Calderón, con yernos suyos presidiendo la lotería nacional- o los cientos de millones de pesos ocultos en la opacidad que el Palacio de Cobián en Bucareli le ha otorgado a la CNTE para que dejen de tomar carreteras, paralizar ciudades y destruir el comercio.

Sólo bastaría recordar el plantón que la CNTE llevó a cabo junto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y su líder Flavio Ruíz en mayo de 2006, que quebró y asfixió a la ciudad durante más de un año , o más recientemente, el conflicto magisterial entre la CNTE y el gobierno de Peña por la puesta en marcha de la nueva Reforma Educativa, y que entre el 2013 y el 2016 ocasionaron decenas de muertos y pérdidas económicas por más de 115 mil millones de pesos a los ciudadanos de este país.

El único intento –inacabado por cierto – de desintegrar a uno de estos grupos fue la disolución de Luz y Fuerza del Centro el 9 de octubre de 2009. Sin embargo, el SME ha seguido mostrando su músculo con el gobierno priista de Peña Nieto, al seguir manifestándose de manera ininterrumpida desde esa fecha, pidiendo la devolución de sus antiguas prerrogativas. Como ejemplo, su última manifestación, colapsó durante dos meses – junio y julio de 2017- el comercio de más de 287 negocios en las inmediaciones de esa dependencia en la zona de Bucareli. Los números son de terror: pérdidas por más de 1600 millones de pesos, 57 negocios cerrados y ventas disminuidas en un 80% en lo que va del año.

Es este precisamente el punto toral del presente ensayo: los derechos de los rentistas se han convertido en supra derechos, por encima de todos los que conformamos el grueso de los ciudadanos de a pie de este país. Esto, debido a un gobierno que solapa de manera cobarde esas violaciones constantes, producto de su propia ineficacia y complicidad. El Estado a fin de cuentas no paga ningún tipo de consecuencia, sino que traslada estas externalidades negativas al pueblo, que es quien paga los platos rotos.

Es una ecuación perfecta para estos dos actores coludidos: el gobierno cobra impuestos y los reparte entre sus rentistas cómplices, que a su vez afectan los derechos de los ciudadanos -que son los que pagan sus prebendas- no de los gobernantes. Solapar entonces el rentismo es una prueba más de la debilidad institucional y de la justicia parcial que existe en nuestro país.  

Max Weber decía que el estado tiene el derecho de ejercer la fuerza en contra de sus gobernados. Sin embargo yo agregaría, siempre que tenga la legitimidad para poderlo hacer. Un gobierno “ilegitimo” (corrupto, débil, poco eficiente y eficaz en sus políticas públicas) no puede ejercer la fuerza porque “tiene cola que le pisen”.

Nos encontramos inmersos en un juego perverso: demandas ilegítimas que son canalizadas mediante la presión y el uso de la fuerza a un gobierno ilegítimo, que a su vez, las subsana con el uso corrupto del dinero.

Los rentistas no persiguen ningún tipo de lucha ideológica o de cambio social profundo, sino la búsqueda del recurso económico que les permita seguir ejerciendo su vida parasitaria a costa del estado mexicano y sus gobernados, que pagamos con nuestro dinero su existencia.

Al final, el culpable de esta situación somos nosotros mismos que hemos permitido que el gobierno no haga lo que debe de hacer, que es proteger nuestros intereses. Simplemente no hemos defendido bajo ninguna vía – por ejemplo una acción colectiva o demanda en contra de los funcionarios públicos que permiten estos atropellos – que se termine esta impunidad, con el consecuente secuestro de nuestros espacios públicos y la afectación de de nuestros intereses económicos. Hemos sido profundamente pasivos y pagamos las consecuencias de manera permanente.

Es indudable que este es un tema de causa-efecto que no es fortuito. Estos grupos han surgido por la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades que existen en México para amplios segmentos de la población. Sin embargo, el rentismo es una muestra fehaciente de un paternalismo depauperado que se niega a morir. Lo fácil es darle migajas a estos grupos a costa de mantenerlos “tranquilos”. Lo difícil, cambiar el paradigma económico, social y político; hacer una purga en el sistema de justicia, crear políticas públicas eficientes y terminar con la corrupción e impunidad rampante con la que todos chapoteamos hasta el cuello, día a día.

 

* Martín Klimek es egresado de Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana y tiene una amplia experiencia en la implementación de estrategias de negociación y comunicación, así como en manejo de crisis.