Los problemas del Censo del Bienestar

El Censo de Bienestar fue una estrategia del gobierno federal para verificar la información de las personas beneficiarias de los principales programas sociales vigentes en 2018, así como para identificar a las y los beneficiarios potenciales de algunos de los programas sociales más importantes de esta administración. En teoría, esta estrategia permitiría corregir los errores del pasado y mejorar la entrega de bienes y servicios para la gente, pero nada de esto pasó.

Como fue revelado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Censo del Bienestar tuvo diversas irregularidades en el número de cifras de personas encuestadas y duplicidades en los registros de CURP, además de limitaciones y deficiencias en su diseño e implementación para contar con la información completa de la población.

Para darnos una idea de las fallas de esta estrategia, la ASF detectó que, por un lado, el diseño del Censo del Bienestar no se realizó de manera adecuada, lo que derivó en un levantamiento de información con tintes dudosos. Asimismo, evidenció la falta de acreditación y capacitación de las personas encargadas de realizar el Censo.

Por otro lado, la Secretaría de Bienestar no llevó a cabo las medidas, procedimientos y estrategias necesarias para una rendición de cuentas apropiada sobre los recursos ejercidos en el levantamiento del Censo que contribuyeran en la integración de los padrones de los programas de desarrollo social. Además de anomalías en el gasto del Programa presupuestario P002 “Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social” para alcanzar los objetivos previstos del Censo.

Estos y otros problemas precisan repararse cuanto antes. La Secretaría de Bienestar debe atender las recomendaciones de la ASF a cabalidad para mejorar y optimizar el Censo y que pueda ser replicado en los años siguientes. Si esto no ocurre, el Censo del Bienestar difícilmente logrará que los recursos públicos sean utilizados para garantizar los derechos humanos.

Los programas sociales son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población, así como para reducir las desigualdades y la pobreza de los sectores más vulnerables, sobre todo en educación, salud y protección social. Para 2021, el presupuesto que se destinará a programas sociales solamente incrementó en un 0.8%. Si la estrategia del Censo del Bienestar no cambia en lo absoluto, estos recursos, además de ser insuficientes para enfrentar esta crisis, corren el riesgo de gastarse discrecionalmente.

* Paulina Castaño es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.