Redacción Animal Político · 12 de marzo de 2026
Por Adrián Marcelo Herrera Navarro
Irán carece de las capacidades militares convencionales necesarias para sostener una guerra directa y prolongada contra Estados Unidos, cuya superioridad tecnológica, aérea y naval es ampliamente reconocida. Por esta razón, la estrategia iraní se ha basado en el uso de tácticas de guerra asimétrica, que incluyen ataques con misiles y drones, el uso de fuerzas proxy y la presión sobre infraestructuras energéticas de los países aliados de Washington en la región. Este tipo de estrategia busca elevar los costos del conflicto para Estados Unidos y sus aliados sin entrar en una confrontación convencional directa.
En este contexto, algunos de los países más afectados por la guerra han sido los Estados del Golfo Pérsico. El conflicto ha producido efectos inmediatos y tangibles; sobre todo, en los pilares que sostienen la estabilidad de estos países. Por un lado, la producción de hidrocarburos, así como la viabilidad contractual de las exportaciones petroleras y gasíferas; por otro, tenemos sus efectos en el andamiaje de defensa, en donde ya vemos las tensiones que surgen a partir de un diseño de la infraestructura de seguridad y defensa que supedita a los Estados del Golfo con las capacidades de defensa de Washington y que cuyas limitantes pone en riesgo la infraestructura critica de dichos países.
Una de los grandes consecuencias de este conflicto, claro, más allá del coste humanitario, se ha manifestado en el sistema energético regional. La escalada militar ha incrementado drásticamente el riesgo operativo en torno al Golfo Pérsico. En particular, tras los ataques a la infraestructura energética y el anuncio de la Guardia Revolucionaria iraní sobre las limitaciones al tránsito por el Estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial y una proporción significativa del gas natural licuado global. En este contexto, varios productores regionales han enfrentado interrupciones logísticas, amenazas a su infraestructura energética y restricciones en el tráfico marítimo que han afectado directamente su capacidad de producción y exportación de hidrocarburos.
Iraq se ha convertido en uno de los casos más vulnerables. La mayor parte de sus exportaciones petroleras depende de las terminales marítimas del sur, particularmente el complejo portuario de Basora. La reducción del tráfico de petroleros y la saturación de la capacidad de almacenamiento han obligado a las autoridades energéticas iraquíes a reducir la extracción de crudo hasta en un 70% para evitar un colapso logístico del sistema. Dado que el petróleo representa la mayor parte de los ingresos públicos del país, cualquier interrupción prolongada en las exportaciones tiene consecuencias fiscales inmediatas para el Estado iraquí.
Kuwait enfrenta una situación similar debido a su dependencia casi absoluta de las rutas marítimas del Golfo para colocar su producción petrolera en los mercados internacionales. Debido a esto, la empresa estatal Kuwait Petroleum Corporation (KPC) anunció una reducción preventiva en la producción de petróleo y en las operaciones de refinación, después de que los ataques en la región prácticamente paralizaran el tráfico de buques petroleros en el Golfo. Al mismo tiempo, KPC notificó a sus clientes la declaración de force majeure en algunos contratos de exportación, argumentando que la situación hacían imposible garantizar el transporte hidrocarburos desde Kuwait.
Por su parte, Arabia Saudita dispone de mayores márgenes de maniobra gracias a su infraestructura energética diversificada, particularmente el oleoducto East-West que conecta los campos petroleros con el puerto de Yanbu en el Mar Rojo. Esta infraestructura permite desviar parte del flujo de crudo fuera del Golfo, reduciendo la dependencia del Estrecho de Hormuz. Sin embargo, la capacidad de este sistema es limitada y no puede compensar completamente una interrupción prolongada del tráfico marítimo regional.
A la par, los ataques contra la infraestructura de la refinería de Ras Tanura, uno de los principales centros de almacenamiento y exportación de crudo de Arabia Saudita operado por Saudi Aramco, provocaron interrupciones temporales en las operaciones petroleras saudíes. Debido a que Ras Tanura es el mayor terminal de exportación petrolera del mundo, cualquier amenaza contra sus instalaciones genera efectos inmediatos en los mercados energéticos internacionales al aumentar el riesgo percibido sobre la continuidad del suministro global de crudo.
En el caso de Qatar, el impacto se concentra principalmente en el sector del gas natural licuado. El país es el mayor exportador mundial de gas y su infraestructura se encuentra altamente concentrada en el complejo industrial de Ras Laffan y de Mesaieed. Debido a los ataques y las amenazas a estas instalaciones Qatar Energy ha suspendido operaciones y ha activado las cláusulas de force majeure en sus contratos de entrega, por lo que ha habido efectos inmediatos en el suministro y precios globales de gas, particularmente en Asia y Europa.
De igual forma en el caso de Bahréin, el bombardeo iraní contra las refinerías en Al-Ma’ameer y Sitra, una zona clave para la infraestructura energética e industrial de Bahréin, obligó a la Bahrein Petroleum Company (BAPCO) suspender temporalmente algunas operaciones y a elevar el nivel de alerta en la refinería de Sitra. Debido a esto, al igual que otros países de la región declaró que activaría las cláusulas de force majeure en sus contratos.
Para los Emiratos Árabes Unidos la situación ha sido relativamente más estable que en otros productores del Golfo, debido a la existencia de infraestructura que permite evitar parcialmente el Estrecho de Hormuz como el oleoducto Habshan-Fujairah, que conecta los campos petroleros de Abu Dhabi con el puerto de Fujairah en el Golfo de Omán, permitiendo exportaciones sin pasar por el estrecho. Sin embargo, la escalada del conflicto, la dificultad de exportar y los ataques iranies contra la infraestructura petrolera han hecho que se reduzca la producción petrolera emiratí.
La presión sobre la infraestructura energética ha llevado a empresas estatales del Golfo a activar cláusulas de force majeure en contratos de suministro, suspendiendo obligaciones de entrega por la imposibilidad de exportar. Esto reduce ingresos clave para estos Estados y, al mismo tiempo, genera incertidumbre en los mercados, disminuye la oferta disponible y presiona al alza los precios internacionales del petróleo.
El segundo eje en el que ha impactado este conflicto se encuentra en el ámbito de la seguridad regional. La guerra ha puesto bajo presión la arquitectura de defensa que vincula a los Estados del Golfo con Estados Unidos. Durante décadas, la seguridad de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin ha dependido en gran medida del paraguas militar estadounidense, que incluye bases permanentes, cooperación en inteligencia y el despliegue de sistemas avanzados de defensa antiaérea y antimisiles. Sin embargo, la dinámica actual del conflicto ha revelado vulnerabilidades importantes, y generado tensiones, particularmente frente al uso intensivo de drones armados y misiles de precisión por parte de Irán y los límites de suministro de sistemas de defensa antiaéreo por parte de Estados Unidos.
Los ataques contra infraestructura energética y militar en el Golfo por parte de Irán han desgastado las capacidades de los sistemas avanzados de defensa aérea. Particularmente debido a que la disponibilidad de sistemas de defensa antiaérea adicionales es limitada. Sobre todo, porque Estados Unidos enfrenta restricciones industriales para producir y desplegar rápidamente nuevos sistemas.
De esta forma, una de las principales preocupaciones de seguridad para los países del Golfo se relaciona con su capacidad limitada para continuar interceptando de forma sostenida ataques con misiles y drones. Sobre todo, porque el desgaste potencial de las reservas de estos sistemas defensivos aumenta la exposición de infraestructuras críticas de estos países.
En este contexto, una de las vulnerabilidades más grandes, más allá de los riesgos para la infraestructura petrolera, sería un ataque contra sus plantas de desalinización y su infraestructura de agua potable. Gran parte de los Estados del Golfo depende casi completamente de la desalinización de agua de mar para abastecer a sus poblaciones. Las instalaciones ubicadas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin producen la mayor parte del agua potable consumida en estos países, lo que convierte a estas plantas en infraestructura estratégica altamente vulnerable. Por lo que un ataque contra estas instalaciones podría generar una crisis humanitaria severa, paralizando servicios básicos, afectando la actividad económica y comprometiendo la estabilidad interna de estos Estados. En este sentido, el riesgo de ataques en contra de la infraestructura hídrica se ha convertido en uno de los riesgos existenciales más sensibles para estos países; sobre todo, a partir de la posibilidad de que esta infraestructura se vuelva un blanco cada vez más común tras los ataques en contra de la planta desalinizadora de la isla de Qeshm en el sureste de Irán y el subsecuente ataque iraní contra la infraestructura hídrica de Bahréin.
Esta situación ha generado inquietud entre los Estados del Golfo, porque la seguridad de estos países esta intrínsecamente relacionada a la solidez de las garantías de seguridad estadounidenses. Aunque Washington continúa siendo el principal proveedor de defensa de la región, algunos gobiernos han comenzado a considerar la diversificación de proveedores y el fortalecimiento de capacidades defensivas autónomas. En términos estratégicos, esta tendencia podría transformar gradualmente el equilibrio de seguridad regional, reduciendo el grado de dependencia estructural respecto a Estados Unidos como ya lo hizo Arabia Saudita al acercarse a Pakistán tras el bombardeo israelí a Qatar el año pasado.
La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán está generando una presión significativa no solo sobre los países del Golfo, sino también sobre los pilares que sostienen el orden regional como la estabilidad del sistema energético y la arquitectura de seguridad liderada por Estados Unidos. Los efectos de esta guerra probablemente continuarán profundizándose, sobre todo si continua por más tiempo; especialmente tras la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo Líder Supremo de Irán, quien forma parte de la facción más radical y conservadora del régimen, lo que apunta hacia la posibilidad de una mayor radicalización y agresividad por parte de Teherán.