Los nuevos señores feudales de Honduras
Joel Aguirre · 10 de septiembre de 2026
Inicio tomando las palabras de Memzy Arts, artista digital y una de las principales voces de denuncia de la comunidad garífuna: “Como hijo de la primera comunidad garífuna me pronuncio en contra de la destrucción. No podemos permitir que por ambición y avaricia se vendan nuestros territorios ancestrales al mejor postor”.
Las comunidades garífunas, en la costa caribeña de Honduras, resisten. Cada día se enfrentan a una continua embestida de violencias que van desde la desatención estatal hasta el hostigamiento de empresarios tanto locales como extranjeros que buscan despojarlos de sus territorios.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) instaló, el 11 de agosto de 2026, el Campamento “Por la vida del pueblo garífuna” frente a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo el cese de la criminalización de los defensores de su pueblo.
La protesta surgió tras el violento desalojo en San Juan, Tela, en el departamento de Atlántida, donde cinco miembros de la comunidad fueron detenidos por defender su territorio ancestral, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por un lado, el Estado se comprometió a respetar los territorios indígenas y tribales, por otro, más de 200 policías tomaron esa comunidad el 27 de junio de 2026. En el operativo fueron capturados varios jóvenes, entre ellos, Deinor Mejía, presidente del Comité Defensa de Tierra de San Juan.
Los activistas fueron enviados arbitrariamente a juzgados de crimen organizado donde serán “juzgados” siguiendo la actual tendencia en América Latina de criminalizar la protesta y poner la etiqueta de “crimen organizado”, lo que constituye un Estado de Excepción velado.
La OFRANEH denuncia que el Estado sigue haciendo oídos sordos de la sentencia de la CIDH de 2023, la cual determinó la violación de derechos relacionados con la protección de su territorio ancestral, la propiedad colectiva y otras garantías fundamentales.
La comunidad exige la libertad de los cinco jóvenes y el respeto a las sentencias internacionales.
Entre las ZEDE y la Ley de Agroindustriales
Asimismo, los habitantes de Punta Gorda, Roatán, han denunciado el ingreso de maquinaria el 27 de junio de 2026. Temen una intrusión a su territorio, la destrucción de fuentes de agua y fauna en la zona. La preocupación no es para menos, pues esta invasión ocurre en la misma isla donde opera y se expande el proyecto de la Próspera-ZEDE.
Recordemos que Próspera es una ciudad privada fundada en 2017; cuenta con autonomía fiscal, tribunales propios y un entorno de “innovación”. Por ello no obedece las leyes del Estado hondureño.
Este proyecto urbanístico nace gracias a la figura de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); se instaló en 2013 como un “proceso de modernización” impulsado por el entonces presidente, Porfirio Lobo. Las ZEDE fueron derogadas en 2022 y declaradas inconstitucionales en 2024 por la Corte Suprema de Honduras. Pero sigue funcionando y expandiéndose.
Como respuesta a la derogatoria de las ZEDE, los inversores de Próspera mantienen una demanda en organismos internacionales contra el Estado hondureño por más de 1,600 millones de dólares, lo que es equivalente al 4.17 % del PIB del país centroamericano. Monto que tendría que pagar si se desmantela el mencionado proyecto.
Las comunidades garífunas también exigen la anulación de la Ley de Agroindustriales promovida por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano. La ley, aprobada el 4 de junio de 2026, tiene como propósito blindar jurídicamente las actividades productivas consideradas “estratégicas para la economía nacional”.
El objetivo es proteger la propiedad privada y “fortalecer” la inversión. Esta ley otorga seguridad legal en las propiedades destinadas a la producción agroindustrial, agrícola, ganadera, energética y turística. Finaliza con un irónico “para contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico en zonas rurales”.
La Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras presentó una solicitud de juicio político contra el presidente del Congreso Nacional. La denuncia, respaldada por más de 14,000 firmas ciudadanas, se fundamenta en la causal de “actuaciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional”, establecida en la Ley Especial de Juicio Político.
Los manifestantes, encabezados por la OFRANEH y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), exigen que los responsables de la aprobación de esta normativa respondan políticamente. Denuncian la instauración de lo que Yanis Varoufakis ha denominado tecno-feudalismo, el cual pretende sustituir el capitalismo al que estamos acostumbrados por un modelo que fomenta el despojo, criminaliza a los defensores del territorio y prioriza intereses privados sobre los derechos colectivos.
De feudos medievales-monárquicos a ciudades privadas en el siglo XXI
El feudalismo es una forma de organización social que se desarrolló en la Edad Media. Surgió en Europa cuando la autoridad central del Imperio Romano colapsó y la población buscó protección en reyes y nobles locales. El feudalismo se caracterizó por la centralización del poder, donde los señores feudales ejercían autoridad sobre sus territorios (feudos) y mantenían relaciones de vasallaje con sus subordinados: los siervos.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver el feudalismo que nació en Europa con la ciudad privada Próspera en Honduras?
Existe actualmente un movimiento, de los llamados neorreaccionarios o tecnofeudalistas, el cual pretende multiplicar las ciudades privadas en diferentes lugares de América Latina. Lo que buscan es establecer gobernanzas jerárquicas siguiendo reglas tecnocráticas y manteniendo la estabilidad del poder de manera dictatorial, donde el autócrata que dirige estas ciudades privadas será un CEO no electo.
Para comprender mucho más este proceso, es relevante conocer los eventos más recientes en Bolivia, que salieron a la luz con el escándalo de Fernando Cerimedo, detenido en ese país por el intento de feminicidio de su pareja embarazada. Cerimedo es un operador de redes sociales y manipulación política a través de granjas de trolls que usa la estrategia de Steve Bannon, la cual busca “llenar de mierda” las redes.
El trabajo de Cerimedo, y otros, ha llevado al poder a varios presidentes de la región: Paz en Bolivia, Milei en Argentina, Kast en Chile, De la Espriella en Colombia, Bukele en El Salvador, Keiko en Perú y, por supuesto, el actual mandatario de Honduras, Nasry Asfura.
Curiosamente, muchos de estos presidentes forman parte del llamado Escudo de las Américas, auspiciado por el actual presidente de Estados Unidos, quien es muy cercano a la élite tecnocrática actual.
Todo apunta a que Nasry Asfura no hará nada en defensa de las comunidades garífunas en el Caribe hondureño, ya que él es servidor del proyecto de estas despiadadas élites.
Por ello, América Latina debe poner mucha atención al grito de auxilio de las comunidades que luchan por la defensa de sus territorios. Porque lo que hoy pasa en Honduras mañana podría pasar en tu país.♦