Los nuevos árbitros electorales para el 2018

Por: Francisco Antonio Rojas Choza (@rojaschoza)

En México, el año 2017 tendrá múltiples sucesos en materia electoral en los cuales los ojos de la opinión pública y de la sociedad civil estarán muy atentos, además de los comicios locales que se celebrarán el cuatro de junio y del inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018. En abril de este año el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá una renovación parcial de sus integrantes; el fin del periodo por el que fueron designados la consejera Beatriz Galindo Centeno y los consejeros Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo, traerá un nuevo episodio de designaciones públicas.

La designación de consejeros electorales en México es un acto de gran relevancia, principalmente por la forma en la que el país ha transitado a la democracia. Desde la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) con la designación de consejeros magistrados, luego consejeros ciudadanos, hasta la actual figura del consejero electoral, se ha desarrollado un modelo que busca no sólo la autonomía e independencia de quienes ostentan dichos encargos, sino también su profesionalismo.

Luego de la reforma político electoral de 2014, con la creación del INE, se modificó el número de integrantes del Consejo General, pasando de nueve a once –uno de ellos su presidente-. En esa misma reforma se establecieron en el texto constitucional los aspectos generales para la conducción de los procedimientos de designación de los consejeros electorales a realizarse por la Cámara de Diputados.

De manera inédita, en 2014 la Cámara de Diputados al designar a los actuales integrantes del Consejo General del INE contó con elementos que son fundamentales para la realización de designaciones públicas y que dieron respuesta a demandas surgidas desde la sociedad civil acerca de anteriores procedimientos, los cuales en más de una ocasión se caracterizaron por su opacidad[2], afectando directamente la legitimidad de origen que es necesaria en cualquier organismo electoral, sea administrativo o jurisdiccional.

La principal virtud del procedimiento de designación actual es la conformación de un Comité Técnico de Evaluación integrado de manera colegiada por siete personajes de reconocido prestigio. Dos de ellos seleccionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos -hoy INAI- y tres por la Junta de Coordinación Política de la Cámara, lo cual ha disminuido las posibilidades de que las distintas etapas fueran desahogadas a través de mecanismos políticos y no de mérito personal y profesional de los aspirantes. Sin embargo, la etapa final, al desarrollarse por un órgano político como la Cámara de Diputados, opera a través del sistema de cuotas, donde las principales fuerzas políticas impulsan a los perfiles designados como consejeros electorales, por lo que el Comité solo garantiza que los aspirantes mejor evaluados accedan a la instancia final.

Tabla 1. Integración del Consejo General del INE (2014).

Consejero	Cargo Duración	Partido Impulsor
Lorenzo Córdova Vianello*	Presidente 9	PRI – PAN – PRD
Adriana Margarita Favela	9	PRI
Marco Antonio Baños*	6	PRI
Enrique Andrade González	6	PRI
Beatriz Eugenia Galindo Centeno**	3	PRI
José Roberto Ruiz Saldaña	9	PAN
Benito Nacif Hernández*	6	PAN
Arturo Sánchez Gutiérrez**	3	PAN
Ciro Murayama Rendón	6	PRD
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles	6	PRD
Javier Santiago Castillo**	3	PRD

*Eran consejeros electorales del IFE al momento de su designación.
**Finalizan su periodo en 2017.
Fuente: Elaboración propia con base en (Becerra, 2016).

La garantía ofrecida por el Comité depende necesariamente de su correcta integración, para que sus miembros sean evaluadores imparciales que se limiten a verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de los aspirantes, así como a realizar las evaluaciones objetivas de los perfiles que se inscriban a la convocatoria pública, y a partir de ahí, reducir el listado hasta lograr la conformación del grupo de cinco personas por cada una de las vacantes. En 2017, el Comité deberá conformar un listado de quince personas, para que finalmente la Junta de Coordinación Política emita una propuesta que deberá ponerse a consideración del Pleno de la Cámara; es decir, de los acuerdos de las principales fuerzas políticas expresados en el voto de al menos las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.

A diferencia de procedimientos previos a la reforma de 2014, donde la imposibilidad de la Cámara para lograr acuerdos detuvo la designación de consejeros electorales, actualmente dicho supuesto derivaría en un procedimiento de insaculación en el Pleno de la Cámara o en su lugar, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No obstante lo anterior, para este proceso fundamental en la vida política del país existe el riesgo de que no se emita en tiempo la convocatoria pública por parte de la Cámara, más aún considerando la complejidad del procedimiento de designación y la proximidad del fin del período para el que fueron designados los consejeros salientes. Ante tal circunstancia, a partir de abril el INE operaría con tan solo ocho de sus once consejeros electorales, lo cual tendría el potencial de paralizar en cierta medida a su máximo órgano de dirección, pues decisiones como la designación de los directores ejecutivos y de las unidades técnicas del INE, así como la designación y remoción de consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), y la facultad de asunción, atracción o delegación y la integración de la Comisión de Vinculación con los OPLE, deben ser aprobados con al menos ocho votos de los consejeros electorales.

Para 2017, la Cámara de Diputados tendrá un reto importante para seleccionar a los tres próximos integrantes del Consejo General del INE. Se espera la emisión en tiempo de una convocatoria pública que incluya la conformación de un nuevo Comité que garantice a los participantes, a los actores políticos y a la sociedad en general, un procedimiento justo y transparente. Asimismo, la convocatoria deberá expresar claramente las distintas etapas que conformarán al procedimiento y que servirán como medidas de evaluación que garanticen que los mejores perfiles accedan a la etapa final.

A partir de ahí, un importante y responsable avance por parte de la Cámara de Diputados sería que la decisión final se encuentre plenamente justificada en razones objetivas que permitan identificar –en un ejercicio de rendición de cuentas- las razones por las cuales se designó a un candidato, en lugar de otro. Deuda pendiente en los procedimientos que anteceden al próximo y de suma importancia de cara al Proceso Electoral Federal 2017 – 2018.

 

* Francisco Antonio Rojas Choza es Coordinador del Observatorio Electoral de Strategia Electoral.

 

Fuentes consultadas:

Becerra, P., (2016) El Instituto Nacional Electoral y los OPLEs. Balance del Proceso Electoral de 2015. Ponencia para el Cuarto Congreso Internacional de Ciencia Política. Monterrey.

Diario Oficial de la Federación, (2014, 10 de febrero), Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política- electoral.

Diario Oficial de la Federación, (2014, 23 de mayo), Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

 

[1] En 1996 se dotó de autonomía al Consejo General del IFE al retirarse su presidencia al secretario de Gobernación, a partir de ese momento se realizaron tres procedimientos de designación de consejeros previo a la creación del INE. El más cuestionado de ellos sin lugar a duda fue el de 2003, cuando no existió consenso entre las tres principales fuerzas políticas en la designación, que finalmente sería avalada por dos de ellas, lo cual afectó seriamente la legitimidad de origen de la institución.