Los narcos y la clase política

Por: Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval)

Una organización criminal que no cuenta con la complicidad del aparato político difícilmente puede llegar a consolidarse. Los grupos criminales de todo el mundo destinan grandes cantidades de dinero y utilizan la violencia para convencer tanto a políticos como a funcionarios públicos de proteger sus intereses, por ello no se puede pensar en una estrategia integral de combate al crimen organizado que no contemple la detección y desarticulación de las redes de protección política que sirven a las organizaciones criminales de nuestro país.

Son varios los países que han hecho importantes avances en la materia; por ejemplo, las autoridades italianas han destituido en 258 ocasiones a los gobiernos de los municipios que han sido infiltrados por la mafia en lo que va de 1991 a la fecha. Además, han procesado y encarcelado a un número importante de figuras políticas como es el caso de la mano derecha de Silvio Berlusconi, el Senador Marcello Dell Utri; el Senador y ex Alcalde de Agriento, Colagero Sodano; el Diputado y ex Viceministro de Economía, Nicola Consentino; el ex Ministro del Interior, Nicola Manciono, o el Senador Denis Verdini. Otro país que presenta avances en la materia es Colombia, en donde los últimos ocho años se han encarcelado a 31 Senadores, 29 Congresistas, 3 Gobernadores, 10 Alcaldes y 23 Concejales, todos ellos por mantener vínculos ilegales con diversos grupos criminales.

[contextly_sidebar id=”4425bce0730045fb56e92e49e5c03f43″]Es cierto que ni Italia ni Colombia han podido erradicar en su totalidad la infiltración del crimen organizado en la política, pero al menos han dado los primeros pasos en dicha ruta, mientras que en México es un tema que se ha desatendido por completo. El número de políticos de alto nivel que actualmente se encuentran en la cárcel debido a su relación con el crimen organizado es verdaderamente irrisorio; sólo tenemos a Mario Villanueva, ex Gobernador de Quintana Roo, y a Rogaciano Alba, ex Alcalde de Petatlán Guerrero.

Lo más grave es que la mayor parte de los funcionarios que se ven implicados en actividades ilegales terminan saliendo al poco tiempo de la cárcel, como en el caso del entonces alcalde de Chinameca, Veracruz, Martín Padua Zúñiga, quien fue detenido en compañía de varios miembros del crimen organizado y apenas dos años después de su detención es liberado por falta de pruebas en su contra. Es claro que algo estamos haciendo mal en la materia, por tal motivo es válido preguntarnos ¿por qué siendo México uno de los países con mayores problemas en materia de seguridad púbica ha procesado a tan pocos políticos por sus vínculos con el crimen organizado?

No resulta sencillo responder a dicha interrogante, ya que no se han realizado estudios serios al respecto, pero al menos hay cinco hipótesis que ofrecen una posible respuesta a la pregunta:

1. La legislación actual tiene tantas lagunas y áreas grises que resulta complicado perseguir y procesar a los políticos que han incurrido en este tipo de conductas.
2. No se han desarrollado las capacidades técnicas para investigar este tipo de conductas. Esto quiere decir que el problema no se encuentra en la legislación actual, sino en la falta de pericia a la hora de construir los casos tanto de los funcionarios que trabajan en las procuradurías como de los elementos que forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
3. También puede deberse a un tema de recursos escasos. Esto quiere decir que debido a que las fuerzas de seguridad del Estado no se dan abasto con todos los frentes en los que tienen que intervenir; han tenido que dejar algunos temas en la congeladora, entre ellos la desarticulación de la red de protección política de los cárteles de la droga.
4. Una cuarta explicación se desprende de la naturaleza de las actividades de los grupos criminales que operan en nuestro país, ya que para ellos puede ser más útil corromper al personal operativo que a los líderes de una organización. A un jefe de plaza de una organización criminal le interesa más contar con la complicidad de un jefe policial y de sus subordinados, que con la del diputado que representa a dicho distrito, por lo tanto es lógico que la mayor parte de los funcionarios que han sido sentenciados y encarcelados por sus vínculos con el crimen organizado sean ex agentes de policía. Aunque no se puede negar que también tienen razones para buscar a corromper a funcionarios de alto nivel.
5. En México hay una política sistemática de tolerancia e incluso encubrimiento a los políticos que mantienen relaciones con el crimen organizado.

Ninguna de estas hipótesis puede descartarse por completo, pero tampoco hay elementos para tomar a cualquiera de éstas como una verdad absoluta; lo más probable es que la respuesta a la pregunta que fue planteada en los párrafos anteriores involucre elementos de varias o incluso de todas las hipótesis. Lo que si es claro es que México ya no puede seguir ignorando el problema, ya que mientras siga intacta la complicidad del crimen organizado con algunos políticos difícilmente vamos a poder terminar con el problema de la violencia en nuestro país, porque es la misma acción de los funcionarios corruptos la que impide que desarticulemos a gran parte de las redes del crimen organizado que operan en México.

Esto quiere decir que el desarticular a las redes de protección política de las organizaciones criminales debe convertirse en uno de los objetivos centrales de la lucha en contra del crimen organizado y para conseguirlo se requieren al menos de las siguientes acciones:

1.  La creación de una unidad especial que se dedique a la investigación y reconstrucción de las conexiones entre el aparato político y las organizaciones criminales que operan en nuestro país. No se trata de crear nuevos organismos o coordinaciones especiales, por el contrario, lo recomendable es que esta unidad dependa de la Comisión Nacional de Seguridad y que se busque concentrar en ella a especialistas que con el tiempo puedan llevar a cabo investigaciones de alta calidad que nos permitan detectar, monitorear, arrestar y procesar a políticos y funcionarios que estén al servicio del crimen organizado.
2. El desarrollo de criterios más estrictos para la investigación y para la integración de los expedientes de este tipo de casos. Es inaceptable que políticos o funcionarios corruptos queden libres porque nuestras autoridades no fueron capaces de armar un buen caso en su contra.
3. Se deben diseñar mecanismos legales que le permitan a las autoridades federales intervenir en la administración de aquellos municipios que han sido infiltrados por el crimen organizado, tal y como sucede en Italia.
4. Se deben introducir a nuestra legislación nuevos tipos penales que describan de mejor manera las conductas en las cuales pueden incurrir políticos y funcionarios a la hora de prestar protección a las organizaciones criminales.

* Víctor Manuel Sánchez Valdés es colaborador de Causa en Común, A.C., Alumno del Doctorado en Políticas Públicas del CIDE y especialista en temas de seguridad pública ([email protected])