Los muertos no se pueden esconder

Era apenas marzo y mientras el presidente invitaba a salir a la calle, recibí en mi grupo de la maestría en WhatsApp una foto perturbadora. Max, un compañero italiano nos la explicaba: “Esta es la historia del día aquí en el norte de Italia… una línea de camiones militares recogiendo a las personas muertas para llevarlas a diferentes cementerios porque la ciudad de Bergamo no puede manejarlos a todos. Fin de la historia”.

Todos, en algún momento, vimos esas imágenes que parecían, entonces, increíbles para nosotros en México.

El gobierno mexicano tomó nota, y sabedor de la precariedad de nuestro sistema de salud, se fijó una meta que parecía razonable para afrontar la pandemia en un principio: incrementar la capacidad hospitalaria.

La reconversión avanzó y todos los estados y dependencias presumen ahora camas de sobra. Pero a la par de ese “éxito”, el sistema de salud tomó otra decisión: implementó un modelo centinela y apretó tanto los criterios para declarar a una persona sospechosa de COVID-19 que se volvió muy complicado atenderse. Testimonios abundan de lo difícil y tardado que es lograr que te hagan la prueba en una institución pública u hospitalizarte si no llevas síntomas graves. Paradoja cruel: al tiempo que el sistema crecía en capacidad, los requisitos para aprovecharla se incrementaron. Tenían más agua, pero cerraron la llave.

De manera paralela a esas dos decisiones hubo una omisión: no se buscó nunca contener el crecimiento de los casos positivos a través de mejores capacidades de trazabalidad de las cadenas de contagio. La apuesta única fue la Jornada Nacional de Sana Distancia que la crisis económica hizo imposible de sostener y que terminó en un semáforo en el que ningún gobierno local confía ni respeta.

La situación desembocó en cientos de miles de casos que corren por fuera del sistema de salud sin monitoreo alguno; gente que se hace la prueba en laboratorios privados sin que se reporten a las bases de datos de salud; familias enteras que se enferman y se atienden como pueden, en farmacias y consultorios privados; incluso muchos vía automedicación y remedios caseros. La pandemia ha sido también, ganancia de charlatanes.

La gente dejó de creer en las cifras de la conferencia vespertina por una sola razón: las gráficas dejaron de concordar con la realidad que veían a diario en las calles y experimentaban, dolorosamente, con familiares y conocidos.

El costo real no se vería de inmediato, pero llegaría: miles de muertos no oficiales. Muertos que no pueden esconderse a pesar del discurso triunfalista y la cerrazón a cuestionar y revisar la estrategia en lo más mínimo. Tarde o temprano, a pesar de las restricciones burocráticas que impuso la cuarentena, las familias acuden a registrar a sus muertos y en esos certificados está la verdad última del manejo gubernamental de la epidemia.

Gracias al periodismo, hoy tenemos más información nacional y local que nos ayuda a dimensionar el tamaño de la catástrofe que, por cierto, todavía no termina.

Un reportaje reciente de Animal Político y Proyecto Li nos comunica que el “exceso de mortalidad” (una medida universal, sencilla, rápida y con la ventaja de que permite medir la totalidad de los decesos directos o indirectos de la COVID-19 y limitar así el subreporte) en México de abril a julio de 2020 con respecto a 2019 sería de 130 mil muertos. Es decir, a la cifra oficial de muertes por COVID-19 de esa fecha (51 mil), habría que sumar 79 mil muertos más.

Otro ejemplo es el ejercicio pionero de Mario Romero y Laurianne Despeghel en Nexos sobre las actas de defunción en la Ciudad de México: un excedente de 31 mil muertes del 30 de marzo al 24 de agosto.

En Sinaloa pudimos hacer un ejercicio local con Noroeste y calculamos el exceso de muertes con datos del registro civil del estado: 39% más de marzo a julio con respecto a 2019.

Incluso pudimos ir un poco más al fondo, gracias al tamaño más pequeño de la base de datos y a que pudimos conseguir la causa de muerte de cada caso. Al 31 de julio los decesos oficiales por COVDI-19 en Sinaloa eran 2,181 cuando en realidad ya habían muerto 2,834 personas por diagnósticos asociados a la enfermedad. La subestimación de muertes por COVID-19 en Sinaloa es de 30%. Dato menor que el nacional en términos relativos, pero no por ello menos dramático si pensamos que hablamos de personas y no de números.

Otro problema es la manera en que se registran los diagnósticos de esas defunciones: “COVID-19 confirmado” con 33.1 por ciento, “Probable COVID-19” con 33.7 por ciento, “Sospechoso de COVID-19” con 24.6 por ciento y “Neumonía atípica” con 8.6 por ciento. Es decir, solo una de cada 3 muertes asociadas a COVID-19 en Sinaloa tenía un diagnóstico confirmado al día de su muerte, el resto fueron “probables” o “sospechosos”.

Dos hallazgos adicionales son que la “neumonía atípica” creció 2,340% por ciento como causa de muerte entre los sinaloenses al 31 de julio de 2020 y que los muertos son mayoritariamente hombres (65%) y de baja escolaridad (más del 50% solo hasta primaria).

Siempre será discutible ponderar los resultados de la estrategia federal para el manejo de la pandemia, especialmente en un país polarizado a diario desde el púlpito presidencial.

Lo cierto es que los muertos no se pueden esconder. Ahora sabemos que son más, muchos más, de los que el gobierno informa y, desgraciadamente, todo indica que ese número seguirá creciendo. A ver si algún día tienen la honestidad política de asumir ese fracaso.

@AdrianLopezMx