Los muertos de COVID-19, los otros muertos

La pandemia de COVID-19 desnudó la profunda ignorancia con la que, en términos generales, opera el Estado mexicano. Y utilizo el término ignorancia deliberadamente, en lugar de incertidumbre. Frente a la pandemia, todos los Estados, incluso los más sofisticados, enfrentan incertidumbre: lo que no se sabe del virus y sus efectos excede por mucho lo que sí se sabe. Se voló y se vuela mayormente a ciegas porque no, no hay respuestas evidentes por sí mismas. Se sabe: cuando cada experto, sea de años o improvisado al calor de la emergencia tiene una respuesta diferente, lo más probable es que ninguno tenga una que sea completamente correcta y la mayoría probablemente estén —muy— equivocados. Como dicen los epidemiólogos, si se ha visto una pandemia, se ha visto… una pandemia. Cada vez el problema es nuevo y distinto e imposible de cuantificar adecuadamente de manera previa, la definición misma de incertidumbre, pues.

El problema particular del Estado mexicano frente a la pandemia no es, pues, la incertidumbre, que es común a todos los demás, sino la ignorancia. Específicamente la ignorancia respecto de sus propias capacidades y carencias y, peor aún, sobre cuál sería un resultado aceptable y cómo conseguirlo. Desde las primeras semanas hemos asistido al espectáculo de un Estado que se contradice sobre los alcances e implicaciones de la pandemia, sus costos médicos y económicos: minimizando el tamaño del problema al principio, estimándolo luego de manera confusa y contradictoria y, más recientemente, declarándolo prácticamente resuelto a la primera provocación. Es un ciclo familiar, para el que ha observado o trabajado para suficientes gobiernos: primero no hay problema, es una tormenta en un vaso de agua; luego, quizá haya un problema, pero no hay forma de saber a ciencia cierta de qué tamaño, ciertamente es más pequeño de lo que dicen los vociferantes, y finalmente ya no hay problema, pueden dejar de preguntar, nada qué ver aquí, ya lo resolvimos, no pregunten cómo. Esto es la atropellada respuesta del Estado mexicano frente al COVID-19 —que hemos observado en tiempo real y extenuante detalle gracias a la costumbre de salir a medios todos los días, varias horas al día, mañana y tarde, llueve o truene— no es sino la versión condensada de la respuesta a todas las demás crisis que enfrenta y sobre todo de una en particular: la de los homicidios.

La comparación entre ambas crisis no es ociosa. De entrada, tanto las acciones frente al COVID-19 como las acciones para reducir los homicidios tienen, en teoría, un objetivo común: reducir al máximo el número de muertes que ocurren en uno y otro caso. Y en ambas crisis, el Ejecutivo Federal optó, desde el principio, por minimizar el problema, para luego proponer medidas que podrían o no ser efectivas —la evaluación de resultados, como el juicio de la historia, es tarea de alguien más— y luego, declarar que se ha logrado “aplanar la curva”, en el caso del COVID, o que se ha llegado a una “línea de contención”, en el caso de homicidios. En ambos casos se minimizan las críticas, desacreditando las voces que expresan dudas o preocupaciones o alternativas con argumentos ad hominem, porque por supuesto, existe un plan, que funcionará, ya se verá. Y lo que es quizá más importante, en ambos casos se trabaja con un entendimiento muy limitado de la naturaleza del problema y de los recursos con los que se cuenta, o no, para hacerles frente, pero eso no obsta para que se presente, ad nauseam, la versión del análisis estadístico que mejor deje parado ese día al jefe de quien lo está presentando. El hecho de que se trabaje con datos limitados, fragmentarios y deficientes de origen por la falta de pruebas masivas o por las inconsistencias del trabajo de las fiscalías es irrelevante. El que no se tenga idea clara de si lo que se hizo tenía el impacto esperado es inmaterial. La noción de analizar si había alguna alternativa que hubiera sido más efectiva o menos costosa es de un preciosismo insufrible.

Hay también diferencias de fondo, por supuesto. La naturaleza pandémica y aleatoria del contagio del COVID-19, lo mismo que su impacto sobre los sistemas de salud lo colocaron, rápidamente, en una posición de primera importancia. Nadie puede negar demasiado tiempo el problema cuando las principales economías del mundo, los mayores líderes del momento se lo están tomando en serio. La crisis de homicidios, en cambio, yace en el limbo de los problemas que afectan, primariamente, a personas jóvenes y pobres sin agencia política ni voceros que los puedan representar de manera efectiva —como probablemente ocurrirá con la probabilidad de la siguiente pandemia, una vez que superemos ésta; un problema para los especialistas, trivial frente a la urgencia de reparar como se pueda la economía.

La crisis pandémica habrá de superarse, quizá incluso cerca de los tiempos que imagina el gobierno federal. Pero esto se logrará a un costo inmenso para la economía nacional. Se dirá que se hizo lo que se pudo, y eso quizá sea parcialmente cierto, pero no lo sabremos hasta dentro de algunos años, cuando haya tiempo y espacio para analizar el tema y quizá ni entonces, a juzgar por la mala calidad de los datos que se están generando hoy. La crisis de homicidios, en cambio, podría o no resolverse, pero ni siquiera hay un horizonte de cuándo podría ocurrir ni una mínima ruta para lograrlo. En una se podrá —esperemos—declarar alguna clase de victoria pronto. En la otra, bueno, ya se nos dijo: el problema no es tan grande como dicen, dejen de estar vociferando, tenemos un plan. Sea, pues, toca la versión larga del ciclo.

@jaimelat