Los militares marcharán sobre la tumba de la credibilidad civil

Salvo excepciones mínimas, el poder público civil en México no cuenta con una oferta creíble en materia de seguridad. Digan lo que digan, para la inmensa mayoría es prácticamente imposible creerles. Revisé decenas de encuestas de los últimos 15 años y el descrédito se ha ganado a pulso. Se pierde en la historia la promesa incumplida de la seguridad por parte de un gobierno electo tras otro por igual en los ámbitos municipal, estatal y federal.

En la oposición defienden la profesionalización de las instituciones de seguridad que siendo gobierno no construyen. ¿Cómo creerles? Desde Zedillo a la fecha, todos los partidos y todos los gobiernos han aprovechado o han tolerado un Sistema Nacional de Seguridad Pública que, desde 1995, repartió recursos sin documentar buenas prácticas e historias de éxito. Es un bloque civil multicolor que el último cuarto de siglo no se tomó en serio reducir las violencias, la delincuencia, la impunidad y las violaciones graves a los derechos humanos asociadas.

Vaciaron la credibilidad acumulando reformas constitucionales y legales, gasto público, programas y reorganizaciones institucionales ineficaces sin parar. Han hecho y hecho y hecho mil cosas, no resolviendo sino acompañando la agudización del problema que prometen resolver. El Sistema Nacional referido iba a asegurar la coordinación entre órdenes de gobierno y a homologar un servicio policial profesional; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada de 1996 iba a reducir ese fenómeno; la reforma constitucional en materia penal de 2008 iba a darnos acceso a la justicia y a terminar con la impunidad, y la Reforma en Derechos Humanos de 2011 iba a asegurar su defensa y promoción transversal a todo el Estado mexicano. El Programa Nacional de Prevención del Delito de 2013 iba a reequilibrar las políticas de seguridad, invirtiendo cada vez más en ella y cada vez menos en el enfoque reactivo. No se digan las incontables e imparables reformas para ampliar el uso de la prisión.

Y no. Lejos de ello, el último cuarto de siglo se descompusieron las instituciones y el tejido social como nunca antes en el México contemporáneo, llevándonos al extremo de las masacres cotidianas, la desaparición de 27 personas al día en el último año, el imparable crecimiento de la violencia contra las mujeres y la diseminación de la gobernanza criminal.

En toda esta historia, señaladamente desde 1995 a la fecha, los civiles prepararon la alfombra por la que los militares marcharán el próximo 16 de septiembre. La sentencia de la Corte en la primera Acción de Inconstitucionalidad (1996), cuando el tribunal supremo autorizó la intervención militar en seguridad pública en apoyo y bajo la autoridad civil, terminó siendo el banderazo de salida que, 26 años después, nos ha llevado a la transferencia de la seguridad pública federal al control militar total.

Falta saber si la Suprema Corte ahora hará contrapeso para contener la vía militar del presidente López Obrador y falta saber qué hará éste, si así sucede. Pero los militares ya marchan sobre la tumba de la credibilidad civil en seguridad pública.

¿Y la vía militar es creíble en seguridad pública? Lo es porque la promesa militar aún alcanza. ¿Y cumplirán la promesa? La evidencia disponible sugiere que no, pero esa es otra historia.

@ErnestoLPV