Los migrantes sin CONAPRED

En semanas anteriores se puso en duda el papel del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en particular gracias a las declaraciones del presidente en su conferencia matutina del 17 de junio, en la que señaló no conocer dicha institución y, un día después, al hablar de la posibilidad de desaparecerla para que sus funciones fueran asumidas por la Secretaría de Gobernación. Todo esto a raíz de la convocatoria a un foro sobre discriminación en el que se incluía a un controvertido personaje de YouTube.

Este conflicto desembocó en la renuncia de la entonces titular del CONAPRED, Mónica Maccise, seguida también por la renuncia de tres de las personas que conformaban la Asamblea Consultiva de dicho Consejo.

Lo anterior nos permite visibilizar la multiplicidad de actores que intervienen en el fenómeno de la discriminación, que van desde la población en general, a medios de comunicación y, sobre todo, las autoridades. Es por ello que en este espacio nos parece importante resaltar la percepción que tiene la población mexicana sobre la población migrante y el papel que el CONAPRED puede desarrollar al respecto. En este sentido, conviene tener presente la definición jurídica de la discriminación, la cual señala que será considerada así toda distinción, exclusión o restricción contra una persona en el ejercicio de sus derechos, y que el motivo para actuar así sea, entre otros, su sexo, religión, apariencia u origen nacional.

Estos actos de discriminación se pueden manifestar de diversas formas, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, la discriminación en contra de personas migrantes se observa cuando se les restringe o condiciona el acceso a la educación o servicios de salud por la falta de algún documento de estancia o el CURP, mismo caso en el acceso a un empleo, también se puede incluir el discurso que se promueve a través de medios de comunicación o entre las personas.

Ahora bien, al ser uno de los principales actores en la discriminación, nos parece pertinente conocer qué opinión tiene la población mexicana respecto de los migrantes y la discriminación que existe en su contra. En este sentido, de acuerdo con datos obtenidos en la Segunda Encuesta sobre Discriminación desarrollada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el 47% de la población consultada en esta entidad consideró que sí existía discriminación en contra de las personas extranjeras. Pese a que se podría tener como un porcentaje considerable, la población encuestada percibió que la discriminación contra personas extranjeras era menor que la sufrida por otros grupos poblacionales como los hombres, o las personas que viven en unión libre o concubinato.1 De lo anterior podemos aventurarnos a decir que, aun cuando se percibe que existe discriminación en contra de personas extranjeras, la población de la CDMX no considera que sea un grupo particularmente afectado.

Teniendo esto en cuenta, ahora podemos referirnos a la opinión que se tiene respecto de la población migrante, sobre todo en el contexto migratorio actual. Al respecto la encuesta realizada en enero de 2020 por Consulta Motofsky reflejó que el 65% de las personas encuestadas aprueba el endurecimiento de la política migratoria en México, incluso un 56% considera que se debería forzar a las personas migrantes a regresar a su país. Aún más impactante el 79% de las personas encuestadas consideraron que es preferible ayudarles a regresar a sus países para que “no ocupen empleos que son de los mexicanos” o se provoque un posible aumento en la inseguridad.2

Aún con las variaciones de estas encuestas, y ante una la falta de datos integrales sobre temas de migración a cargo de las autoridades, se puede evidenciar la existencia de un rechazo mayoritario hacia la población migrante que ingresa a México pero que, o el fenómeno no se percibe en su justa dimensión o se desestima a estas expresiones como discriminatorias.

No obstante, la discriminación en contra de las personas migrantes existe a un grado tal que se manifiesta en declaraciones de funcionarios, como el director del Instituto Nacional de Migración (INM) que en octubre de 2019 declaró que “así fueran de Marte”, las personas que ingresaran a México serían retornadas a su lugar de origen, como una advertencia a las personas migrantes transcontinentales.3 Este tipo de mensajes contribuyen a la percepción que la población tiene sobre las personas migrantes, pues se transmite una aceptación gubernamental de rechazo, lo cual se reproduce a través de algunos medios de comunicación.

Es precisamente aquí donde las funciones del CONAPRED entran en escena ya que, a raíz de estas declaraciones, organizaciones de la sociedad civil decidieron iniciar acciones al respecto. En particular, desde Sin Fronteras se inició una queja para que se investigara si las mismas habían sido discriminatorias. Dentro de este procedimiento, que continúa llevándose, a través de CONAPRED se iniciaron capacitaciones al personal de INM y se publicó un documento sobre Perfilamiento Racial,4 lo cual representan acciones significativas en los mensajes

Estas actividades se dieron gracias a la autonomía técnica y de gestión con la que está dotado el CONAPRED. En efecto, el hecho de que las decisiones de esta institución no estén sujetas al poder Ejecutivo funciona como una garantía de independencia en sus decisiones y presunción de imparcialidad.

En consecuencia, es válido cuestionarse si lo anterior hubiera sido posible si, como sugirió el presidente, las denuncias por discriminación fueran atendidas por la Secretaría de Gobernación ya que, al menos en el caso particular, el INM también forma parte de dicha Secretaría. La opinión de quien escribe es que, dada la relación entre estas autoridades, resulta altamente cuestionable que la Secretaría sancione o inicie algún procedimiento en contra de una de sus propias dependencias. Además, se dejaría de lado la experiencia adquirida desde el CONAPRED y se requería de personal capacitado para llevar a cabo las funciones requeridas.

Es por ello que, contrario a la sugerencia presidencial de desaparecer el CONAPRED, resulta indispensable fortalecer su independencia y capacidad técnica para que contribuya a visibilizar la discriminación en contra de las personas migrantes, así como a identificar a los actores y las prácticas que contribuyen a su expansión para modificarlas, de lo contrario, existe el riesgo de que continúe ocultándose y restándole importancia a la discriminación en contra de las personas extranjeras que ingresan a México.

* Gerardo Salinas es abogado de Sin Fronteras IAP (@Sinfronteras_1).

 

1 COPRED, Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS – 2017).

2 Mitofsky, Crisis Migratoria, enero 2020.

[3] Disponible aquí.

[4] Disponible aquí.