Los Mercados de Carbono se dirigen hacia la locura en Madrid

En muchos sentidos, 2019 fue un año de extremos. Las y los jóvenes salieron a las calles en un número sin precedentes, exigiendo acción climática. En un movimiento ambiental que, por siglos, ha sido liderado por comunidades de primera línea y pueblos indígenas, esta inyección de energía es muestra de una creciente preocupación e indignación, y se está canalizando con renovado vigor para responsabilizar a quienes toman decisiones y a otros actores por su papel en la crisis climática. Sin embargo, esta pasión fue alimentada por otro año de desastres climáticos, incluyendo huracanes mortales en el Pacífico, olas de calor y temperaturas récord en Europa, ciclones e inundaciones en Mozambique e incendios forestales en los Estados Unidos, Australia y Brasil. Los impactos son inmensos:  la gente ve sus casas, tierras y pertenencias devastadas por la crisis climática. Y esto es sólo el principio.

Mientras los representantes de los países se reúnen en Madrid, una de sus principales tareas es decidir las reglas que regirán los futuros mercados de carbono, un tema que, con facilidad, se vuelve abrumadoramente técnico. Pero el mundo no debería cegarse por los tecnicismos. Estas discusiones son cruciales, altamente políticas y tendrán impactos mucho más allá de los salones de conferencias. Si se hace mal, las normas tendrán consecuencias desastrosas para los derechos humanos.

En primer lugar, unas normas débiles para los mercados de carbono socavarán los esfuerzos por limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 °C. El año pasado, científicos y científicas líderes en cambio climático presentaron un informe detallando que un calentamiento global superior a 1,5°C tendría graves consecuencias para los derechos humanos: millones de personas sufrirían inseguridad alimentaria debido a que sus tierras se volverían inadecuadas para el cultivo; hasta 200 millones de personas se verían obligadas a emigrar para 2050. Por lo tanto, hacer todo lo posible para mantenerse por debajo de 1,5°C está dentro de las obligaciones vinculantes de los Estados en materia de derechos humanos en virtud de una serie de tratados internacionales de los que son signatarios.

La debilidad de las reglas del mercado de carbono permitiría a los Estados engañar en sus informes de emisiones, pero no se puede engañar a la atmósfera. Las emisiones están aumentando y permitir a los Estados duplicar la cuenta de sus “créditos” de emisiones o transferir los antiguos créditos de chatarra al nuevo sistema no reduce las emisiones globales. No responder a esta demanda de la ciencia y de millones de personas en las calles es sumamente peligroso.

Las nuevas normas también deben aprender de los verdaderos errores de procedimiento del pasado que han conducido a graves violaciones de los derechos humanos y a una mayor destrucción del clima. El antiguo sistema, creado en virtud del Protocolo de Kioto, dio lugar a proyectos que perjudicaron a las comunidades locales y a los pueblos indígenas. En Chile, el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo amenaza el abastecimiento de agua de más de 7 millones de habitantes. A pesar de la continua oposición ciudadana y los severos impactos ambientales para las comunidades del Valle del Maipo y los habitantes de Santiago, la hidroeléctrica es un proyecto verificado del Mecanismo de Desarrollo Limpio por el cual Chile podrá recibir créditos de carbono. En Panamá, la presa de Barro Blanco violó los derechos de las comunidades indígenas por lo que enfrentó una fuerte oposición, lo que condujo a una represión violenta que llevó a la muerte de tres personas. La acción climática que perjudica a las comunidades y destruye el ambiente es simplemente inaceptable.

Cualquier mercado de carbono que se acuerde en Madrid debe tener reglas fuertes que aprendan de los errores del pasado y cuyo objetivo sea evitarlos. Cualquier cosa que se quede corta corre el riesgo de socavar el Acuerdo de París sobre cambio climático. Acordar malas reglas en Madrid sería peor que retrasarlas, ya que las primeras nos encerrarían en un nuevo sistema de mercado de carbono que repetirá a sabiendas los problemas del pasado. Así pues, el éxito en Madrid no se mide por el mero hecho de llegar a un acuerdo, sino por el hecho de llegar a un acuerdo que garantice que los derechos humanos y la integridad ambiental están en el centro de la acción climática.

Organizaciones firmantes:

CIEL

Caritas France (Secours catholique)

AIDA

Carbon Market Watch

CARE International