Los mecanismos de protección a periodistas: la derrota para garantizar la libertad de expresión

Por: Gabriel Soto (@Gsotoc)

No es un secreto que la libertad de expresión atraviesa por una crisis en diversos países de Latinoamerica; garantizar este derecho se está volviendo imposible, o más bien, no existe interés por generar condiciones para la existencia de discursos críticos que visibilicen los actos de corrupción en algunos países o entidades.

En 2014 ARTICLE 19 documentó 326 agresiones contra la prensa en México. Resulta alarmante que los perpetradores del 48% de estas agresiones sean funcionarios[1]. Bajo esta realidad, es claro que a nuestras autoridades no les interesa jugar a la democracia.

Este contexto no es único en México, se está replicando en diversos países de Latinoamerica. Los ataques contra la prensa son parte de la cotidianidad y, derivado de la presión externa e interna, los estados han buscado abordar esta problemática. Actualmente se está llegando a un consenso; ante esta terrible enfermedad se está recetando un curita: los mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

El día 8 de junio de 2015 se celebró en Guatemala el “Seminario de Mecanismos de Protección a Periodistas”, con la finalidad de obtener diferentes visiones para construir un mecanismo eficiente que brinde seguridad a las personas que son agredidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. En este seminario se pudo compartir la experiencia de protección en México, El Salvador y Honduras.

Óscar Pérez, expositor de El Salvador, señaló que de 462 periodistas entrevistados en Centroamérica, el 55% ha recibido algún tipo de agresión y el 65% ha sido objeto de algún tipo de censura, en su mayoría por el propio medio de comunicación[2].

Desde Honduras se expuso la reciente creación de un mecanismo de protección, de manera repentina y sin consenso de la sociedad civil y periodistas, a la par de uno que protege a autoridades y su principal beneficiario es el Presidente de la República, a quien sí se le han implementado medidas efectivas, según lo señaló el representante de una organización civil de dicho país.

[contextly_sidebar id=”0RDBRj57u0a8yat7WvTzwCjPHK9hAsS8″]ARTICLE 19 tuvo la oportunidad de participar en este seminario con la finalidad de brindar una perspectiva del funcionamiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, creado en 2012 a través de una ley que establece un organismo que analiza casos de agresiones a periodistas y a partir de los hechos específicos ordena medidas de protección para salvaguardar su integridad física.

Al respecto, ARTICLE 19 Oficina México expuso que los mecanismos son creados para fortalecer la integridad física de quienes son agredidos por ejercer la libertad de expresión, pero éstos no han servido para garantizar la existencia de discursos críticos contra las acciones de corrupción; es decir, estos mecanismos a pesar de sustentarse en la necesidad de garantizar la libertad de expresión, no fortalecen en nada el ejercicio de este derecho.

Los mecanismos de protección son en sí la derrota para garantizar la libertad de expresión. Ante la nula investigación de los delitos cometidos en contra de periodistas y el contubernio de las autoridades en la perpetración de hechos ilícitos, la única respuesta que ha quedado es salvaguardar la integridad física de quien incomodó por medio del ejercicio de un derecho a una persona con las capacidades de realizar una agresión. Sin embargo, el ejercicio periodístico, ante la urgencia, queda olvidado.

Este contexto no es ajeno a los países que están impulsando mecanismos de protección. En Honduras existen “gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones a derechos humanos[3]”; en Guatemala la corrupción de funcionarios judiciales y la desprotección de testigos han generado altos niveles de impunidad.[4] En este contexto de impunidad, que se replican en diversos países de Latinoamérica, valdría la pena pensar si es efectivo impulsar mecanismos de protección.

Puede resultar un verdadero riesgo empujar un mecanismo de protección, ya que en contextos donde no existe una lucha real contra la corrupción y cuando múltiples agresiones provienen de las propias autoridades, este tipo de organismos pueden ser utilizados para generar una simulación en la atención de las agresiones contra la libertad de expresión, desdibujando la obligación central de fortalecer el ejercicio de este derecho.

Es una obligación señalar que los mecanismos de protección no han sido del todo ineficaces, se han vuelto un escape institucional para poder denunciar a las autoridades una agresión, ya que en muchos casos acudir a la autoridad competente para realizar la investigación penal genera un mayor riesgo, o en algunos casos se presume la vinculación de dicha autoridad en la agresión.

Para que funcione en mayor medida un mecanismo, es vital que el Estado procese las causas que están generando las agresiones contra las personas que ejercen la libertad de expresión y asuma, dentro de sus capacidades, la investigación de un hecho de corrupción, de abuso de autoridad o de violaciones a los derechos humanos. Y también que empuje por diversos medios -públicos, políticos e institucionales- que estos hechos no queden en impunidad. Dejar en manos de quien ya está en riesgo la responsabilidad de impulsar una investigación, genera que un mecanismo de protección sea insuficiente desde el momento de su creación.

 

@article19mex

 

[1] ARTICLE 19 “Estado de Censura” 2014, México págs. 21 y 22

[2] PEREZ Oscar y otros, “Entre la Censura y la Discriminación”, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, VOCES, Fundación Comunicándonos, Salvador, 2014, págs.5-7

[3] HUMAN RIGHTS WATCH, Informe mundial 2014, pág 90

[4] Ibídem, pág 88