Los 'malviajes' de la ENPA: Reflexiones sobre juventudes y política de drogas

En marzo Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, presentó la campaña “En el mundo de las drogas no hay final feliz” que forma parte de la segunda etapa de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) “Juntos por la Paz”. Dicha campaña se dirige a personas jóvenes, sus familias y comunidades. Su objetivo es informar científicamente y con lenguaje llano acerca de las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y el narcotráfico.

Durante la conferencia se presentaron los materiales audiovisuales de la campaña y actualmente circulan en diversos medios de comunicación a nivel nacional. Como parte de un ejercicio crítico analizamos los videos de 30 segundos, cuyos protagonistas son personas jóvenes, en su mayoría hombres.

Hallamos que las historias presentadas se caracterizan por una narrativa que nombramos el “mal viaje de las drogas”. Es decir, un discurso que tiende a asociar el consumo de sustancias psicoactivas de manera lineal con situaciones que dependen de múltiples factores como: la dependencia, la violencia, el narcotráfico y las vulnerabilidades sistémicas que nos atraviesan como personas jóvenes.

Por ejemplo, identificamos que algunos mensajes de la campaña reiteran que las personas jóvenes que consumen drogas son “podridas”, se encuentran en “situación de calle”, son “enfermas mentales”, “no tienen intelecto”, “se manifiestan”, son “perdedoras” e, incluso, “asesinas”. Una serie de calificativos sin fundamentos que estigmatizan y desinforman a la población en general.

Por otro lado, se culpabiliza a las personas jóvenes usuarias de las violencias que vivimos cotidianamente por las condiciones sociales de desigualdad e inseguridad. Pero en ningún momento cuestiona la responsabilidad del Estado ni las acciones que impulsa para hacerles frente.

Lo anterior resulta preocupante porque detrás de esta narrativa del “mal viaje” –enfocada en afirmar que “las drogas son malas y causan malestar social”-, reproduce prejuicios y estereotipos enmarcados en el paradigma prohibicionista que terminan promoviendo la exclusión social de diversas poblaciones vulnerables.

Precisamente por ello nos preguntamos: ¿el gobierno de la 4T escucha a las personas jóvenes usuarias de sustancias psicoactivas? ¿O sólo se trata de una política más de gabinete? Porque si bien uno de los principales pilares de la ENPA es “escuchar” y la campaña se basa en “estándares internacionales”, consideramos que no garantiza nuestros derechos ni refleja la realidad de los consumos desde una perspectiva integral.

Una mirada alternativa al consumo de sustancias

Ante esta visión prohibicionista, en el marco del Día Internacional de las Juventudes lanzamos una encuesta de 52 preguntas en las redes sociales del Festival Apoye. No Castigue, para explorar la percepción de las personas jóvenes sobre las drogas, las políticas alrededor de ellas y sus formas de participación política.

Participaron 61 personas menores de 30 años¹ provenientes de México y algunos países de Latinoamérica.² El 44% se identificaron como mujeres y el 56% como hombres.³ Si bien la muestra no es representativa y puede incurrir en sesgos, consideramos que este ejercicio de reflexión es valioso para explorar sus experiencias sin prejuicios.

Encontramos que el 92 % de las personas encuestadas se asumen usuarias de sustancias psicoactivas y reportaron usarlas por diferentes motivos: recreación, placer, terapéutico, medicinal, sexual o espiritual. Destacamos que la gran mayoría utiliza cannabis de manera habitual.

Además, queremos resaltar que el 100 % de las personas encuestadas dijeron tomar precauciones al momento de consumir alguna droga. Por ejemplo: informarse⁴, utilizar en espacios y con personas de confianza, dosificar, cuidar su salud emocional, alimentarse o moderar su uso. Esto porque se interesan en disminuir o evitar las consecuencias no deseadas asociadas al consumo y maximizar sus beneficios.

Por último, el 53 % afirmó conocer su política de drogas señalando que existen consecuencias legales al realizar cualquier actividad relacionada con éstas y que pueden portar entre 5-28 g de cannabis sin que esto conlleve una sanción penal. Dicha medida (art. 478) sólo es aplicable a los 5 g (art. 479) establecidos en la Ley General de Salud.

Así mismo, el 73.8 % considera que la política prohibicionista afecta a las personas jóvenes ya que favorece la estigmatización, desinforma, mantiene la persecución policíaca, les expone a dinámicas del mercado ilegal, incrementa los daños a la salud y viola sus derechos humanos.

Consideraciones finales

La segunda etapa de la estrategia “Juntos por la Paz” no se ha posicionado como una propuesta novedosa porque no logra abandonar el discurso prohibicionista. Creemos, junto con otras organizaciones civiles, que recientemente lanzaron el comunicado “#PrevenciónSinDiscriminación”, que la campaña se aleja de sus objetivos iniciales, causando miedo, estigmatizando, desinformando y revictimizando a las personas usuarias y otras poblaciones vulnerables.

El gobierno necesita escuchar a las juventudes e incluirlas en el diseño, ejecución y evaluación de esta estrategia. Requiere partir de investigaciones y diagnósticos previos para tener una aproximación real de las necesidades de la población. Al igual que incorporar un lenguaje incluyente y herramientas de reducción de riesgos y daños que podamos poner en práctica en nuestra cotidianidad.

* El Festival Apoye No Castigue es una iniciativa del Instituto RIA, ReverdeSer Colectivo y demás organizaciones, donde personas jóvenes usuarias de sustancias psicoactivas promovemos la reflexión en torno a las políticas de drogas, los abordajes alternativos y la participación política de las juventudes desde el paradigma de reducción de riesgos y daños, y la gestión de placeres.

 

 

 

¹ El 28 % tiene entre 15 y 19 años, el 52 % entre 20 y 24 y el 20 % entre 25 y 29.

² El 82 % de las personas encuestadas son originarias de México y residen en los siguientes Estados: Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Zacatecas, Tlaxcala, Coahuila, Durango, Querétaro, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz y Tabasco. El 18 % provienen de países extranjeros: Ecuador, El Salvador, Costa Rica y Colombia.

³ Sólo una persona que se identificó como mujer mencionó ser abolicionista del género.

⁴ Se informan principalmente en redes sociales, páginas web, amistades o libros especializados.