Los <i>juegos</i> <i>del</i> <i>hambre</i> en la Montaña de Guerrero

Por: Kerry Kennedy

 

Queridas Cara y Mariah:

Su hermana Michaela y yo (junto con sus primas Kick y Saoirse) recientemente hemos regresado de la comunidad indígena de Buena Vista. Ahí estuvimos durante una semana construyendo una escuela con Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, laureado con el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en el 2010.

A nuestra misión se sumaron 24 hombres y mujeres provenientes de diversas regiones de Estados Unidos, así como una comisión de hombres y mujeres indígenas Me’phaa, designados por la propia comunidad para colaborar conjuntamente.

Buena Vista es una comunidad de aproximadamente 150 habitantes ubicada en la Región de la Montaña en Guerrero, México. En esta región hay cerca de 700 comunidades indígenas y la tasa de alfabetización es una de las más bajas en México, oscilando alrededor del 50 por ciento.

Durante diez años, las autoridades comunitarias de Buena Vista recorrieron a pie el camino de terracería -intransitable durante la temporada de lluvia- para después viajar durante tres horas más en carretera, para llegar a Chilpancingo, la sede del Gobierno del estado. Su motivo era demandar que una maestra o maestro que hablara Me’phaa fuera enviado a su comunidad; la construcción de una escuela preescolar; útiles escolares, y la clave permanente de la escuela para que sus hijos e hijas pudieran ejercer su derecho a la educación.

Durante diez años, el gobierno expuso una letanía de excusas y simplemente no se molestó en responder a las demandas de la comunidad Me’phaa.

Mientras trabajábamos codo a codo en la construcción de la escuela, la señora María Isabel, de 38 años, nos ayudó a revocar con barro los muros de adobe. Ella tuvo a su primer hijo a los 13 años, y ahora, su nieta de tres años asistirá a la escuela que construimos. María Isabel nos explicó cómo los niños y niñas de Buena Vista, de entre tres y siete años, caminaban diariamente durante dos horas de ida y dos horas de regreso a Cacalotepec, la comunidad más cercana, para poder ir a la escuela. A pesar de ello, alrededor de tres veces al mes, la maestra no se presentaba, y pocas veces advertía con anticipación de sus faltas. Aún así, las niñas y los niños, ávidos de una educación, caminaban hasta la escuela para estar listos por si la maestra acudía.

Finalmente, las autoridades de la comunidad de Buena Vista contactaron a Abel Barrera y a su equipo de Tlachinollan, quienes interpusieron una demanda exigiendo que los niños y niñas de Buena Vista en edad preescolar, pudieran acceder a su derecho a la educación. Esto es un hecho sin precedentes por dos motivos: Primero, nunca antes una comunidad había demandado de manera colectiva el derecho a la educación; en segundo lugar, la demanda buscaba establecer la responsabilidad legal de la ausencia de garantía del derecho a la educación en dicha comunidad.

En México, como en nuestro propio país y en la mayoría de los países del  mundo, los mecanismos legales usados para defender los derechos políticos, como el derecho a votar, no funcionan bien para defender los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la salud o el derecho a la educación. Así que esta demanda tendrá implicaciones no sólo para la gente en México, sino para otras personas que intentan obtener justicia alrededor del mundo.

Después de diez años de lucha, casi tan pronto como la demanda fue presentada,  el gobierno asignó una maestra para Buena Vista como por arte de magia.

Consecuentemente, el gobierno de Guerrero presentó constancias de la adopción de esta medida ante el juez y aseguró que había cumplido con su deber legal de garantizar el acceso a la educación, por lo que pidió que la demanda se desechase. Cuando el juez accedió, la gente de Buena Vista apeló el caso y exigió no sólo la asignación de un maestro o maestra sino también el reconocimiento oficial de su escuela mediante la asignación de una clave de centro de trabajo y la provisión de los materiales necesarios para impartir ahí educación. Luego de ello, representantes del gobierno viajaron a Buena Vista e instaron a la comunidad a desistirse de su demanda.

Pero la comunidad perseveró.

Construir escuelas no es el objetivo del Centro RFK. pero apoyar a nuestros laureados del Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy a cambiar leyes y políticas, sí lo es. De esta forma, trabajamos lado a lado con Tlachinollan para apoyar las acciones legales que emprenden con las comunidades, escribiendo amicus curiae, y tratando de incidir a nivel federal en Estados Unidos y en el mismo México.

Además, como parte de nuestro trabajo, actualmente estamos acompañando una demanda en contra de Colombia respecto al derecho a la educación de los pueblos indígenas. La decisión de la Comisión y, eventualmente, de la Corte Interamericana podría beneficiar también a México.

Pero las demandas pueden tomar años y los niños y las niñas crecen rápido. Por eso hay que actuar en diversas vías. Eso lo sabía bien su abuelo Robert F. Kennedy, en cuyo nombre nuestro Centro trabaja por la justicia y los derechos humanos, quien entendía la importancia de cambiar la ley pero también la relevancia de no dejar pasar el tiempo cuando había que defender el derecho a la educación.

Cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió el Caso Brown VS el Consejo de Educación, y ordenó que las y los afrodescendientes pudieran integrarse a todas las escuelas públicas, poniendo fin con ello a la segregación educativa, a los poderes racistas que mandaban en el condado de Prince Edward, Virginia, se les ocurrió un plan de “resistencia”. En 1959, cerraron todas las escuelas públicas del condado; durante la noche, todas y todos los niños blancos acudían a escuelas privadas de reciente creación, mientras que las niñas y niños  afrodescendientes no corrían con la misma suerte.

Cuando su abuelo, Robert F. Kennedy, se convirtió en Procurador General de los Estados Unidos, presentó una demanda en contra del Condado de Prince Edward; – sin embargo,  consciente de que pasarían muchos años para que la demanda rindiera frutos en los tribunales-, creó al mismo tiempo la Escuela gratuita del Condado Prince Edward. Esta escuela reclutó a maestros y maestras a lo largo de todo Estados Unidos, y más tarde ese sistema educativo se convirtió en un ícono de la lucha en defensa de los derechos civiles.

Cincuenta años después, es lógico que, a iniciativa de su hermana menor Michaela, la organización de derechos humanos que busca justicia en nombre de Robert F. Kennedy, apoye en la construcción de una escuela en Buena Vista.

Durante nuestro viaje a la Montaña de Guerrero vimos amaneceres, puestas de sol y todo lo que trae consigo la vida en la comunidad, pero lo que no vimos fueron hombres jóvenes de entre 15 y 30 años. La única excepción era Misael, un joven Me’phaa de unos 17 años que activamente apoyó también en la construcción de la escuela.

Cuando preguntamos en dónde estaban todos los hombres de su edad, Misael explicó que ellos se habían unido al camino de la migración. Algunos como jornaleros en los campos agrícolas del norte de México, pero la gran mayoría en los Estados Unidos. Una de las razones de esta migración masiva es precisamente  el limitado acceso a la educación, lo que repercute en la inexistencia de empleos u oportunidades para personas de su edad. Existe una generación entera de personas viviendo una suerte de “Hunger Games” (Los juegos del hambre) de la vida real.

Comunidades desesperadas por dinero en efectivo, a menudo estarían de acuerdo en que cada familia enviara a un joven a los Estados Unidos, con el afán de ganar lo suficiente para pagar sus deudas en la comunidad. Saben que probablemente las mujeres podrían ser violadas en el camino y que los hombres también podrían morir cruzando la frontera, pero sin educación y en consecuencia, sin esperanza de conseguir un trabajo, El Norte es su única opción.

La primera vez que Misael intentó migrar hacia Estados Unidos, él tenía 15 años y se perdió en el desierto durante nueve días. La siguiente vez, fue encarcelado por agentes de la patrulla fronteriza, quienes le robaron los 1,500 dólares que él había conseguido tras 18 meses de trabajo. Finalmente, en su tercer intento, llegó hasta Nueva York pero fue capturado y deportado a una de las zonas más peligrosas de México. A partir de ahí, le tomó meses poder llegar a su casa. En este momento, está planeando cruzar la frontera por cuarta vez.

Estas son condiciones de vida que nosotros, en Estados Unidos, no toleraríamos para nuestros hijos o hijas o para cualquiera que trabaje con nosotros; pero para alguien como Misael, tener una oportunidad significa intentar cruzar la frontera y luego, trabajar 80 o 100 horas a la semana en la ruta de las y los migrantes, con un salario mínimo y en pésimas condiciones para que su comunidad pueda sobrevivir. Mientras tanto, el Gobierno de los Estados Unidos gasta cientos de millones de dólares para localizar a personas como Misael y deportarlas.

Nuestro trabajo en el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy es apoyar a Abel y a Tlachinollan a transformar el marco jurídico, y a construir con las comunidades de la Montaña un modelo educativo respetuoso de los derechos humanos que sirva a la gente de Guerrero, pero también a otros pueblos indígenas de México – y de hecho en todo el continente –;  una educación que contribuya a que un día la nieta de 3 años de María Isabel tenga más opciones que cruzar la frontera.

Con amor,

Mamá

 

 

* Kerry Kennedy es Presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK) y Presidenta honoraria de la Fundación Robert F. Kennedy de Europa.