Los impuestos también deben ser transparentes

Cuando en 2014 fue aprobada la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas de nuestra política tributaria quedó prácticamente intacta. A excepción de hacer pública la información sobre las personas y empresas que se benefician por la injusta práctica de condonar impuestos, desde una perspectiva del derecho humano al acceso a la información, el Estado no está obligado a hacer algo más.

Las consecuencias de este vacío se traducen en muchos obstáculos para poder evaluar si las personas y empresas más ricas del país están pagando lo justo. El problema es de tal magnitud que incluso en aquellos casos donde se favorece a los grandes contribuyentes del país, los datos no son confiables y las autoridades se niegan a transparentar información básica. Esta situación contrasta con las obligaciones alrededor del gasto público, donde las personas de bajos ingresos suelen ser los principales beneficiarios.

En Fundar, por ejemplo, en diversos momentos hemos solicitado que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transparenten información estadística de algunas exenciones multimillonarias—como el total de contribuyentes que se benefician de ellas—, y la respuesta ha sido unánime: la ley no nos obliga a eso. Aprovechando esa omisión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) i ha preferido confirmar las respuestas de las autoridades en lugar de realizar una prueba de interés público para fundamentar la apertura de datos, algo que era común en los asuntos relacionados con la condonación de impuestos.

Para avanzar hacia un sistema tributario más transparente, una posibilidad consiste en reformar la Ley General de Transparencia y así incrementar las obligaciones de todos los órdenes del gobierno. Una modificación de este tipo propiciaría que las autoridades federales, las entidades federativas y los municipios indiquen cuántos y quiénes fueron los beneficiarios de los apoyos fiscales vigentes, los cuales no se limitan a la condonación de impuestos.

En un sentido muy similar, la legislación podría incluir la obligación de transparentar periódicamente información relacionada con el pago del impuesto sobre la renta (ISR), un impuesto que deben pagar las personas en función de sus ingresos y que es sumamente importante para reducir la desigualdad. Esta obligación fue incluida en la ley de ingresos del 2017, pero el SAT se ha negado sistemáticamente a actualizar la información, y desafortunadamente el INAI ha preferido aceptar las negativas de la autoridad (RRA 12716/21).

Además de contribuir a que nuestras autoridades rindan cuentas, la transparencia fiscal es sumamente importante para prevenir que las elites económicas continúen aprovechándose de la poca información disponible para eludir y evadir impuestos.  Si queremos un sistema más justo, sin privilegios fiscales de ningún tipo, la información alrededor de nuestra política tributaria debe estar al alcance de todas las personas.

* Iván Benumea (@Benumea) es coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.

i Recursos en materia de acceso a la información (RRA) 12413/21 y 12417/21.