Los huachicoleros y la pérdida de gobernabilidad

Por: César Suárez

Los huachicoleros (ladrones de combustible vía tomas clandestinas en ductos de Pemex) son una expresión del daño que genera el crimen organizado al país y muestra la falta de gobernabilidad sobre ciertas partes del territorio. A pesar de los muchos recursos gastados en seguridad pública, las más de tres mil tomas clandestinas de oleoductos y las pérdidas para Pemex –de 30 mil millones de pesos tan sólo en 2016, según la paraestatal– evidencian la incapacidad gubernamental para frenar a estas bandas criminales.

Una de las principales fallas que el Estado mexicano tiene para combatir al crimen organizado es su enfoque sobre el contexto y las dinámicas de las bandas criminales en él. El Estado utiliza estrategias similares en el combate al crimen organizado independientemente del entorno. Una de las principales consecuencias de esta visión es el fácil aprendizaje, adaptación y/o innovación de los criminales ante las políticas de seguridad, lo que permite que retorne la violencia a lugares donde han intervenido las fuerzas de seguridad. Ejemplo de esto ha sido el regreso de la violencia en urbes como Ciudad Juárez o Tijuana, y en municipios de Michoacán y Veracruz.

Las bandas criminales han transformado sus dinámicas y sus espacios de acción a lo largo de los años. Mientras que a principios de 2007 los cárteles de la droga operaban principalmente en grandes metrópolis como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey y Reynosa, hoy en día las comunidades menores de cien mil habitantes se han convertido en los epicentros del crimen. Este cambio de espacio territorial implica que el modus operandi de las bandas criminales también se modifica dependiendo el contexto. Cuando en Monterrey el crimen organizado se ocupa al tráfico y venta de drogas, en lugares como Ayutla o Iguala las bandas capturan al gobierno local imponiendo presidentes municipales para extraer recursos públicos para su propio beneficio.

Este cambio de entorno ha generado mayores dificultades al gobierno mexicano para disminuir los niveles de violencia en el país debido a que las comunidades con tasas bajas de población normalmente cuentan con instituciones gubernamentales débiles. Esto aumenta la facilidad de su captura por parte del crimen organizado por dos razones: 1) la fragilidad del gobierno local para contener y someter a los criminales y 2) por la inserción de gran parte de la comunidad en las actividades criminales. Ejemplos claros de este fenómeno pueden observarse en los casos de la Familia Michoacana en zonas rurales de Michoacán y los Guerreros Unidos en lugares como Ayotzinapa e Iguala.

Por lo tanto, un territorio y sus características son indispensables para la operación de bandas criminales. En algunos casos facilitan o dificultan el surgimiento de actividades ilícitas.

En el caso de los huachicoleros, el territorio donde operan tiene características particulares. La extracción ilegal de oleoductos se encuentra repartida entre 15 municipios del país, de los cuales 13 tienen una densidad poblacional menor a cien mil habitantes. Además, en estos municipios la tierra está bajo un modelo de propiedad ejidal. Esto último tiene relevancia porque una cantidad importante de oleoductos pasan sobre tierras ejidales. En consecuencia, la relación ya sea de cooperación o sometimiento entre ejidatarios y crimen organizado podría ser estrecha.

Usando la reciente clasificación de municipios propuesta por Gustavo Gordillo y Thibaut Plassot (Gordillo & Plassot: 2017), las comunidades, dependiendo su densidad poblacional, están divididas en Metrópolis (superior a un millón de habitantes), Zonas metropolitanas y centros urbanos (entre 500 mil y un millón), Urbanos (entre cien mil y 500 mil), Urbanos pequeños (entre 50 mil y cien mil), Semiurbanos (entre 15 mil y 50 mil), Rurales (entre dos mil 500 y 15 mil) y Rurales pequeños (menos de dos mil 500 habitantes).

Considerando esta categorización, podemos observar que la mayoría de los municipios donde operan los huachicoleros son Urbanos pequeños. Respecto a los municipios que conforman el llamado triángulo rojo, el lugar donde se extrae el 34% del combustible, cinco de ellos son Urbanos pequeños y uno Rural. Estos municipios son Palmar de Bravo, Quecholac, Acajete, Acatzingo, Tecamachalco y Tecamachalco.

Presencia de huachicoleros

En el contexto de las comunidades urbano-pequeñas y rurales, las tierras ejidales son una característica importante en los territorios. El número de ejidos dentro de los 15 municipios con problemas de extracción de petróleo es de 439. Esto tiene un impacto importante en la gobernabilidad del territorio, porque hablamos de miles de hectáreas en conflicto y miles de ejidatarios posiblemente involucrados ya sea como participes del delito o como víctimas.

Al mismo tiempo, el fenómeno de los huachicoleros es de mayor complejidad debido a sus dinámicas intermunicipales, lo que hace de este acto delictivo un problema territorial. Por ejemplo, el lugar donde se ordeña el ducto, el traslado de la gasolina y su lugar de venta, pueden tocar distintas comunidades con características distintas como lo son lo urbano, urbano pequeños y rural. Esto hace del huachicol un problema de carácter territorial y no únicamente municipal o local.

Ante este panorama, un enfoque territorial sería de gran utilidad a las autoridades para combatir la ordeña ilícita de combustible. Bajo una visión de este tipo habría que comprender el entorno en el cual se lleva a cabo este delito, analizando las actividades intermunicipales que se encuentran en toda la cadena de producción huachicolera. Esto ayudaría a combatir la ordeña, y además el tránsito y venta del petróleo, y llevaría a la cárcel no sólo a habitantes de la comunidad inmiscuidos en el crimen, sino también a dueños de gasolineras y a altos funcionarios de Pemex.

Por otra parte, bajo esta visión las características de las comunidades cobran importancia y ayudan a entender las fortalezas y posibles debilidades de las bandas criminales. El resultado del uso de este enfoque podría generar políticas públicas menos punitivas y que utilizan la menor cantidad de fuerza posible.

Varios analistas han promovido el uso de tecnología para eliminar el problema de extracción de combustible. Sin embargo, si bien esto podría desincentivar a los criminales de realizar sus actividades ilícitas, no sacaría al crimen organizado de las comunidades y se fomentaría el cambio de giro delictivo hacia otras actividades como el secuestro o la extorsión.

El enfoque territorial es una herramienta de gran utilidad no solamente para el análisis del crimen organizado en el país, sino también para elaboración de políticas públicas en materia de seguridad. En el caso de los huachicoleros, el territorio donde operan se encuentra en comunidades de tipo urbano pequeño y rural.

Por lo tanto, la intervención debe ser más que militar, a causa de las debilidades institucionales que presentan los gobiernos locales. Esto implica generar políticas de reconstrucción territorial que contemplen la movilidad territorial de sus habitantes, su desarrollo urbano-rural, el rol de los ejidatarios en la comunidad y la relación del gobierno local con todos estos elementos. Si el gobierno desea retomar nuevamente la gobernabilidad del territorio, es necesario especificar las particularidades del territorio perdido para poder elaborar las políticas públicas necesarias para recuperarlo.

 

* César Suárez es investigador de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Representación México-Centroamérica.