blogeditor · 12 de agosto de 2020
Desde el año 2016, a través del reporte “Embarazo y Maternidad en la Adolescencia”, Save the Children alertó sobre el incremento sostenido en la tasa de embarazos adolescentes en México, así como la preocupante situación de los embarazos en menores de 15 años de edad.
Advertimos que los embarazos tempranos son resultado del incumplimiento de los derechos humanos de las y los adolescentes, generando efectos negativos en su educación, desarrollo, bienestar, salud y un factor importante en la reproducción del ciclo de pobreza. A su vez, representa un problema de salud pública que pone en riesgo la propia supervivencia de las adolescentes, debido a que se amplían las posibilidades de morir por complicaciones en el embarazo o parto, del mismo modo que aumentan las probabilidades de que sus bebés tengan un nacimiento prematuro o presenten bajo peso al nacer.
Desde entonces, emprendimos acciones para contribuir en la reducción de los embarazos adolescentes: impulsamos la prohibición del matrimonio infantil en 8 estados de la República, así como en el Código Civil Federal y brindamos elementos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional otorgar dispensas para que menores de edad se casen. Además, fomentamos programas sobre educación en salud sexual y reproductiva, acciones para la prevención y detección del abuso sexual infantil y promovemos modelos integrales de prevención, atención y restitución de derechos frente a embarazos tempranos. Asimismo, en las próximas semanas publicaremos una guía sobre la prevención del abuso sexual infantil y el embarazo adolescente frente a la pandemia provocada por la COVID-19.
Las causas de los embarazos tempranos son multifactoriales; se relacionan con la falta de acceso a métodos anticonceptivos, carencia de una educación integral en sexualidad, abusos, matrimonios o uniones tempranas y por una cultura patriarcal que valora a las niñas y mujeres a través de la maternidad y las labores de cuidado, reforzando roles de género que resultan desventajosos para las niñas y adolescentes. Es importante reconocer también que los embarazos en niñas y adolescentes son consecuencia de la violencia de género ya que puede ser resultado de relaciones sexuales forzadas, pero también de un ejercicio desigual de poder, lo cual afecta la forma en que ellas pueden tomar decisiones sobre sus relaciones, su cuerpo y su vida.
Recientemente el Consejo Nacional de Población (CONAPO) anunció que en los últimos cuatro años la tasa de embarazos adolescentes se redujo, pasando de 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años de edad a 68.5 en este 2020. A pesar de los progresos, al año más de 300 mil adolescentes entre 15 y 19 años, y alrededor de 5 mil menores de 15 años de edad, se convierten en madres; la mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados, y los de menores de 15 años podrían estar vinculados con casos de abuso sexual.
Si bien los progresos en la reducción de embarazos adolescentes han sido importantes, hoy más que nunca se requieren redoblar esfuerzos para que las consecuencias provocadas por la pandemia de la COVID-19 no retrasen los avances y se sigan fortaleciendo aquellas acciones necesarias para garantizar todos los derechos de las y los adolescentes frente a un contexto que no es muy alentador.
De acuerdo con estimaciones del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), el número de embarazos no deseados aumentará conforme se prologue el confinamiento1, ya que no asistirán a los servicios de salud por temor al contagio, porque puede existir un posible desabasto de métodos anticonceptivos, porque algunos centros de salud se han especializado en COVID-19 o por un posible incremento en los matrimonios y uniones tempranas.
Por otro lado, la CONAPO ha estimado que entre 2020 y 2021 aumentarán en un 20% las necesidades insatisfechas de acceso a métodos anticonceptivos, porcentaje que se traduce en un posible incremento de 21 mil 575 embarazos adolescentes no planeados2 (además de los más de 300 mil estimados anualmente).
En este contexto sumamos el factor de la violencia. Entre marzo y junio de este año, el número de emergencias 911 registró 90,314 llamadas relacionadas con violencia de género, un incremento de 48% con respecto al mismo periodo del año pasado. Muchas veces la violencia en el hogar puede estar acompañada de violencia sexual y como consecuencia embarazos no deseados; si bien la violencia sexual no está adecuadamente medida, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) proporciona información que comprueba que miles de mujeres vivieron violencia sexual siendo niñas efectuada, principalmente, por un familiar o persona cercana.
Frente a este panorama para lograr la reducción de los embarazos adolescentes, así como garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia, desde Save the Children proponemos las siguientes acciones para que, tanto el Estado como la sociedad tomen acción:
Sin duda, la reducción de los embarazos adolescentes requiere el compromiso de toda la sociedad y acciones a largo plazo que logren transformar las realidades de millones de niñas y adolescentes en el país.
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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1 Fondo de Población de las Naciones Unidas (2020), Repercusión de la pandemia de COVID-19 en la planificación familiar y la eliminación de la violencia de género, la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, disponible aquí.
2 Gabriela Rodríguez, Embarazos y COVID-19, La Jornada, disponible aquí.