Los desalojos anunciados por la pandemia

Son muchas las razones por las que la pandemia debe ser abordada desde una perspectiva del derecho humano a la vivienda adecuada. Una de ellas es porque el terremoto del SARS-CoV2 (COVIS-19) amenaza con generar un tsunami de desalojos. Contrario a los que muchos sectores han señalado en medios –sobre todo desde la industria de la construcción-, el golpe súbito no será las indudables afectaciones a los precios de propiedades, sino los desalojos que enfrentarán las personas que no puedan pagar las rentas atrasadas. Y el problema es que, al igual que otras administraciones, para el gobierno federal y los de las entidades federativas hablar de vivienda es hablar únicamente de compra-venta inmobiliaria, ignorando el papel que juegan los alquileres en el disfrute de este derecho.

En México el 15.9% de las viviendas –es decir, más de 4 millones- son alquiladas. Ya en este espacio había señalado con anterioridad1 cómo el marco legal de las entidades federativas facilitan los desalojos incluso sin permitir el debido proceso y el acceso a la justicia de las personas inquilinas de conformidad con los estándares internacionales. Estas deficiencias legislativas que han sido arrastradas históricamente en la tradición jurídica mexicana son la base de la inminente crisis de vivienda que la pandemia ha venido a activar.

Por si fuera poco, la posibilidad de encontrar alternativas presenta otros obstáculos. Actualmente las entidades federativas cuentan con funciones muy limitadas para ajustar sus legislaciones internas. El 15 de septiembre de 2017 se publicaron las reformas constitucionales que facultan al Congreso de la Unión para crear un código de procedimientos civiles único a nivel nacional, en el cual se contemplarían, entre otros, las condiciones y presupuestos de los juicios de arrendamiento. Sin embargo, el Poder Legislativo a nivel federal no ha emitido ese código. Esto nos coloca en un punto muerto, dado que por un lado las entidades federativas no pueden modificar sus códigos de procedimientos civiles aún vigentes para dar más garantías a las personas inquilinas, y por el otro el Congreso de la Unión no emite la nueva legislación a nivel nacional.

Pareciera que las posibilidades de maniobra se centran en la esfera federal, la cual es menos accesible para grupos vecinales y movimientos populares urbanos a lo largo del territorio nacional. Con las legislaciones vigentes de estados como Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán, es de esperarse un drástico aumento de desalojos sin posibilidades reales de defensa por parte de las personas inquilinas. Además, esta consecuencia será tan agresiva como invisible, puesto que actualmente ninguna entidad del país lleva propiamente datos oficiales del número de desalojos de vivienda que se realizan en su jurisdicción.

Hasta ahora, el gobierno federal ha abordado el asunto de la vivienda frente a la pandemia a través de alternativas dirigidas a la compra-venta o al subsidio para la construcción, las cuales si bien son positivas en nada atienden a la situación de aquel poco más de 15% de las viviendas del país que rentan el lugar que habitan.

¿Cuáles podrían ser las alternativas? En primer lugar, el gobierno federal debería abrir espacios de diálogo para la formulación de propuestas legales y de políticas públicas que puedan ayudar a contener los desalojos y a ayudar a generar tanto coordinación como acuerdos entre las personas inquilinas y las propietarias de las viviendas. Por su parte, las entidades federativas pudieran, por ejemplo, ordenar la suspensión de todos los desalojos judiciales hasta un plazo razonable como a fin de año. Muchas ya han suspendido los lanzamientos hasta el fin de la contingencia de salubridad, pero debiera considerarse la necesidad de un período posterior razonable para la búsqueda de acuerdos entre las partes que permitan evitar y mitigar el impacto de los desalojos.

Y por supuesto: esta situación debe servir como punto de quiebre para reconocer que en México no se cumplen con los estándares internacionales en materia de derecho a la vivienda adecuada de las personas inquilinas. El inminente nuevo código de procedimientos civiles a nivel nacional es una oportunidad para cambiar el paradigma de la vivienda de alquiler, entendiéndola no como un mero artilugio de consumo sino como una relación privada para atender a una necesidad pública.

@kalycho

1 Animal Político. “Pagar la renta en tiempos del COVID-19”, 23 de marzo de 2020. Disponible en formato digital a través de este enlace.