Los derechos y las libertades como precursores del desarrollo

Empecemos por lo bueno: nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente había vivido con tantos derechos y libertades. Lo mejor: el número sigue creciendo con el paso del tiempo. Al menos esto es lo que dice Daron Acemoglu –uno de los más prestigiados economistas del desarrollo- en su ensayo “The rights revolution and beyond” (“La revolución de los derechos y más allá”). De acuerdo a Acemoglu, durante los últimos 100-150 años el mundo ha experimentado una “revolución de los derechos”. Estos derechos no solo se limitan a derechos políticos, también se han podido conquistar un gran número de derechos civiles y libertades individuales. Por ejemplo, Acemoglu recuerda que hace un siglo las mujeres no tenían derecho a votar prácticamente en ningún país, y qué decir de la inexistencia de derechos para las minorías étnicas, religiosas y sexuales (en la Inglaterra de 1895 Oscar Wilde fue condenado a prisión por ser homosexual).

Lo malo: aún falta mucho por avanzar; la mayoría de la población mundial aún vive bajo autocracias o democracias no consolidadas en las que diariamente son violados los derechos humanos más básicos.

¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo sostenible?

Pues bien, contrario a lo que comúnmente se piensa con respecto a que las sociedades van conquistando derechos y libertades conforme van siendo más prósperas, Acemoglu señala que esto es de forma inversa, es decir, en realidad los derechos y libertades son los precursores del crecimiento económico y el desarrollo.

Para sostener lo anterior, Acemoglu plantea que el desarrollo tecnológico es el principal motor del crecimiento económico de los países y que son las instituciones, políticas y económicas, las que marcan el ritmo y grado de difusión del desarrollo tecnológico. A su vez, dice, la evolución de estas instituciones son consecuencia (y causa, conforme evolucionan) de los derechos y libertades que la sociedad va adquiriendo. Por supuesto, cuando habla de instituciones se refiere a “las reglas del juego”, formales e informales, que regulan las transacciones políticas y económicas de un país.

Para su análisis, Acemoglu divide a las instituciones en inclusivas y extractivas. El desarrollo tecnológico, menciona, se da mucho más fácil bajo instituciones económicas inclusivas, es decir, las que proveen incentivos para la innovación (p.ej. derechos de propiedad, pocas barreras de entrada, buenos servicios públicos e infraestructura). Las instituciones económicas inclusivas, agrega, se soportan en instituciones políticas también inclusivas, que generalmente cumplen dos características: 1) una distribución amplia y plural del poder para que ninguna persona o grupo político pueda ejercerlo de manera arbitraria y sin contrapesos, y 2) un Estado lo suficientemente fuerte para proveer orden y seguridad a la sociedad y para ejercer el monopolio de la violencia (sin tener que compartirlo con la delincuencia organizada, por ejemplo).

[contextly_sidebar id=”SPQEByRDiEbSv6pPGjw30268l3zatHAO”]En el otro extremo se encuentran las instituciones económicas extractivas, en donde solo se respetan los derechos de propiedad de algunos, los incentivos están alineados para beneficiar a una minoría, hay monopolios y una regulación que entorpece la entrada al mercado. Además, no hay igualdad de oportunidades porque la infraestructura y los servicios públicos son generalmente malos o simplemente inexistentes. Estas instituciones económicas se soportan en instituciones políticas extractivas, caracterizadas por la concentración del poder en una élite política (que se trastoca con la económica) para la cual no existen contrapesos reales. En muchos casos, estas instituciones son parte de un Estado débil que no es capaz de proveer seguridad y orden a sus ciudadanos.

Tanto las instituciones extractivas como las inclusivas generan inercias que hacen que sea muy difícil transitar de un tipo de instituciones a otro. La “élite extractiva” generalmente se opondrá a reformas que limiten o pongan en riesgo su poder. En la política extractiva es difícil que nuevos actores puedan participar y se cuenta con pocos o nulos mecanismos de rendición de cuentas. En lo económico, existen monopolios en varias industrias, así como actores cercanos al poder (y muchas veces dentro de él) que pueden hacer negocios al amparo del Estado. En el otro extremo, bajo las instituciones inclusivas, se crean mecanismos y contrapesos que dificultan la concentración de poder en unos cuantos. Políticamente, la cancha es más pareja ya que cualquier actor interesado en participar tiene los mecanismos para hacerlo con libertad y también existen contrapesos como la división de poderes y una prensa libre e independiente. Económicamente, se respetan los derechos de propiedad de todos, las barreras de entrada son pocas y hay infraestructura y servicios públicos de calidad. Además, el Estado cuenta con mecanismos efectivos para proveer seguridad y justicia a la sociedad.

No se trata de dicotomías. Es evidente que son pocos los países que se encuentran en los extremos (¿Noruega y Corea del Norte?) y el resto tienen características mixtas que los situarán de un lado u otro de la balanza.

Se podrá estar de acuerdo, o no, con este marco teórico, pero mientras leía a Acemoglu, no dejaba de pensar en México. Nuestro país ha tenido avances significativos en las últimas décadas, pero nuestras instituciones siguen estando mas cercanas a lo extractivo que a lo inclusivo. Si queremos avanzar hacia el desarrollo sostenible, las reformas en las que nos debemos enfocar son en las que otorguen más derechos y libertades a la ciudadanía, que se traduzcan en mejores esquemas de participación política y rendición de cuentas (política y judicial), sistemas efectivos de seguridad y de justicia, una burocracia profesionalizada y políticas de inclusión económica y social para disminuir el impacto de la desigualdad.

Si bien es cierto que las inercias hacen difícil transitar de un tipo de instituciones a otras, hay coyunturas históricas que hacen que las sociedades, a través de sus muchas formas de incidencia y participación, presionen para lograr cambios que les otorguen mayores derechos que con el paso del tiempo, deriven en sociedades más inclusivas. Me pregunto si en México estamos pasando por una de esas coyunturas.

 

* José I. Lobo (@pepelobo78) es especialista en seguridad ciudadana y desarrollo internacional, cuenta con una Maestría en Política Pública y Desarrollo Internacional por la Universidad de Georgetown y actualmente es consultor del Programa para Latinoamérica de Open Society Foundations.