blogeditor · 1 de febrero de 2016
México en el Siglo XXI es un país de migrantes. En Estados Unidos viven 33 millones de personas que se reconocen como mexicanos, 11 millones de ellos nacieron en México y 22 millones en Estados Unidos. Aunque para las magras políticas de atención a mexicanos en el extranjero, el gobierno mexicano solamente hace referencia a los 11 millones de mexicanos nacidos en el territorio nacional y residentes en el extranjero, constitucionalmente también son mexicanos los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero y deben ser contemplados por cualquier política gubernamental.
El aporte de estas 33 millones de personas para ambos países no puede ocultarse. A México, en 2015, llegaron más de 20 mil millones de dólares por concepto de remesas, lo que convierte al país en el mayor receptor de remesas en América Latina (según información del Banco de México) con Michoacán y Guanajuato como los principales destinos.
[contextly_sidebar id=”19QiFBhC8hNb6IGa2HhSH2C64iYzwseV”]Para los Estados Unidos es referencia del grupo de población más joven con una edad mediana de 27 años, en contraste con los 42 años de edad mediana de los blancos y de los 33 años de los afroamericanos. En lo económico su presencia representa un poder de compra de 1.2 billones de dólares (cantidad similar al producto interno de México); en este escenario económico una de cada cinco nuevas empresas son producto del trabajo de esta comunidad. Su ingreso promedio es de 50 mil dólares anuales (y creciendo) lo cual es superior al ingreso promedio de los países conocidos como BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
No obstante su impacto demográfico, económico y social, el reconocimiento y protección de sus derechos sigue siendo una deuda pendiente. Se estima que 3.2 millones de mexicanos se beneficiarían con los programas de alivio migratorio anunciados por el presidente Barak Obama (DACA y DAPA por sus siglas en inglés). No obstante, la suspensión judicial que ha impedido su plena implementación mantiene a estas personas en la incertidumbre legal. Por otro lado, de los 33 millones de mexicanos, 18 millones son mayores de 18 años, lo que les permitiría ejercer sus derechos políticos, sin embargo, viviendo en la democracia más antigua del continente y proviniendo de una de las más jóvenes, pero más extensas por su población, estos derechos les son negados por falta de mecanismos para garantizarlos plenamente. Por ello, el punto medular de la reforma política de 2014 para estos mexicanos consiste en el derecho de obtener su credencial para votar con fotografía fuera del territorio. Este documento que se ha convertido en la principal identificación de los mexicanos, casi comparable con una cédula de identidad nacional, es la llave para permitir el ejercicio de derechos políticos.
Ejercer plenamente los derechos políticos permitirá introducir temas en la agenda nacional que se mantienen intocados, como la colaboración que el gobierno mexicano debe ofrecer a sus nacionales en Estados Unidos para alcanzar una reforma migratoria que beneficie a ambos países. Por otro lado, para México es indispensable construir una alianza duradera con su diáspora como socios para el desarrollo.
El convenio firmado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional Electoral es el primer paso para el reconocimiento de derechos de los mexicanos en el extranjero. Aunque su primer meta se encuentra en credencializar a 500 mil personas, su verdadero objetivo deben ser los 18 millones de mexicanos.
Finalmente, es indispensable considerar que la participación de la diáspora mexicana no se puede establecerse en el vacío. Deben considerarse como una parte integral del desarrollo y no de forma marginal. El aporte de los mexicanos en el extranjero -con su capital financiero, intelectual y social- al proceso de desarrollo no sustituirá el crecimiento de los recursos internos, pero sí puede contribuir a su desarrollo.
* Daniel Tacher Contreras es Coordinador del Observatorio Binacional Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.