Los derechos humanos no se protegen blindando fronteras

Por: Diana Martínez, Gabriela Morales, Jose Loera e Irazú Gómez

Es evidente el papel fundamental que la prensa nacional e internacional tiene en las decisiones gubernamentales y en la manera en cómo se desarrolla la agenda pública en materia migratoria en nuestro país. Hace algunos años las violaciones a derechos humanos en contra de migrantes tomaron exposición internacional a raíz de la matanza de 72 migrantes en un rancho en San Fernando, Tamaulipas. Este hecho significó un parteaguas, al menos en el discurso, del gobierno mexicano, el cual no pudo seguir evadiendo una realidad de abusos y violaciones denunciado años atrás por organizaciones civiles y por instancias nacionales e internacionales.

Este año, una vez más los medios de comunicación marcaron la agenda migratoria nacional y regional. Bastó la publicación de fotografías de menores migrantes centroamericanos/as hacinados en centros de detención en Estados Unidos para que se hablara de crisis humanitaria, refiriéndose a la compleja situación que se vive en la región y que pone a los menores no acompañados como reflejo de la crisis que se vive, particularmente en Honduras, pero que afecta a toda Centroamérica. Ahora bien, cada quien según su interés mira la crisis con diferente perspectiva, algunos hablan de la crisis de manera unilateral, como es el caso del gobierno de Estados Unidos, otros, como México, tratan de hablar de crisis regional, con causas estructurales, pero en los hechos hacen los mismo que Estados Unidos, abordan el tema con una visión limitada.

En este sentido, Estados Unidos anunció la colocación de casi 10 millones de dólares de la Iniciativa Mérida para frenar la llegada de menores a su territorio, además de la firma de un Memorándum de Cooperación en Materia de Seguridad Interna entre el Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Este programa deja clara la estrategia geopolítica que coloca a México como el país rompe olas de la migración irregular y la postura regional de contener los flujos migratorios desde el sur.

Este impulso no es nuevo, ni surge de improviso por esta coyuntura; la Iniciativa Mérida lleva años en funcionamiento, generando un progresivo incremento del control en la frontera sur, bajo una mirada unilateral de seguridad nacional. Unido a esto, la política del gobierno federal mexicano, antes de lo sucedido con los y las niñas migrantes, ha sido impulsar el llamado “blindaje de la frontera sur”, que comienza su implementación con los hechos recientes. La primera, de las pocas declaraciones, del Presidente Enrique Peña Nieto en materia migratoria desde que asumió su cargo fue hablar de la creación de una “Border Patrol” en el sur, intención que ahora parece se está cumpliendo de manera simulada.

Si revisamos las recientes declaraciones que hicieron el Presidente de la República y el Secretario de Gobernación sobre dicho Programa, nos encontramos con más de lo mismo, políticas y propuestas anacrónicas; sin embargo, México se muestra al mundo como el país que está haciendo algo por esta crisis humanitaria, en realidad está haciendo el “trabajo sucio” al gobierno estadounidense.

Vamos por partes, la presentación del Programa Frontera Sur se enfoca en enaltecer los supuestos beneficios que este traería, sin embargo, resulta ambiguo en torno a “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región. Por ejemplo, en el Decreto mediante el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur no aparecen suficientes referencias a mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos, ni a que estos sean un eje transversal de dicho Programa. Por el contrario, se hace referencia a un adecuado flujo de personas, sin especificar ni definir a que se refiere el término “adecuado”. En este sentido son varias las interrogantes que surgen, por ejemplo con respecto a si hay un tope de visas de visitantes regionales ¿Se tiene previsto crear nuevos puntos de revisión en los límites de los estados fronterizos? ¿La persona que cruce a otro estado y sea detenida por agentes migratorios está en posibilidad de acogerse a un retorno asistido? ¿Se tiene contemplado el impacto y la infraestructura necesaria para recibir al nuevo flujo de visitantes regionales?

La primera línea del Programa establece un paso formal y ordenado, traducida en “certidumbre a la estancia temporal de migrantes, favorecer la convivencia entre los habitantes y el fortalecimiento de intercambio de información entre autoridades”, sin embargo, pareciera que el énfasis se centra en la obtención de información de las personas guatemaltecas y beliceñas que ingresen al territorio mexicano. Es insuficiente la información respecto a “garantizar un adecuado flujo de personas”, esta medida sugiere que la frontera de México se recorrerá a los estados fronterizos que fungirán como una zona de tolerancia para migrantes, que además estarán registrados en bases de datos mexicanas, pero con la posibilidad de que estados de otros países cuenten con esa información. Esta medida podría significar un riesgo a personas que requieran protección internacional, contraviniendo ordenamientos internacionales en la protección de personas refugiadas y solicitantes de asilo.

La segunda línea de acción se refiere al ordenamiento fronterizo y a la seguridad para los migrantes, cuya medida principal es cambiar de nombre a los puntos de internación y revisión aduanales, es decir, de ser llamados garitas a ser “Centros de Atención Integral al Transito Fronterizo” (CAITF), estando evidente el uso de eufemismos para suavizar el concepto y al lograrlo endurecer la realidad, que es un mayor control en la frontera.

En la operación de estos CAITF está mencionada la Secretaría de Gobernación, sin embargo, no observamos la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ( COMAR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y también de la sociedad civil organizada, quienes podríamos ejercer una labor de monitoreo de los derechos humanos en estos centros.

La tercera línea de acción se refiere a la protección y acción social a favor de los migrantes. Se hace referencia a unidades médicas que ya existen en Chiapas y mejorar las condiciones en que operan los albergues y estaciones migratorias además del apoyo en los albergues del DIF. Este esquema una vez más se centra en las consecuencias sin abordar las causas, el mismo Presidente Peña Nieto en su discurso de presentación del Programa hizo referencia a espacios adecuados para la atención de niñez migrante no acompañada en tanto se concreta su proceso de repatriación, sin hacer una acotación sobre la necesidad de atender la situación particular de aquellos menores que enfrentan situaciones que impidan el regreso a sus países de origen, mucho menos de cómo se garantizará la identificación de ciertos perfiles que requieran protección internacional. La realidad es muy distinta, la situación de precariedad en los Albergues del DIF de los estados del sur es alarmante o las condiciones de vida y debido proceso en las Estaciones Migratorias han sido denunciadas de manera reiterada por observadores independientes. Estas instancias no cuentan con programas de alojamientos especiales para personas migrantes, el cual requiere un trato distinto al de otras poblaciones por la vulnerabilidad que viven.

El gran tema ausente en el Programa Frontera Sur es el de la protección internacional, el hecho de no garantizar la adecuada identificación de solicitantes de asilo en fronteras y rutas migratorias es sumamente grave ante el principio de la no devolución. Sabemos que la Ley sobre Refugiados y su Reglamento y la COMAR son parte central de una plataforma que debe garantizar el acceso a la protección de quienes lo necesitan, pero sin la adecuada identificación y posterior acceso al procedimiento y consecuente atención resulta ineficaz.

El Programa debería incluir mecanismos como los Lineamientos Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles y Mecanismos de Referencia de Poblaciones Migrantes en Condición de Vulnerabilidad, adoptados por la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) para asegurar una correcta identificación de población vulnerable y su canalización a instancias correspondientes que puedan brindar atención antes de ser rechazadas. Es importante involucrar a la sociedad civil organizada para coadyuvar en estos procesos.

En definitiva, es complicado creer que este programa vaya a cambiar la situación de la migración en la frontera de la sur. Es un intento más de control impuesto por el gobierno de Estados Unidos, al que se subordina el gobierno mexicano, desde una mirada limitada de la migración. Mientras tanto, la sociedad civil organizada seguiremos haciendo el trabajo del gobierno mexicano, dar atención humanitaria y defender los derechos humanos de quienes fueron abandonados, primero por sus Estados de origen y luego reprimidos y criminalizados por los Estados de tránsito y destino, negándoles su derecho a migrar o solicitar protección internacional.

 

 

* Diana Martínez (Sin Fronteras), Gabriela Morales (CDH Fray Matías) Jose Loera (Casa Refugiados) e Irazú Gómez (Ibero Puebla). Los cuatro son miembros del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria @GTPM_MX