Los derechos de víctimas en Veracruz, entre avances legislativos y la...

El 29 de junio de 2012 se creó en Veracruz, mediante decreto del Poder Ejecutivo, la Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito (CEEAIV), esto inclusive antes de que la Ley General de Víctimas1 creara la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En Veracruz la creación de la CEAIV, a la par del surgimiento del primer colectivo de familiares de personas desaparecidas, hizo que el tema de las víctimas y personas ofendidas por la comisión de delitos cobrara gran relevancia, debido al aumento de la vulnerabilidad e indefención de las mismas.

Cabe resaltar el papel del primer colectivo de familiares de personas desaparecidas, ya que previo a su surgimiento las ayudas que solicitaban al gobierno eran consideradas como concesiones o parte de las actividades políticas y dádivas de los gobernantes en turno, fueran estos de carácter municipal, estatal o nacional. Estos colectivos dieron un empuje significativo a la creación de nuevos espacios y canales de comunicación (hasta antes inexistentes) con la autoridad para plantear demandas.

Veracruz iba a la vanguardia en papel, pero distaba mucho de que en la práctica existieran procedimientos claros que recogieran, atendieran, mitigaran y solucionaran los hechos que colocan a las familias en el centro del hecho victimizante con todas las consecuencias que esto acarrea.

Lo que sucedió, de manera paralela, fue un intento de operativizar la atención a Víctimas en Veracruz mientras que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito a nivel federal, creado desde el sexenio de Felipe Calderón, fue remplazado en 2014 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

A la fecha las decisiones gubernamentales para legislar, crear, modificar y operativizar la atención a víctimas sugiere que no se ha creado estructura funcional a medida de las demandas de las personas que han sufrido un hecho victimizante de manera directa o indirecta.

Cabe indicar que el avance en materia legislativa e institucional ha significado otorgar las condiciones para que las Comisiones de Atención a Víctimas (incluida la reforma de 2017) tanto a nivel federal como en los estados adquieran capacidades para registrar, atender, facilitar las medidas de ayuda y en los casos que aplican, orientar a la reparación del daño.

Para el estado de Veracruz, la reforma de 2017 a la Ley General de Víctimas que creó a la CEEAIV después de un arduo proceso de participación ciudadana acontecido en el año 2018, impulsado por familiares de personas desaparecidas y víctimas de otros delitos (particularmente feminicidios y homicidios), derivó en una histórica asignación presupuestal para que la Comisión Ejecutiva Estatal dispusiera de un presupuesto para gastos de operación y en 2019 de la asignación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Situación que permitió a las víctimas del fuero común acceder a medidas de apoyo de manera más uniforme y con una mayor periodicidad, pues en este momento se puede disponer del fondo.

Entre estos avances -que lo son, pero que en ocasiones no se perciben particularmente desde la mirada de las víctimas- es necesario colocar sobre todo la legalidad, la objetividad y la ética.

Es necesario hablar de la CEAV cuando esta ha sido una referencia a las aspiraciones de apoyos y medidas de atención para las víctimas en los estados (lo cual precisa también señalar una alta demanda en la federalización de los casos que implican ser víctima directa o indirecta de un delito). La CEAV se ha convertido en una institución de la cual se demandan muchas cosas, que institucionalmente se han otorgado en coyunturas políticas, pero que en la cotidianeidad no son sostenibles. Otra cosa que merece ser señalada es que desde su creación, la CEAV ha sido verdaderamente poco efectiva en brindar asesoría jurídica a las víctimas.

Desde un contexto nacional puede advertirse una crisis que aparejada con los cambios políticos desdibujan el panorama y el futuro de la propia CEAV. Entonces queda la responsabilidad de los estados y para esto en Veracruz, además de lo ya señalado, también la CEEAIV tiene enormes retos que deben ser asumidos y vistos, en medida de lo posible, en su justa dimensión, abarcando el manejo político-institucional del gobierno local sobre el tema de víctimas, la asignación de medidas de ayuda en procesos extraordinarios, hasta los anhelos de las mismas víctimas por la federalización de sus casos para poder acceder a medidas de ayuda superiores. Lo anterior, para un número de víctimas que crece exponencialmente en la demanda de registros y atenciones.

Entre otras, las medidas otorgadas por los estados y por la federación son dispares entre sí, pero a continuación a manera de recuento, se enumeran los retos de las Comisiones de Víctimas:

• Los registros deben ser garantizados para todas las víctimas, una vez que estas acrediten tal calidad.
• La capacidad institucional debe ser multidisciplinaria y efectiva de tal suerte que las demandas dejen de centrarse exclusivamente en las ayudas económicas.
• Las medidas de ayuda deben garantizarse para aquellas personas que acrediten la calidad de víctimas sin que en ello exista privilegio o exclusión a víctimas individuales o colectivizadas.
• La asesoría jurídica se debe fortalecer de tal manera que coadyuve a modificar las vulnerabilidades de las víctimas, sobre todo en el acceso a la justicia.
• En el plano político, la situación de víctimas debe abordarse de manera responsable de tal suerte que los poderes legislativo y ejecutivo propicien no solo la mejora en el marco legal, sino que los presupuestos que garanticen la suficiencia de los recursos para atender por un lado la estructura y a las personas usuarias sean suficientes.
• Los recursos que se destinen para ayudas económicas no deben ser burocráticas pero en medida de lo posible deben dejar de usarse como medidas de contención política.
• Se debe pensar en la responsabilidad de Estado para hacer frente a la situación de las víctimas. Esto implica entre otras muchas otras cosas:
  • La prevención del delito
  • La garantía del acceso a la justicia
  • La creación de estrategias interinstitucionales
  • Diagnosticar oportunamente las necesidades de las víctimas

La atención de lo anterior en términos generales, sin que se considere como una receta infalible, podría contribuir a aclarar el papel de las comisiones de víctimas, pero más aún a que las comisiones funjan como las instituciones garantes efectivas de los derechos de las personas víctimas de un delito o de violaciones de derechos humanos y no como instituciones que utilizan estos derechos como una una propaganda incumplible.

* Anais Palacios (@lafcadia) integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (@IMDHyD).

 

 

1 Ley General de Víctimas.