blogeditor · 28 de noviembre de 2014
Cuando renunció el Presidente Alemán, Christian Wulff, en 2012, dijo: “He dejado de contar con la confianza de la población, por esta razón ya no me es posible ejercer mis funciones y es por ello que he decidido renunciar”. Sobre Wulff caían fuertes sospechas de cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía contra la Corrupción en Alemania solicitó que se eliminara la inmunidad que protegía al Presidente para poder investigarlo. Dos años después lo absolvieron. Lo que se aplaude de Wulff es que entendió en el momento oportuno que sin confianza no hay legitimidad y sin legitimidad no se puede gobernar.
Ayer, Enrique Peña Nieto reconoció la seria crisis de seguridad en México. Al inicio de su discurso el Presidente condenó enfáticamente la privación ilegal de la libertad de los normalistas. Mal inicio si se quiere reconocer que la crisis de seguridad está ligada con el gobierno. Los estudiantes de la normal son víctimas de desaparición forzada. La privación ilegal de la libertad la cometen los particulares, la desaparición forzada es un delito que cometen los servidores públicos. Al cambiar el nombre del delito excluye al gobierno de la responsabilidad de los hechos ocurridos en Iguala.
El Presidente dijo algo en lo que todos estamos de acuerdo: “Después de Iguala, México debe cambiar” y propuso una serie de medidas para lograrlo. A simple vista las propuestas parecen sensatas aunque muchas de ellas no son nuevas, como la cédula de identidad, redefinir competencias en materia penal, e incluso el número de emergencias nacional que ya está previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En estas propuestas lo importante será pasar de los discursos a los hechos.
El resto de las propuestas hay que analizarlas detenidamente:
Si existe inmunidad la violencia seguirá porque los hechos que no se castigan, se repiten. Un compromiso real con la seguridad sería que el Presidente eliminara el fuero para poder proceder penalmente contra funcionarios de todos los niveles, tomarse en serio la elección trasparente de un Fiscal Anticorrupción independiente e imparcial con capacidad real de investigar y sancionar a quien sea, y proponer que la Fiscalía empiece por investigarlo a él por los nexos entre el grupo Higa y la “Casa Blanca” propiedad de su familia.
Mientras la estrategia del Presidente contra la corrupción lo excluya a él y a sus compas, la confianza y la legitimidad en su gobierno seguirá perdida.