Los claroscuros de la transparencia fiscal

Esta semana se publicaron los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA), un ejercicio donde se evalúa la transparencia, la participación ciudadana y la vigilancia del presupuesto público en 120 países del mundo. Desde Fundar nos dimos a la tarea de analizar la situación de México durante el ejercicio fiscal 2020, y en este breve artículo desarrollamos los principales resultados:

Transparencia Fiscal

Para evaluar la situación de la transparencia fiscal, la EPA analiza la disponibilidad y accesibilidad de ocho documentos presupuestarios básicos que todo gobierno debería proporcionar, como el Proyecto de Presupuesto y los informes trimestrales respecto al ejercicio del gasto.

En este indicador, México obtuvo una calificación de 82/100, lo que lo ubica en el 5to lugar en transparencia fiscal de los 120 países evaluados. Este resultado sin duda son buenas noticias, aunque para alcanzar una calificación perfecta México debe ampliar la información sobre la gestión de sus ingresos, como son los activos y riesgos fiscales, y también sobre las fuentes de sus donantes.

Participación ciudadana

La transparencia en sí misma no es suficiente para promover que el presupuesto público incluya las necesidades de las personas, y por eso la EPA evalúa el grado en que el ciclo presupuestario posibilita la participación de la ciudadanía y, particularmente, de los grupos en situación en discriminación. En este aspecto, México obtuvo una calificación de 22/100, ocupando el lugar 25° en la lista de países participantes.

La participación ciudadana en la toma de decisiones presupuestarias es una tarea en donde prácticamente todas las autoridades hacendarias han fallado. Por lo tanto, la EPA recomienda que el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) implementen mecanismos de participación que logren involucrar real y efectivamente a la ciudadanía a lo largo del ciclo presupuestario.

Vigilancia del Gasto

El último componente evaluado corresponde a la vigilancia del gasto, es decir el grado en que la ASF y el Poder Legislativo supervisan adecuadamente cómo son gastados los recursos públicos. En este aspecto, México obtuvo una calificación de 63/100, cuatro puntos más que en la edición de 2019 de la EPA.

Aunque en nuestro país estas instituciones vigilan adecuadamente el proceso presupuestario, la EPA 2021 revela que el Legislativo debe fortalecer sus mecanismos de fiscalización, pues una vez que se aprueba el presupuesto no se vigila cómo se gasta. En el caso de la ASF —y cómo hemos documentado anteriormente a raíz de la denuncia ciudadana por el caso de Huitzilzingo— es indispensable que esta institución fortalezca la atención y el seguimiento de los mecanismos de denuncia ciudadana, y hacer todos los esfuerzos posibles para lograr que sus recomendaciones realmente se cumplan. 

Los puntajes obtenidos por México revelan que la situación no ha cambiado significativamente a comparación de la edición 2019 de la EPA. Nuestro país publica suficiente información a través de herramientas que se han fortalecido a lo largo de los años, como el sitio de Transparencia Presupuestaria, pero la participación ciudadana y la vigilancia del gasto no han seguido la misma tendencia.

Por tratarse de un ejercicio internacional que exige una metodología rigurosa y aplicable en los 120 países participantes, la EPA no mide otro tipo de problemas que, en el día a día, obstaculizan la rendición de cuentas en materia fiscal. Entre estos problemas se encuentran las deficiencias en torno a los padrones de personas beneficiarias, la prevalencia de la seguridad nacional como argumento para clasificar y reservar información, y la propia decisión reciente de la SCJN, quien abrió la puerta para que las autoridades impugnen las decisiones del INAI.

Bajo este difícil contexto, la EPA representa un piso mínimo que no debería retroceder y al mismo tiempo nos recuerda que en otros aspectos básicos del presupuesto la ciudadanía no tiene posibilidades de participar. Desde Fundar continuaremos trabajando para impulsar aquellos cambios que garanticen un presupuesto público participativo, incluyente y con perspectiva de derechos humanos.

* Iván Benumea y Paulina Castaño son parte del equipo del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.