Los cisnes negros de la Reforma Laboral

Las nueve estrategias para la implementación de la reforma laboral aprobadas por el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral están en marcha. El primer bloque de diez estados en implementar este año los centros estatales de conciliación, crear los juzgados laborales, y desaparecer las juntas locales de conciliación y arbitraje se encuentra en algunos casos en marchas forzadas.

Los temas presupuestales, organizacionales y de comunicación con los poderes legislativos y judiciales podríamos decir son los temas que aletargan a los estados de forma considerable y que eventualmente provocarían cisnes negros.

La desaparición de las juntas de conciliación es otro asunto que será la verdadera traba de la implementación en caso de no darle la atención merecida, pues en el orden nacional solo el 4% del personal adscrito a aquéllas se dedica a conciliar. Dicho de otro modo, las juntas de conciliación no concilian. Las conciliaciones previas a juicio por conflictos individuales, aunque crecieron en un 5.89% anual, contrastan con la baja de asuntos totalmente concluidos; es decir, se acumula más rezago de lo que se abate. Incluso las conciliaciones colectivas decrecieron un 2.52%. Chihuahua encabeza la lista de conciliaciones individuales con un 78.67%, esto no significa que sean los más eficientes pues en Coahuila existen 5.95 conciliaciones por cada demanda recibida y el de menor desempeño es Jalisco con 0.03.

Tamaulipas cuenta con mayores conciliaciones con un crecimiento del 147.73% (nótese también que se incrementaron las demandas en un 198.14% y no necesariamente resulta ser el más eficaz, pues Morelos contó con 137.78 conciliaciones por demanda recibida). Baja California Sur tiene el peor desempeño conciliatorio nacional con un decrecimiento del 52.48% anual.

Se observa también números a la baja (1.50%) de demandas recibidas en asuntos laborales, contrastando el aumento del 10.42% en demandas colectivas; sin embargo -y aquí está el riesgo- no debemos de tomar la cifra como tendencia. Debemos estudiar las causas que generaron el fenómeno, tales como la disuasión del trabajador para acceder a la justicia por razón de la tardanza en resolver los asuntos dentro de las juntas y otras más.

En este sentido, para abatir el rezago en las juntas y disminuir el riesgo de incumplimiento de la reforma, los estados deben implementar un plan estratégico enfocado -entre otras acciones- a la conciliación, equipamiento, eliminar malas prácticas, garantizar el cumplimiento de los laudos, notificar más y mejor, y sobre todo, dotar de más capital humano eficiente.

En este último aspecto deberán utilizar los mejores oficios los titulares de las secretarias del trabajo y juntas locales para persuadir a los gobernadores de la necesidad imperante del tema, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 destinado a la implementación de la reforma en el orden local, si bien apoyará a los estados, no será suficiente, pues abarca exclusivamente a los centros de conciliación locales, tribunales laborales locales y no así a las juntas de conciliación que eventualmente desaparecerán. Y ahí es donde emerge otro riesgo, pues las miras apuntan a la creación de las nuevas dependencias y juzgados pero olvidan -o no es un tema prioritario- que para culminar en nuevas instituciones se deben terminar los asuntos en trámite primero. El error merodeador donde pudieren incurrir los estados sería pensar que estarían gastando dinero bueno para mandarlo al malo. Invertir en las juntas locales con capital humano eliminaría muchas de las piedras del camino y permitirá la consecución de las estrategias nacionales.

Sin embargo, si se toma en cuenta todo lo anterior aun y considerando los riesgos aludidos, no podríamos garantizar el éxito de la reforma. No es que sea pesimista, lo que intento decir es que para reducir la posibilidad de eventualidades inesperadas de alto impacto, los estados deben contar con un plan de seguimiento al cumplimiento de la reforma una vez “implementada en su totalidad”; asimismo, deben crear un plan de medición del impacto junto con otro de contingencia y mitigación de riesgos; además de ligar la implementación con un esquema de gestión de calidad y evaluación de estrategias y acciones de la reforma. Sin todo esto y sin haber medido y comparado las mejores prácticas laborales nacionales e internacionales (jurisdiccionales y no jurisdiccionales), el éxito de la implementación de la reforma en gran medida se lo estaremos dejando a la suerte.

* Juan Francisco Mena Vega es presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro.

NOTA: Las tendencias nacionales y los porcentajes corresponden al periodo 2016 al 2018 del Diagnóstico preliminar sobre el estado actual de justicia laboral en México, con excepción del desempeño de Jalisco del 0.03 que corresponde al periodo 2016 al 2019.