Los casos de impeachment

Por: Roberto Rueda Monreal

A raíz de los recientes acontecimientos en Brasil, mucho material se ha publicado en donde el vocablo inglés impeachment ha sido utilizado de diversas maneras y casi siempre a modo para llegar tanto a las más mesuradas como a las más disparatadas de las conclusiones a propósito de lo ocurrido con la figura presidencial brasileira representada por Dilma Rousseff.

Si hemos de ser un poco más precisos, el término inglés ya tiene su historia dentro de las corrientes más clásicas de la ciencia política y está íntimamente ligado a lo que no hace mucho se percibía como responsabilidad política. Así de simple y complicado a la vez. Dicha responsabilidad puede verse plasmada en las leyes de los regímenes contemporáneos que se hacen llamar democráticos: es decir, ahí donde existe un sistema presidencial o parlamentario.

¿En qué consiste la responsabilidad política? Consiste en contemplar y asumir los costos de cualquier acción que se lleve a cabo desde el sistema en medio de una coyuntura política específica.

Por ejemplo, en el sistema presidencial, dado que el Presidente es el que tiene la facultad de nombrar y cesar a secretarios de Estado, el Congreso no puede, en principio, exigir ninguna responsabilidad política colectiva. No obstante, sí puede invocar una responsabilidad política individual si uno de esos secretarios, a sus ojos, ha cometido algún abuso, pues dicho personaje al contar con investidura gubernamental es automáticamente depositario o delegatario de una parte de la soberanía popular, y por ende, en ese sentido, es también susceptible de responsabilidad política ante hechos que lo han beneficiado en lo particular cometidos en el ejercicio de su cargo popular.

En el sistema parlamentario, ya sea uno, varios o los ministros que sean deben abandonar el poder cuando se hace evidente que no cuentan ya con la confianza del Parlamento en su conjunto. Aquí la responsabilidad política es colectiva por el peligro mayúsculo que representa. Si la gran mayoría de dicho miembro clave del sistema es anómalo, este debe sin duda ser erradicado, pues, de lo contrario, pone en peligro la existencia misma de la democracia, hace peligrar de hecho todo el sistema en sí.

Para no caer en la demagogia y para que la responsabilidad política sea un hecho concreto y no sólo una frase subjetiva o arma retórica populista de doble filo, esta debe estar contemplada en el conjunto de leyes de los sistemas con mucha precisión: es decir, deben de existir leyes al respecto que fijen penas específicas para los abusos puntuales que cometan los miembros del sistema, desde jueces, ministros, diputados, magistrados, comunes, primeros ministros, jefes de gobierno, presidentes, etcétera; y por otro lado, también debe de existir un muy puntual protocolo judicial que reglamente el procedimiento a seguir en caso de juicio político.

En Gran Bretaña y en Estados Unidos a este gran salto de la responsabilidad política a la responsabilidad judicial o penal se lo conoce sin equívocos como impeachment.

En Estados Unidos, un presidente sólo puede ser acusado por la Cámara de Representantes, y juzgado por el Senado, si y sólo si hay indicios de que haya cometido una grave falta aprovechándose de su alta investidura, es decir, en el ejercicio de sus funciones clave.

En Gran Bretaña, la Cámara de los Comunes puede entablar un impeachment contra el Primer Ministro por lo que ellos interpreten basados en la ley como crimen de alta traición o por malversación del tesoro, los dineros públicos.

Así las cosas, y si hemos de irnos hacia atrás en la historia, el impeachment ya lo contemplaba el clásico Alexis de Tocqueville al afirmar que “la responsabilidad gubernamental, es decir, el deber de los funcionarios públicos de rendir cuentas de sus acciones ante los ciudadanos, y el derecho de los ciudadanos de actuar contra los funcionarios cuya conducta encuentren insatisfactoria, es un elemento esencial de la democracia, quizás el más esencial”.

Los casos

Perú

Entre lágrimas de emoción y gritos de júbilo en las calles, en noviembre de 2000, Alberto Fujimori era destituido como presidente de la República por incapacidad moral.

Luego de haber gobernado con mano de hierro durante 10 años, y en pleno transcurso de un tercer mandato, Fujimori se vio envuelto en un escándalo de corrupción en donde él y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, se verían incontrovertiblemente involucrados, tanto así que, el presidente, desde Japón, enviaba su renuncia vía fax, misma que fue rechazada por el Congreso, quien decretaba su cese como mandatario.

Indonesia

En julio de 2001, luego de varios escándalos financieros que nunca quiso explicar ante el Congreso, mismos que, por cierto, desestabilizaron fuertemente al país, Abdurrahman Wahid, presidente indonesio, fue destituido de su cargo mediante un juicio político que Wahid calificó de ilegal.

Brasil

En 1991, Pedro Collor declaró públicamente que su hermano, el presidente Fernando Collor de Mello, el más joven de los mandatarios en la historia del gigante sudamericano, habría armado un gran esquema de corrupción desde su cargo presidencial. A raíz de estas palabras, el Congreso dio inicio a una serie de investigaciones. El pueblo brasileiro, que no hace mucho había llevado a Collor de Mello al poder, se volcó a las calles para exigir por este escándalo su renuncia. Meses después, poco antes de que las investigaciones arrojaran sus previsibles resultados, el presidente presentaría su dimisión. Algunos analistas afirmaron que actuó de esa manera para no tener que caer judicialmente por impeachment, aunque esa fue al final la percepción generalizada. 

Guatemala

Siendo el primer presidente que perdió su inmunidad para poder ser investigado por la justicia, Otto Pérez Molina, un general retirado del ejército que en su carrera política llegó a proponer la legalización del consumo y la comercialización de las drogas, renunció en 2015 luego de una gran presión tanto nacional como internacional (vía organismo externo en suelo guatemalteco) por corrupción y malversación de fondos. 116 de 158 diputados aceptaron su renuncia. 

Israel

En julio de 2000, el presidente Ezer Weizman renunciaba a su cargo luego de haberse aferrado a él hasta que las investigaciones del sistema judicial del Estado de Israel lograron armar el caso en su contra, mismo que demostró que el mandatario había encabezado una amplia y bien estructurada red de corrupción utilizando “los obsequios”, como varios que recibió por parte de un millonario francés, con valor estimado de hasta 350 mil dólares cada uno, siendo esta la forma que utilizó tanto para enriquecerse al tiempo que otorgaba jugosos contratos estatales.

Alemania

En un país que se jacta de ser respetuoso de las leyes y de ser uno bastante estricto al respecto, en febrero de 2012 su presidente, Christian Wulff, tuvo que renunciar al cargo luego de que la fiscalía de la federación le quitara su inmunidad. Esto, a propósito de haber continuado en la presidencia con prácticas corruptas que ya ejercía desde que era líder regional de Baja Sajonia (2003-2010). Y es que, desde que tuvo esos puestos de alto calibre político, Wulff estableció relaciones empresariales para obtener amplias ventajas financieras mediante contratos gubernamentales.

El joven líder de 52 años había sido propuesto por Angela Merker, quien luego de sentirse decepcionada por lo anterior, tuvo que hacer grandes esfuerzos negociadores para reestructurar el lastimado pacto germano de gobierno.

Al parecer, la imagen del carismático Wulff habría sido clave para convencer hasta a la mismísima Merker a la hora de ser considerado seriamente como líder de la nación alemana.

Siempre jovial y sonriente, dispuesto en todo momento a que le sacaran fotos con su guapa y rubia esposa, el católico Wulff (al que, de hecho, se lo criticó por haber propiciado una considerable apertura hacia el Islam) llevaría coyunturalmente al desastre financiero las arcas alemanas al querer sacar provecho económico de sus contactos pasados y presentes.

Lograr su renuncia, por lo demás, no fue nada sencillo. Se supo que, en el transcurso de las investigaciones, amenazó fuerte y seriamente a medios de comunicación y a jefes de redacción, a quienes no dudó en intimidar violentamente utilizando toda la fuerza de su cargo.

Lituania

En su confusa y difícil transición del comunismo al liberalismo económico, Lituania vivió muchos momentos con tintes de revuelta un día sí y el otro también. La estabilidad llegaría a principios de 1990, cuando se logran perfilar elecciones presidenciales. Un exmiembro del desaparecido Partido Comunista, Algirdas Brazauskas, se convierte en presidente con el 60% de los votos.

En principio, fue a partir de estas elecciones que hubo cierto periodo de estabilidad y hasta otras elecciones presidenciales. No obstante, la percepción popular se tornó cada vez más perspicaz al observar un crudo y frío viraje hacia la democracia en donde, aparentemente, todo estaba a la venta.

Y es en este específico contexto que tuvo que renunciar, a finales de 1999, el entonces Primer Ministro, Rolandas Paksas, por su activismo a favor de la empresa estadunidense Williams International para adquirir la empresa petrolera nacional.

A pesar del cese, se dio una simple sustitución y aquella operación concluyó exitosamente. No obstante, por la forma en que habría actuado Paksas, este iría despertando fuertes sospechas, pues su carrera política continuaría sin mayores problemas, lo cual ya era extraño. Y así, escalando entre puesto y puesto, Paksas logró postularse finalmente para la presidencia del país por el Partido Liberal Demócrata. Ganó con casi el 55% de los votos totales.

Fiel a su visión económica liberal, propició un referéndum para que Lituania entrara a la Unión Europea y lo ganó en 2003 con el 91% de los votos.

Sin embargo, dados los rastros de su oscuro pasado, y antes de que ganara más impulso y apoyo políticos, la inteligencia militar del país hizo circular un informe en donde se lo vinculó directamente con la mafia y los servicios secretos de Rusia, y no sólo eso, también con la venta de armas en el ámbito global y con el financiamiento del terrorismo internacional. Fue un verdadero escándalo.

Las investigaciones iban en serio, tanto así que en 2004 tres diplomáticos rusos fueron acusados de espionaje, al intentar obtener información del Congreso acerca de la situación del proceso contra Paksas. Eso provocó no sólo la expulsión de los diplomáticos, también la aceleración en abril del juicio político contra el mandatario.

Ya no se podía ocultar. ¿Los cargos? Haber filtrado información secreta del Estado de Lituania a personajes rusos con el fin de obtener beneficios económicos personales. Situación muy grave para cualquier soberanía.

Como casi siempre sucede en estos casos de impeachment, Paksas se dijo en todo momento inocente y víctima de un complot de sus enemigos políticos. Declaró que todo era una vendetta debido, contradictoriamente, a sus esfuerzos por combatir la enorme corrupción en su país.

 

* Roberto Rueda Monreal es politólogo, traductor literario, articulista y escritor.