Los arrestos de la procuradora

Valiente, como ha demostrado ya en múltiples ocasiones en lo que va de su gestión, la procuradora General de la República, Marisela Morales, advierte que se aplicará todo el peso de la ley a los funcionarios de esa dependencia que traicionen su función y se dejen seducir por el dinero fácil de los criminales. La procuradora ha emprendido una seria y profunda depuración al interior de la institución. Quizá la muestra más reciente y evidente de este esfuerzo fue la “renuncia” de 21 delegados de la corporación en igual número de estados del país, pero no es la única medida. El objetivo, afirma la procuradora, es recuperar la credibilidad de nuestras instituciones, en este caso de la PGR.

No es un camino fácil, por el contrario. Emprender una depuración en un área tan susceptible de ser infiltrada por el dinero sucio de las bandas del crimen organizado requiere tener no sólo los arrestos suficientes, sino también una ruta crítica bien planificada que ofrezca resultados contundentes en el menor tiempo posible. Está claro que Marisela Morales va en serio contra la corrupción y el deber de nosotros como ciudadanos es acompañar ese esfuerzo denunciado a los malos y animando a quienes hacen bien las cosas, porque una de las principales causas del difícil momento que enfrenta el país en materia de seguridad, obedece a que por años se dejó erosionar la credibilidad e integridad de nuestras instituciones.

Afortunadamente todavía tenemos ejemplos de integridad institucional dignos de mencionarse –y cuidarse- pero lamentablemente son los menos. A nivel estatal y municipal, las policías por ejemplo han sido compradas por las bandas del crimen organizado. ¿Cómo aspiramos a que funcione algo tan importante y elemental como la denuncia ciudadana, si quienes se supone que deberían cuidarnos trabajan para los delincuentes?

Por eso es loable el esfuerzo que está empujando la procuradora.

Caso contrario al de algunos presidentes municipales que exigen la pronta transferencia de los recursos correspondientes al subsidio para la seguridad, pero no entregan los documentos que acrediten la correcta utilización de ese dinero. No puedes exigir que te sigan entregando millones de pesos cuando apenas has cumplido el 6% de la meta en la depuración y profesionalización de tu policía o cuando no tienes ni siquiera los recibos para comprobar cómo has usado esos recursos, que sobra decirlo, se integran de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Sería muy bueno que lejos de ver manejos políticos en el manejo de los recursos para la seguridad, muchos alcaldes siguieran el ejemplo de la procuradora y le entraran en serio a la depuración de sus policías.

Sí se puede.