Lo rescatable de la banda 2.5

 

Por: Michel Hernández Tafoya (@michertaf)*

El pasado miércoles, el Presidente del Consejo de Administración de MVS Comunicaciones (MVS), Joaquín Vargas Guajardo, fijó la postura de esa empresa ante el anuncio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), relativo al inicio del procedimiento de rescate de todas las concesiones vigentes en la banda de 2.5 GHz, que desde el año 2000 fue identificada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) como una banda apta para el despliegue de comunicaciones móviles de banda ancha.

 

¿Rescate o expropiación?

Hay quienes han señalado que se trata de una expropiación; sin embargo, a diferencia de esta figura, en la que los bienes de los que se hace el Estado pertenecen en su totalidad a los particulares, en el rescate, los bienes (en este caso el espectro radioeléctrico) ya pertenecían al Estado, pero los había otorgado a algún particular para su uso o explotación temporal, es decir, se trata de una especie de “recuperación” de dichos bienes con anterioridad a que venza el plazo de la concesión. No obstante, hay dos elementos importantes que deben tomarse en cuenta para aplicar la figura del rescate: i) debe pagarse una indemnización al afectado, la cual no incluye el valor de los bienes otorgados en concesión; y ii) el rescate debe obedecer a las causas establecidas en la legislación.

 

¿Qué se rescata?

Actualmente, la mayoría de las concesiones (42) para la explotación de la banda de 2.5 GHz pertenecen a MVS, que ostenta 190 MHz, mientras que el resto están divididas entre 11 particulares, sumando un total de 68 concesiones vigentes. En conjunto, las concesiones cuentan con una vigencia que se agotaría entre 2015 y 2020 y son precisamente las “rescatables” por la autoridad. Sin embargo, existen concesiones adicionales sobre la misma banda cuyo destino es aún incierto, ya que vencieron con anterioridad al anuncio de rescate, entre 2005 y 2009, y su prórroga fue negada por la SCT, entre ellas 18 de MVS que, ante tal negativa, inició diversos litigios que se encuentran pendientes de resolución.

 

¿Para qué se rescata?

Independientemente de las acusaciones y razones políticas, me parece importante centrar la atención en las razones técnicas que ha señalado la SCT, ya que son éstas las que nos permitirán determinar, en su momento, si la decisión obedece al interés público o al interés político.

Evolución tecnológica. Las frecuencias en la banda de 2.5 GHz fueron otorgadas a MVS, para prestar el servicio de televisión y audio restringido (de paga) por microondas, pero como lo señaló el secretario Pérez Jácome, los avances tecnológicos han cambiado las posibilidades de uso de la banda y esa es precisamente una de las razones – la introducción de nuevas tecnologías -, que justifica legalmente el uso de la figura del rescate.

La política pública. SCT argumenta también, que la decisión obedece a los principios de política pública que se han venido aplicando y sustenta dicha afirmación en una línea de acción del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007 – 2012 que, efectivamente, se refiere al rescate de frecuencias poco utilizadas o no utilizadas a partir de cambios derivados del desarrollo de nuevas tecnologías, situación en la que se encuentra la banda de 2.5. GHz.

Pero entonces, si todo pareciera indicar que el rescate se justifica desde el punto de vista técnico ¿por qué ha generado tal encono, no sólo entre los involucrados, sino entre otros actores que ven en la decisión un acto arbitrario y revanchista de la SCT? Algunas razones se enuncian a continuación: i) La evolución tecnológica en la banda de 2.5 GHz se manifestó desde 2000 y la “política” a la que se refiere la SCT data de 2007, entonces por qué esperar hasta ahora, a tan sólo unos meses de concluir la presente administración, para tomar una decisión sobre el destino de la banda. Esta situación sólo ha generado que durante estos años y ante la incertidumbre, no se haya podido aprovechar el espectro en beneficio de la población. ii) La línea de acción a la que se refiere el Secretario establece – literalmente – que debe “diseñarse” una política de rescate de frecuencias, pero a la fecha desconocemos cuáles son los elementos que conforman esa política, si es que realmente existe; iii) En abril de 2011, MVS propuso un proyecto que atendía a la evolución tecnológica en la banda concesionada, denominado “Banda ancha móvil para todos”, para su conformación, la empresa solicitó la prórroga de todas sus concesiones. La versión de MVS sobre las negociaciones al respecto fue relatada por Joaquín Vargas durante la conferencia del pasado miércoles y rechazada por la SCT inmediatamente, pero uno de los puntos centrales en ambos casos ha sido el tema de la contraprestación que debía pagar MVS por el uso del espectro radioeléctrico. La SCT ha subrayado que la oferta de MVS no correspondía con el valor de la banda; sin embargo, cuando se cuestionó formalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público – que es la instancia encargada de fijar dicha contraprestación – sobre las fórmulas y cálculos realizados para determinar el monto, la respuesta fue que esa información era “inexistente”.

 

Lo lamentable.

Independientemente de las dudas que se generan sobre la decisión, lo que queda claro es que la política necesaria para llevar banda ancha a la población, nunca fue un asunto prioritario para esta administración, de hecho se hace evidente que era un tema que podía extenderse, incluso hasta el final del sexenio, otro claro ejemplo de ello es la llamada Agenda Digital, política indispensable para lograr mayor penetración de servicios de banda ancha, que no fue presentada sino hasta hace 5 meses por la SCT y cuya continuidad ya no dependerá del actual gobierno. Esta situación mantiene al país con una penetración de servicios de banda ancha de 11 por ciento, muy por debajo del 22 por ciento que se trazó como meta al 2012 el Ejecutivo.

 

Lo rescatable.

Ante el panorama tan gris en el que nos encontramos, veo dos estrechas ventanas de oportunidad para avanzar, a partir de la decisión de la SCT. La primera de ellas: por fin el Ejecutivo toma una decisión formal respecto a la banda de 2.5 GHz y esboza el rumbo que pretende darle, lo que obliga a la autoridad – ya sea en la actual o en la siguiente administración – a sustentar, de frente a la opinión pública, esta decisión. La segunda: se modifica naturalmente el sentido de las negociaciones  y, por lo menos en el corto plazo, sabremos si será posible aprovechar la banda de 2.5 GHz, o si debemos anticipar el desperdicio de este recurso de gran valor social, al menos durante los próximos 4 ó 5 años.

Esperemos que bajo estas condiciones, el Estado atienda al mejor interés de la población y se logre una resolución pronta, que permita aprovechar el espectro, pero lo que ya no es posible rescatar, es el tiempo perdido.

 

 

* Michel Hernández Tafoya es abogado especialista en tecnologías de la información y la comunicación. Miembro del Consejo Directivo de Observatel. El texto refleja la opinión personal del autor.