Lo que pasó en Ginebra, no se queda en Ginebra
blogeditor · 20 de marzo de 2015
Las diferencias entre secuestro y desaparición forzada son claras: el secuestro es un delito que cometen los particulares con el objetivo de obtener un rescate o cualquier otro beneficio. En cambio, la desaparición forzada es un delito que cometen funcionarios públicos – o particulares con el apoyo o autorización de funcionarios del Estado- y no tiene como objetivo solicitar un rescate sino evitar justamente que la víctima sea rescatada.
El secuestro es un delito común, en cambio la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que implica al Estado y por ello, este debe ser responsable de reparar integralmente el daño causado a las víctimas y garantizar la no repetición de esas conductas.
El Estado Mexicano se ha negado históricamente a reconocer la comisión de este delito. Cuando Vicente Fox llegó a la Presidencia se comprometió a aclarar los delitos cometidos durante la Guerra Sucia, así como las matanzas de Tlatelolco y del jueves de Corpus. Para ello, creó en 2001 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Tras 5 años de trabajo y cientos de millones de pesos gastados, la Fiscalía sólo pudo conseguir una sentencia por desaparición forzada.
Entre 2006 y 2013 hubo en el país 291 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada pero sólo seis concluyeron en sentencia condenatoria, una de ellas la de la FEMOSPP.
En el colmo de la negación, el 27 de enero de este año el entonces Procurador, Jesús Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa sus conclusiones del caso Ayotzinapa. En resumen dijo que algunos de los detenidos están acusados de homicidio, otros de secuestro y otros más de cometer ambos delitos. Es decir, ninguno de los implicados está acusado de desaparición forzada.
[contextly_sidebar id=”MNpoPsYOo5dsYFjWmpiajejHxtgVGGeB”]A la semana siguiente de la declaración de Murillo Karam, el Estado Mexicano compareció ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra, Suiza. Los expertos de la ONU fueron contundentes en su informe: en México las desapariciones son un fenómeno generalizado y dejaron claro que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron sometidos a desaparición forzada.
Inmediatamente, en un comunicado conjunto, la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación declararon que el informe de la ONU no refleja las acciones emprendidas por el Estado Mexicano. Intentaron dejar en Ginebra lo que pasó en Ginebra, y continuaron los procesos penales por secuestro.
Sin embargo, ayer expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvieron a recordarle al gobierno mexicano que los responsables de la tragedia en Iguala deben ser juzgados por desaparición forzada.
Ante los organismos internacionales el Estado mexicano es responsable del delito de desaparición forzada y el gobierno debe reconocerlo y hacerse cargo. Si no lo hace ante la justicia nacional, el problema llegará a las cortes internacionales, en la que su histórica negación no le servirá de nada.