Lo que falta en la discusión de las energías renovables

Es preocupante ver hacia dónde se dirige la discusión de las energías renovables en México. A raíz de la decisión de la Secretaría de Energía de detener el avance de la energías renovables, el debate que ha dominado la esfera pública durante el último mes ha estado guiado por una discusión que se ha reducido a dos cuestiones: la primera, si deben o no participar las energías renovables en la matriz de generación eléctrica -debido a su intermitencia y a la inversión que hace el Estado para interconectar estos proyectos- y la segunda, en la forma en la que estas energías deben participar en la red eléctrica, es decir, a través de un modelo privado o público.

Lo más preocupante es que esta discusión -la cual es sumamente superficial- está eclipsando otra, esa sí necesaria, que debemos tener en torno a los principios de justicia, democracia y soberanía energética. El discurso que han adoptado las empresas que desarrollan y operan megaproyectos de energía renovable así como las decisiones del gobierno federal pierden de vista, por un lado, la importancia de desarrollar proyectos de energía renovable en beneficio de la población humana y la naturaleza (y no en el de empresas y el capital privado), y por el otro, la impostergable necesidad de eliminar los combustibles fósiles de la matriz eléctrica. En este sentido, es necesario explorar con un poco más detalle este debate y ofrecer una tercera vía.

La postura que han adoptado las empresas y algunas organizaciones de sociedad civil busca regresar a un modelo que, desde su concepción, se construyó alrededor del mercado, la acumulación del valor económico y el despojo del territorio. Este modelo, que promovía las energías renovables a través de subastas de energía eléctrica y los certificados de energía limpia, promovía la transición hacia el uso de renovables con altos costos sociales y ambientales, mientras permitía la continua quema de combustibles fósiles a través del intercambio de certificados y permisos.

Así, falsas soluciones detrás del velo ‘verde’ continúan: a) separando a la sociedad de la naturaleza reorganizado esta última como un repositorio de ‘servicios ambientales’ o ‘ecosistémicos’ que se utilizan para compensar el costo de la extracción o la contaminación; b) apostando por presentar la transición como un problema de substitución ‘fósil por verde’ y de eficiencia sin reducir o alterar las tendencias del consumo, a pesar de las enormes desigualdades de acceso y costos a nivel nacional, y c) reduciendo la gobernanza, el diseño y el manejo de la transición a un reducido grupo de expert@s técnic@s y financer@s, eliminado así todo desacuerdo al respecto. Las soluciones tecnológicas que han comenzado a surgir en las últimas décadas como la geoingeniería o la aceleración de la energía nuclear no son más que la encarnación más reciente de este modelo, el cual ignora las enormes desigualdades socio-ambientales ya existentes y pretende atender las múltiples crisis civilizatorias ¡sin que nada tenga que cambiar!

Por lo tanto, cualquier forma de transición energética que continúe profesando el mantra del desarrollo sustentable o cualquiera de sus variantes y encarnaciones (economía verde, circular, crecimiento verde, objetivos de desarrollo sustentable, etc.) inevitablemente continuará reproduciendo un modelo que lleve a la expansión del consumo y a mayores desigualdades energéticas asociadas, debido a la insistencia por promover el crecimiento económico. Evidencia de esto son los últimos 35 años en que este modelo ha priorizado el capital financiero, mercantilizado la naturaleza y acelerado la degradación ambiental y social a una escala planetaria, sin alcanzar ninguno de los supuestos hitos de la sustentabilidad.

Por el otro lado, las apuestas del gobierno federal de perseguir un modelo neoextractivista que apuesta por la extracción de combustibles fósiles y minerales como una forma de financiar reformas sociales es igualmente problemático. Este modelo apuesta a un progresismo que, a pesar de traer algunos beneficios sociales en el corto plazo, continúa sirviendo a un modelo capitalista de acumulación, que sostiene la demanda de más materiales, combustibles, trabajo y ‘naturaleza’ barata. El apostar por un modelo que, aunque dirigido por el Estado, apuesta por el crecimiento económico y el desarrollo a través de megaproyectos extractivos significará, en el mediano y largo plazo, cada vez más conflictos socio-ambientales, además de que continuará poniendo al país a la merced de las demandas del capitalismo global que ultimadamente mantiene el control para decidir qué recursos se exportan, para qué y a qué costo.

Hasta este momento, el gobierno federal no ha elaborado una estrategia o política para determinar el rumbo de las energías renovables, dejando abierta a la interpretación el rumbo de la transición, la cual parece estar subyugada ante el carácter extractivista de combustibles fósiles incluyendo métodos como el fracking y la promesa extractiva de reservas de litio.

Mi intención es entonces argumentar que ninguna de estas alternativas deben guiar la transición energética, o como diría Arturo Escobar: ‘lo que requerimos no son desarrollos alternativos, sino alternativas al desarrollo’. Así, la transición energética debe convertirse en el punto de origen de una transformación más amplia de nuestras sociedades, guiando otras políticas que permitan transformar la sociedad reduciendo el consumo de energía en algunos sectores como la minería, la agroindustria, la construcción, el mercadeo y la propaganda, entre otros, para eliminar la pobreza y hablar de una equidad y suficiencia energética. En este sentido, la transición no debe reducirse a la substitución de tecnología, ni a planes de eficiencia energética o a la apuesta extractivista, sino que debe iniciar por acciones que nos permitan reducir la intensidad energética de nuestras sociedades (por ejemplo la reducción de las jornadas de trabajo) y producir un modelo de equidad y justicia, en donde la energía se considere como un derecho humano inalienable y no como una mercancía.

Por lo tanto, una tercera vía debe estar basada en principios de democracia y soberanía energética. La democracia energética se refiere a los procesos para resistir, recuperar y reestructurar el proceso de transición energética. Este modelo se basa en: a) resistir el modelo dominante de la agenda energética el cual está fundamentado en la extracción de combustibles fósiles, el desarrollo de infraestructura contaminante y el despojo de tierras para hacer espacio para la generación de energía renovable, b) recuperar el sector energético para democratizar el acceso y localizar la gestión de la energía, desarrollar un modelo de generación de energía comunitaria, con financiamiento e infraestructura de transmisión y distribución públicas, y c) reestructurar el sector energético para guiarlo hacia un modelo de solidaridad planetaria más allá de la producción de una mercancía, hacia el desarrollo de proyectos de vida comunitaria, poniendo el valor de uso de la energía en el centro, como un derecho humano inalienable.

La soberanía o autonomía energética se refiere a los proyectos y visiones políticas hacia una generación, distribución y control de forma justa de las fuentes de energía por parte de comunidades tanto urbanas como rurales, de manera que no afecten negativamente a otros y con respeto a los ciclos ecológicos. El modelo de soberanía energética junto con otros movimientos como la soberanía alimentaria se fundamenta en la capacidad de las comunidades de decidir sobre las fuentes de generación de energía, las formas, la cantidad de producción y en el quién, cómo, en dónde y en beneficio de quién pueden ser aprovechadas. Estos principios apelan a la autonomía de las comunidades y a los principios de autogobierno a través de principios como la gestión comunitaria, los comunes, la diversidad y la solidaridad.

Actualmente, cerca del 36% de los hogares en México habitan en algún grado de pobreza energética, mientras que el sector energético es responsable del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Asimismo, el sector energético y el extractivo representan buena parte de los 118 casos de conflictos socio-ambientales registrados en el Atlas de Justicia Ambiental en el país, los cuales han dejado 83 asesinatos a defensoras y defensores ambientales, con más de 500 ataques registrados en la última década. Así, la democratización y el desarrollo autónomo del sector energético son un paso fundamental, no sólo reducir el número de impactos socio-ambientales, sino para diseñar y habitar sociedades más justas, equitativas y solidarias, en contraposición a los valores y principios del capitalismo verde o el neo-extractivismo: la competitividad, la explotación y la aceleración.

La fortaleza de movimientos por la democracia y la soberanía energética, los cuales están surgiendo a través de redes comunitarias en barrios, municipios y ciudades tanto en el norte como en el sur global, recae en su capacidad de hilar las luchas de distintos movimientos sociales que están interconectados por la cadena de producción del sector energético. Estos grupos van desde comunidades afectadas por el desarrollo de megaproyectos, la extracción de minerales en zonas rurales y la precarización del trabajo, hasta asociaciones urbanas que protestan en contra del aumento a tarifas eléctricas, las demandas por una movilidad colectiva y baja en emisiones o el acceso a fuentes de energía limpia para la cocción de alimentos entre otros. Es a través de estos movimientos, sus luchas y sus demandas que es posible cuestionar ¿cuál es el propósito de la transición energética? Esta pregunta es fundamental para definir qué narrativas, modelos de propiedad y relaciones con la energía queremos para definir el futuro de la energía renovable. Así, la transformación del sector deja de ser una simple substitución de las fuentes de energía para convertirse en un espacio de organización política que pregunta ¿para qué y en beneficio de quién?

Ultimadamente no podemos dejar de reconocer que esta discusión sobre las energías renovables se da en un contexto de pandemia en donde, a pesar de los grandes costos, humanos, sociales y económicos, nos presenta una oportunidad de transformar nuestra sociedad hacia un futuro más justo y equitativo. La transición energética no puede ser entendida más que como una transformación de los paisajes y la forma de relacionarnos con el territorio, sin embargo esta transformación requerirá nuevas formas de organización política, que permitan recuperar las narrativas e imaginarios de los futuros de la transición energética, quitando el control de las narrativas de las manos de expert@s y financier@s, poniendo a las comunidades rurales y urbanas en el centro. En este modelo, el Estado debe garantizar la inversión en la red eléctrica y en disponer el financiamiento para facilitar la transición hacia un modelo de generación de energía descentralizado, con diseños de propiedad común y una participación genuinamente democrática.

* Carlos Tornel es candidato a doctor en Geografía Humana en la Universidad de Durham, Inglaterra. Contacto: [email protected]

Este artículo se benefició de las observaciones, comentarios y sugerencias de Claudia Campero.