Lo que esconden las prisiones

Por: Documenta A.C. (@Documenta_AC)

 

“Si las cárceles surgieron para disminuir la violencia, no podemos permitir que sirvan para exacerbarla”.

Miguel Sarre.

 

La semana pasada organizaciones de la sociedad civil mexicana, especializadas en el estudio y monitoreo de la política penitenciaria, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia temática que el nuevo modelo de construcción y operación de prisiones bajo la modalidad de asociación público-privada genera incentivos para violaciones a derechos humanos de las personas privadas de libertad.

La adjudicación de estos proyectos al sector privado se hizo de forma directa, es decir, no hubo concursos públicos con reglas transparentes y accesibles. La sociedad civil no tuvo oportunidad de ejercer ningún tipo de control sobre estas reglas de contratación ni asegurarse que el gobierno estuviera resguardando debidamente los derechos humanos de los internos mediante la imposición de obligaciones y estándares a las empresas privadas.

Los contratos firmados con las empresas no son públicos, hasta ahora nadie ha podido verlos. Se niega el acceso a la información alegando razones de seguridad pública, la clasificación de la información relacionada con la construcción y operación de los centros penitenciarios como reservada favorece la opacidad de las contrataciones y con ello permiten un círculo vicioso en el que los contratistas promuevan políticamente a quienes favorezcan la privatización de este aspecto del sistema de justicia penal.

[contextly_sidebar id=”WCdJ1KJjGmTb0yJY8n3c5aKnklExJJIA”]La privatización se ha justificado en la necesidad de contar con la ayuda del sector privado ante la falta de recursos públicos. A decir de las autoridades mexicanas, esta política favorece el ahorro de un 29% en la operación de servicios, además de la flexibilidad administrativa hacia este sector. No obstante, de acuerdo con un informe de 2013 de la Auditoria Superior de la Federación, existía un subejercicio del 40% en la aplicación del presupuesto de este sector.

En los casos de estos contratos, las empresas cobran una cuota de mantenimiento al Estado por cada lugar disponible en el centro concesionado, es decir que el Estado paga una cuota para la capacidad completa del centro y no el número de personas privadas de la libertad. Esto significa que el gobierno tiene un mayor interés en llenar estos centros ya que tendrá que asegurar el pago completo de todas formas.

Por lo que el modelo de privatización genera incentivos para tener más presos por más tiempo. El Estado tiene que regular esta actividad para contrarrestar estos incentivos, pero nada lo garantiza, sobre todo si no se pueden ver los contratos para verificar que las empresas concesionarias hayan asumido obligaciones en ese sentido.

Las organizaciones le solicitaron al gobierno mexicano en la audiencia temática, celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se suspendieran los procesos de privatización de prisiones y que se garantice en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal la supervisión independiente por parte de la sociedad civil.

La participación de la sociedad civil como OJO VISOR es la única manera de arrimar algo de LUZ a un sistema penitenciario corrupto y opaco que sólo ha servido para perpetuar y/o alentar la comisión de más delitos.

Para impulsar que se garantice la observación de la sociedad civil en las prisiones, Documenta el día de hoy lanza la campaña #LoQueEscondenLasPrisiones para que la sociedad entienda que lo que ocurre dentro de las cárceles nos afecta a todos pues atenta contra nuestro derecho de contar con prisiones que garanticen programas que abonen a la reinserción y no a la reincidencia.

Para ver la audiencia

Para ver el documental de la campaña #LoQueEscondenLasPrisiones:

En la voz de… Miguel Sarre para #LoQueEscondenLasPrisiones compartido de YouTube from Documenta on Vimeo.

 

* Documenta, análisis y acción para la justicia social, AC, es una organización de la sociedad civil que busca el fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penitenciaria para contribuir a la seguridad ciudadana a través de la efectiva reinserción social, la prevención del delito, y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.