Lo que el Insabi se llevó

Desde que se planteó la idea de desaparecer el Sistema de Protección Social en Salud, y su brazo operativo el Seguro Popular, desde este y otros espacios se advirtió de la incongruente y desordenada forma de hacerlo. Más allá de que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) implicó un regreso a la centralización de los servicios de salud para la población abierta y una subordinación de las entidades federativas a los designios marcados desde las oficinas del Ejecutivo federal.

En las cifras, trajo un retroceso en la atención de la salud a 15 millones de mexicanos y mexicanas que se quedaron sin acceso a los servicios de salud. Y los que existen han sido muy limitados, así lo indican las más de 40 millones de consultas externas que se dejaron de realizar, las 7.5 millones de consultas de especialidad que no se otorgaron, las 1.3 millones de mastografías no aplicadas, las 1.6 millones de citologías cervicales no realizadas o las 600 mil cirugías. Lo más grave de ello, sin duda, es la caída en la atención a enfermedades que provocan gastos catastróficos como el cáncer de mama (-41%), el infantil (-79%) y el cervicouterino (-55%), o los cuidados intensivos neonatales (-58%) o las intervenciones relacionadas con tumores testiculares (-32%) o de próstata (-42%). 

A casi tres años de la implementación del Insabi, la tarde de ayer se votó en la Cámara de Diputados una serie de reformas que ponen fin al Instituto de Salud para el Bienestar y dan paso al marco legal bajo el cual trabajará el Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar. A grandes rezagos, el dictamen aprobado ayer sustituyó las funciones que actualmente desempeña el Insabi y las transfirió al IMSS-Bienestar, lo que implica que el presupuesto, los acuerdos de colaboración con las entidades federativas, el pago de nómina y la participación en la compra consolidada de medicamentos los hará el IMSS-Bienestar. 

Sin embargo, se mantiene el diseño centralizado del Insabi, al gobierno federal como el único encargado de brindar financiamiento, a cambio de que las entidades federativas cedan su infraestructura hospitalaria, por lo que quedan excluidas en materia de salubridad a pesar de que es una facultad concurrente estipulada en la Constitución política y en la Ley General de Salud. En lo que respecta al tercer nivel de atención, se creará un fideicomiso para atender las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, pero cada año el gobierno federal podrá tomar recursos de dicho fondo para utilizarlos donde quiera. Lo anterior, porque el 77 Bis 17 de la Ley General de Salud indica que cuando el fideicomiso acumule recursos en un monto superior a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 (20 mil mdp), el remanente deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

Lo más novedoso es la creación del Servicio Nacional de Salud Pública como una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Salud, la cual operará con los recursos que se le otorguen a la Secretaría de Salud anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objeto de que funja como el brazo operativo que implemente las acciones de salud para la población sin seguridad social. 

Con la creación del marco legal para el organismo público descentralizado denominado IMSS-Bienestar, no se ofrecen soluciones novedosas. Por el contrario, mantienen la esencia de una política que, hasta el momento, no solo no ha sido mejor que la aplicada durante más de 20 años, sino que ha empeorado el acceso a servicios de salud para la población que carece de seguridad social. La narrativa seduce, pero la realidad ha estado muy lejos de ella y ante esta nueva oportunidad para cambiar ese contexto, se optó por apostar a la misma fórmula y no recalcular para llegar al destino deseado.

@ljcortes6