Despedirnos a plazos: lo que cuesta morirse en México

Por Marco Cancino*

Lupita terminó de acomodar el cempasúchil alrededor de la fotografía de su padre poco antes de que oscureciera. Puso el pan, una veladora, la cerveza que a él le gustaba y una urna pequeña de madera que todavía no sabe dónde dejar. En el cajón del mismo mueble guarda otra cosa que no aparece en ninguna ofrenda: el pagaré del préstamo que pidió en marzo, a las 2 de la mañana, cuando la funeraria le explicó que sin anticipo no podía recoger el cuerpo del hospital. Ese préstamo todavía no lo termina de pagar.

Su padre quería ser enterrado. No fue posible. En el panteón municipal ya no había fosas a perpetuidad y un lugar en un cementerio privado costaba más de lo que la familia podía reunir en una semana. Así que eligieron la cremación, no por convicción, sino por presupuesto. Ocho meses después, Lupita sigue pagando a plazos una despedida que tuvo que decidir en unas cuantas horas.

Hoy millones de familias recordamos a nuestros muertos. Pocas veces hablamos de cuánto nos costó despedirlos.

En 2024, de acuerdo con INEGI, se registraron 819,672 defunciones en México. Detrás de cada una hubo un hogar obligado a contratar, casi siempre de inmediato y en medio del duelo, servicios que en cualquier otra circunstancia compararía con calma. La Profeco, en su Revista del Consumidor, documentó que un servicio básico de cremación costaba en promedio 14,714 pesos, con una dispersión enorme: desde 1,500 pesos en Colima hasta 37,800 en Ciudad Acuña, Coahuila; 30,000 en Tijuana; 27,650 en Monterrey y alrededor de 10,000 en el área metropolitana de la Ciudad de México. Para inhumar, los precios iban de 4,041 pesos en Oaxaca a 42,250 en Tijuana, y en la capital un mismo servicio podía costar desde 6,335 hasta 74,711 pesos, según el paquete.

Pero el paquete funerario es solo la primera parte de la cuenta. Después viene el lugar. Y ahí las diferencias dejan de ser de precio para convertirse en diferencias de acceso. La Ley de Ingresos de Aguascalientes para 2026 cobra 1,910 pesos por una fosa a perpetuidad en panteones delegacionales o rurales, mientras que una fosa tipo americano en el nuevo Panteón Municipal San Francisco cuesta 34,544. En la capital poblana, una fosa a perpetuidad tenía en 2025 una tarifa de 4,924 pesos; el problema es que ya no hay: el propio Ayuntamiento informó en octubre que el Panteón Municipal no tiene fosas a perpetuidad y solo le quedan 61 temporales para periodos de siete a 14 años. En los cementerios privados, los anuncios de reventa de un lote a perpetuidad en Jardines del Recuerdo, en Tlalnepantla, oscilan entre 65,000 y 160,000 pesos.

Para las cenizas tampoco hay un precio único. Un nicho en el columbario del panteón municipal de Nezahualcóyotl costaba 1,812 pesos con la tarifa vigente hasta enero de 2025. En el columbario de Plaza Mariana, en la Basílica de Guadalupe, se ha reportado un precio de alrededor de 25,300 pesos, más una cuota anual de mantenimiento. En columbarios privados, como uno en Cuernavaca que publica su lista de precios, un nicho de contado va de 105,000 a más de 300,000 pesos. Y casi todos esos espacios generan cuotas anuales, como los 626 pesos que cobra Guadalajara por mantenimiento de lote, nicho o urna.

Aparte de todo, se agotan los espacios para las sepulturas

La escasez agrava el costo. Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 de INEGI, al cierre de 2024 había 20,472 panteones con 14.3 millones de fosas, de las cuales 3.46 millones estaban disponibles. Parecería suficiente, pero la disponibilidad no está donde vive la gente: en la Ciudad de México solo 7.39 por ciento de las fosas tenía espacio para una nueva sepultura. Cuando el panteón público se llena, la familia no deja de necesitar un lugar; simplemente pasa a comprarlo en el mercado privado, al precio que este fije.

Pongamos esas cifras frente al ingreso. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogares (ENIGH) 2024 reporta que el ingreso corriente promedio de un hogar fue de 77,864 pesos por trimestre, unos 26,000 al mes. Para el 10 por ciento de los hogares de menor ingreso en el país (primer decil) fue de 16,795 pesos por trimestre, menos de 5,600 mensuales. Una cremación de precio promedio equivale, para esas familias, a casi tres meses de ingreso completo. Para esos mismos hogares, un entierro en Tijuana más un lote en un panteón privado puede superar el ingreso de todo un año. No es un gasto extraordinario: es un choque financiero que se paga con tandas, empeños, tarjetas o préstamos de urgencia, y que suele llegar acompañado de otros gastos, como la enfermedad previa, los traslados o la pérdida del ingreso de quien murió.

No se trata de afirmar que el Estado esté ausente. Existen apoyos. El problema es que fueron diseñados para otra escala del problema. La ayuda para gastos de funeral del IMSS equivale a dos veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, alrededor de 7,132 pesos en 2026, menos de la mitad de una cremación promedio, y solo la reciben las familias de personas aseguradas o pensionadas que conozcan el trámite. Los velatorios del IMSS y del ISSSTE ofrecen cremaciones que, según la Profeco, van de 1,500 a 5,167 pesos, pero su cobertura territorial es limitada. La Ley del ISR permite deducir gastos funerarios hasta por una UMA anual, unos 42,794 pesos, pero ese beneficio solo existe para quien presenta declaración anual y tiene facturas. Es decir, el apoyo fiscal más generoso llega precisamente a quienes menos lo necesitan. Las familias en la informalidad, que son la mayoría de las que viven al día, no ven ninguno de los tres.

A ello se suma la desventaja de quien compra con prisa. La propia Profeco ha advertido que contratar un servicio de uso inmediato puede costar hasta 40 por ciento más que uno de previsión, y ha documentado la presencia de “coyotes” que ofrecen servicios afuera de hospitales y agencias del Ministerio Público. Ni la Profeco ni las autoridades sanitarias pueden fijar precios, pero sí pueden exigir que las familias sepan qué compran y cuánto cuesta antes de firmar. Y la previsión, aunque útil, tampoco es una solución universal: según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, solo 22.9 por ciento de la población contaba con algún seguro.

¿Qué podemos hacer para que despedir a alguien no se convierta en una deuda?

Primero, los municipios deben asumir que el panteón es un servicio público y planearlo como tal. Eso implica publicar la disponibilidad real de fosas y nichos, sus tarifas y sus condiciones de temporalidad, así como reservar suelo en los programas de desarrollo urbano para nuevos panteones y columbarios públicos antes de que la saturación sea un hecho consumado.

Segundo, los ayuntamientos podrían ofrecer un paquete funerario básico municipal (traslado, ataúd o urna sencilla, velación breve y destino final) con tarifa social o gratuidad para hogares en pobreza, como ya ocurre en algunas alcaldías.

Tercero, la Profeco debería levantar y publicar al menos cada año un Quién es Quién en los Precios funerario por ciudad, verificar que los precios desglosados estén a la vista como exige la NOM-036-SCFI-2016 y coordinarse con hospitales y fiscalías para que las familias reciban información antes que un coyote.

Cuarto, el Congreso debería revisar la ayuda del IMSS y del ISSSTE para que se acerque al costo de un servicio básico documentado por la Profeco, y obligar a ambas instituciones a informar a los deudos que tienen ese derecho.

Quinto, y quizá lo más importante, el Estado debe diseñar una protección para quienes no tienen seguridad social: un microseguro funerario de bajo costo, que podría vincularse con las cuentas en las que ya se dispersan los programas sociales, permitiría a millones de hogares prever con unos cuantos pesos al mes lo que hoy pagan con deuda.

Seguramente alguien dirá que el Estado no puede pagar todos los funerales. No se le está pidiendo eso. Se le pide ordenar un mercado en el que el consumidor llega en la peor condición posible para negociar, garantizar que exista un lugar público digno donde descansar y evitar que la falta de ingresos decida por las familias cómo despedir a los suyos.

Lupita volverá el próximo año a poner la ofrenda. Para entonces, quizá ya habrá terminado de pagar el préstamo. Lo que no podrá recuperar es la decisión que no pudo tomar. El Día de Muertos nos recuerda que la muerte es la experiencia más democrática que existe. Lo que todavía no hemos logrado es que despedirnos también lo sea. Porque ninguna familia debería tener que elegir entre honrar a sus muertos y proteger el patrimonio de sus vivos.♦ 

*Marco Cancino es director general de Inteligencia Pública. Redes: @marco_cancino.

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