Lo pupular de la consulta popular

La consulta popular que se celebrará este 1 de agosto ha generado una enorme polémica desde su origen. Hay posturas álgidamente encontradas en aspectos como, por ejemplo, el significado de la pregunta o sobre si es correcto participar en ella. Es normal en una sociedad plural que existan diferencias campalmente encontradas. Pero sería un error adoptar una postura reduccionista e ignorar los puntos intermedios. Creo que no es incompatible compartir muchas de las críticas a este proceso de consulta con reconocer su importancia para definir el rumbo de la agenda nacional.

En varios espacios se ha explicado por qué no puede someterse a consulta la persecución de delitos en sí. También se ha dicho hasta el cansancio que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todas las críticas que puedan hacérsele, es categórica al decir que no es una consulta sobre si deben o no investigarse violaciones a derechos humanos. Todo esto es verdad. Pero no es motivo para ignorar los anhelos y esperanzas de quienes desean la consulta, sobre todo de aquellas personas que legítimamente participaron en la recolección de firmas.

La consulta popular tiene una base social indudable, alimentada por el hartazgo y el repudio contra la impunidad. Lejos de ser una reacción irracional –como muchos han injustamente señalado- es síntoma de que en el país existe la percepción de que no vamos a atender esta situación extraordinaria de violencia e impunidad con mecanismos ordinarios. Se requieren mecanismos especiales para que las consecuencias sean por fin un escenario posible.

No se justifica la campaña de desinformación que algunos actores han movilizado dolosamente. Pero tampoco se justificaría reducir lo que está ocurriendo a un mero capricho del presidente o una decisión titubeante de la Suprema Corte. El país está en condiciones de tener un debate sobre qué hacer con la violencia rampante. Y la consulta, con todas las justas críticas, puede ser el incidente detonador para que esto no se extinga el 2 de agosto.

Estas semanas han evidenciado que la población está en canales distintos sobre cómo enfrentar la impunidad de sexenios pasados. No obstante, dadas las condiciones actuales, en un mal escenario es poco o nada lo que se puede perder por participar en la consulta, y en un buen escenario puede ser mucho lo que se gane. No por el resultado en sí. Gane el “sí” o gane el “no”, se llegue o no al 40% de participación, el Estado Mexicano tendrá que definir qué es lo que seguirá. ¿Comisiones de la verdad, como las realizadas en Chile y Perú? ¿Una comisión de investigación con participación de organismos internacionales, como en Guatemala? ¿Un proceso de paz, como se hizo en Colombia y El Salvador?

Lo popular de las consultas populares radica en que los protagonistas reales del debate no son ni el presidente, ni la Suprema Corte, ni el INE. Y estamos cometiendo el error de hacerles protagonistas. De los procesos deliberativos como las consultas no solo surge un resultado positivo o negativo a una pregunta sino también articulaciones sobre las prioridades nacionales. Y en esta consulta en particular las víctimas deben ser nuestra prioridad. Así lo manifestó un amplio grupo de ellas a través de un comunicado que emitieron la semana pasada. La consulta es de todas aquellas personas a las que el Estado les falló. ¿Por qué negarnos la posibilidad de demostrarles que sí estamos de acuerdo con que se les garantice verdad, justicia y reparación?

@Kalycho