Lo bueno y lo malo de las fiscalías estatales

La procuración de justicia es uno de los pilares fundamentales del sistema de justicia penal, y puede llegar a ser el principal cuello de botella para el esclarecimiento de los delitos. Mejorar el desempeño y servicio de estas instituciones debe ser una prioridad permanente para todos los estados que quieran combatir la impunidad. Sobre todo considerando un contexto en el que más del 90% de los delitos que ocurren en México no se denuncian.

Por ello, en Impunidad Cero uno de los esfuerzos centrales de nuestro trabajo está en analizar el desempeño de las instituciones de procuración de justicia del país. Este año, por cuarta ocasión¹, presentamos el Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías (IEDF) 2021, en el que además de actualizar los indicadores hacemos un  análisis para describir algunas de las tendencias que evidencian la necesidad de continuar mejorando estas instituciones.

Este año destacan tres importantes innovaciones en el índice. En primer lugar, se realizó por primera vez un análisis histórico de los indicadores, de 2016 a 2020, para ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. En segundo lugar, incorporamos el indicador de transformación digital, ya que la pandemia evidenció la necesidad de que las procuradurías y fiscalías del país cuenten con sistemas informáticos eficaces que ayuden con la recepción de denuncias y la gestión de los casos.  Finalmente, hicimos un análisis de los procesos de selección de fiscales y procuradores en el país, con el fin de observar qué tan independientes son estos procesos de los otros poderes y del cambio de gobierno en los estados.

El IEDF 2021 se integra por ocho indicadores que analizan la estructura, operación y resultados de las fiscalías y procuradurías del país. Entre los indicadores analizados se encuentran la tasa de fiscales o agentes del ministerio público (MP) por 100 mil habitantes -así como su carga de trabajo-, el presupuesto ejercido per cápita por las procuradurías y fiscalías, su transformación digital, y el tiempo de espera en el MP. Además, se considera la confianza en el MP y la efectividad en la resolución de casos y en el cumplimiento de órdenes de aprehensión.

En esta edición del Índice, Nuevo León ocupa el primer lugar, con un total de 68.6 puntos, seguido de Yucatán (68.4), Chihuahua (65.6), Guanajuato (63.6) y Sonora (61.5). Por otro lado, Puebla se encuentra en el último lugar con 36 puntos, antecedido de Morelos (36.1), Veracruz (36.2), Nayarit (37.3) y Oaxaca (40.2). Es importante considerar que ninguna institución logra superar los 70 puntos de un total de 100.

Las buenas noticias

Como buenas noticias, destacan principalmente que la tasa de fiscales y agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes aumentó en 23% de 2016 a 2020 a nivel nacional, lo que también provocó una reducción en la carga de trabajo de los MP. Además, un aspecto positivo y crucial para construir legitimidad en las instituciones de procuración de justicia es que la confianza en estas instituciones ha aumentado un poco en los últimos años, pasando de 9.7% a 10.9% de 2016 a 2020.

Otro aspecto a destacar es que a consecuencia de la pandemia, diversas instituciones aceleraron sus procesos de desarrollo de nuevos canales alternativos de recepción de denuncias, como plataformas digitales de denuncia, lo cual significó un avance positivo, ya que 12 fiscalías o procuradurías cuentan con sistemas que permiten denunciar en línea y 21 instituciones cuentan con alternativas de pre-denuncia u otros medios como el uso de WhatsApp, videollamadas o números telefónicos.

Las malas noticias

Sin embargo, no todas las tendencias son positivas. Por ejemplo, a pesar de que de 2016 a 2020 el presupuesto per cápita destinado a estas instituciones aumentó 17.1% en términos nominales, en términos reales bajó 2.3%, lo que significa que este cambio no ha sido suficiente para enfrentar los efectos de la inflación. Además, la efectividad de las procuradurías y fiscalías para resolver los casos que reciben disminuyó 20% de 2019 a 2020, lo que impactó directamente en la probabilidad de esclarecer un delito en México, que pasó de 1.3% para 2018 a 1% para 2020.

Finalmente, analizamos los procesos de selección de las y los titulares de las fiscalías y procuradurías del país, debido a que consideramos que este proceso es de la mayor importancia para mantener fiscales autónomos y de preferencia transexenales, con el fin de que investiguen los delitos sin influencia o indicaciones de ningún poder, particularmente de los poderes ejecutivos. Sin embargo, notamos que después de las elecciones de 2021, se dieron algunos cambios de los fiscales generales con los cambios de gobierno.

En este sentido, en 10 estados del país las y los candidatos son propuestos directamente por el poder ejecutivo en una terna y sólo en 13 estados se incluye una lista amplia de candidatos a fiscal general que puede, o no, ser el resultado de una convocatoria abierta. En ambos grupos el legislativo es el poder que selecciona al candidato o candidata ganadora. Además, en cinco estados el congreso local únicamente ratifica la elección del titular del ejecutivo. Y finalmente, solamente en cuatro estados el ejecutivo no está involucrado o se involucran instituciones ciudadanas, lo que puede generar procesos con mayor autonomía.

Las instituciones estatales de procuración de justicia son una pieza esencial en el combate de la impunidad en el país, pues son el contacto directo con la ciudadanía que experimenta un delito. Si bien algunas de las tendencias son positivas, todavía se requiere aumentar los esfuerzos realizados hasta el momento para lograr una gestión de los casos más eficiente que ayude a reducir la impunidad. Además, es necesario mejorar los procesos de selección de las y los titulares para contar con instituciones verdaderamente autónomas de cualquier poder. Construir un Estado de derecho en México pasa inevitablemente por consolidar, fortalecer y mejorar nuestras instituciones de procuración de justicia.

@ImpunidadCeroMx

 

 

¹ El Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías es un ejercicio que hemos realizado desde 2017. Agradecemos a Guillermo Zepeda y Paola Jiménez por la elaboración de las ediciones anteriores de este trabajo (2017, 2018 y 2019) y por la base metodológica que se tomó como referencia para la elaboración del IEDF 2021.