AMLO en NY. “Fracasa en reducir violencia”, dice Congreso de Estados Unidos
blogeditor · 5 de noviembre de 2021
El próximo domingo 7 de noviembre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llega a Nueva York. El principal objetivo de su visita será un discurso que dará el martes 9 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, cuya presidencia de su consejo de seguridad acaba de ser entregada a México.
Además de la abrumadora cantidad de asuntos que acumula la relación bilateral, incluidas las recientes preocupaciones mostradas por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, sobre los alcances de la reforma energética, el gran desafío que enfrentan las agencias de justicia de ambas naciones se halla en el tema de la seguridad.
Así lo destaca un informe preparado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de los Estados Unidos, entregado recientemente a los legisladores que analiza el comportamiento que tuvieron los grupos criminales durante la pandemia del COVID-19, y destaca tanto el aumento de “la violencia relacionada con el crimen organizado que también invadió la capital mexicana” como la escalada “en los asesinatos de funcionarios públicos y candidatos a las elecciones de mitad de período de México celebradas en junio de 2021”.
Dice el reporte “Operaciones de cárteles y narcotráfico mexicanos en medio del COVID-19” que a pesar de que la popularidad del presidente Andrés López Obrador se mantiene en altos niveles de aprobación por encima del 60%, “su manejo de los grupos criminales mexicanos y su fracaso para reducir la violencia es criticado con frecuencia”.
El escrito destaca que, para la segunda mitad del 2021, “los suministros de drogas ilícitas con destino a Estados Unidos parecen haber vuelto a los niveles anteriores a la pandemia”. Siendo lo más preocupante para las agencias de seguridad “los flujos ilícitos de fentanilo que parecen estar al alza”.
La investigación reconoce que actualmente hay una “amplia cooperación antidrogas entre Estados Unidos y México” la cual, recuerda, “fue severamente golpeada a fines de 2020” por dos causas. La primera fue el arresto y liberación en Estados Unidos del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos “por cargos de drogas y lavado de dinero, pero también por las restricciones del Congreso mexicano a la cooperación policial entre Estados Unidos y México”.
Los autores se cuestionan cómo la Administración Biden y el gobierno de López Obrador modificarán la Iniciativa Mérida, a la luz del informe del Departamento de Estado (DOS) de marzo de 2021 donde, a pesar de reconocer avances, se concluye que “el volumen de drogas peligrosas y los delitos violentos dentro de México siguen siendo alarmantes e inaceptablemente altos”.
Ese segundo informe preparado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del DOS, celebra la Ley de Decomiso de Activos no Basada en Condenas promulgada por AMLO en agosto de 2019, la cual “permite a fiscales incautar activos ilícitos, tanto producto del narcotráfico como de la corrupción y el lavado de dinero”.
De regreso al texto puesto a circular recientemente en el Congreso estadounidense, se recuerda que en la “Ley Seguridad Primero”, promovida por el representante por Texas, Tony González, se pidió al Secretario de Seguridad Interior que seis cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas extranjeras. Aunque dicha ley ni siquiera se ha discutido, González citó a los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana, del Golfo y Los Zetas.
La DEA, por cierto, en un informe publicado también en marzo de este año, contradice la visión del republicano González e identifica por su parte a nueve organizaciones que incluso operan actualmente dentro de los Estados Unidos. Salvo el disminuido Cártel de Tijuana incluye a las cinco citadas por el legislador, pero agrega a la Organización Beltrán Leyva, al Cártel del Noreste a Guerreros Unidos, La Línea, La Familia Michoacana y Los Rojos.
En cuanto al comportamiento de dichas organizaciones frente al COVID-19, el texto revela un cambio en los patrones de flujo de drogas ilícitas provocado por “las interrupciones de la cadena de suministro y la desaceleración en el comercio de contenedores y la actividad portuaria en China e India”, lo cual provocó escasez temporal de los precursores químicos utilizados para sintetizar metanfetamina y fentanilo.
La mala noticia es que, en ese informe de marzo de 2021, el DOS informó de evidencia policial que apuntaba a que “los cárteles de la droga mexicanos están consolidando la producción y el tráfico de fentanilo, utilizando métodos de producción alternativos”.
Finalmente, aunque destacan que México registró disminuciones en el cultivo de adormidera y en la producción de heroína por tercer año consecutivo, lamentan que “la capacidad de los cárteles para controlar el territorio y las rutas a lo largo de la frontera “, sumado a su capacidad “para cooptar a funcionarios en varios niveles de gobierno”, mantiene a los carteles mexicanos en el control total de la distribución de la mayoría de las drogas ilícitas que se trafican en Estados Unidos, incluida la heroína, el fentanilo, la cocaína, la metanfetamina y la marihuana.
El informe de la DEA citado a su vez por los investigadores del Congreso asegura que el Cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación muestran preocupantes signos de expansión en México. “Y ni el riesgo de infección ni las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno durante la pandemia parecen haber disuadido significativamente la actividad de ambos carteles”, culminan los investigadores.
Y a pesar de esa y las propias pruebas con que cuenta el gobierno mexicano, López Obrador ya anunció que en su discurso del lunes en la ONU hablara sobre todo de corrupción. Se duda que filtre cualquier caso o critica a su gobierno sobre la falta de resultados en materia de seguridad.