Las listas de Palacio Nacional: el Estado mexicano reclasifica al periodismo
Joel Aguirre · 17 de agosto de 2026
Algo cambia cuando las instituciones públicas dejan de observar al periodista únicamente por lo que publica y comienzan a clasificarlo por el lugar que su trabajo ocupa dentro de las redes que confrontan al gobierno.
Eso es lo que revelan las listas presentadas el pasado 12 de agosto desde Palacio Nacional. El problema no son solo los nombres que aparecen en ellas, sino la lógica que los organiza: una reclasificación política del periodismo.
La discusión pública se ha concentrado en si deben llamarse “listas negras”. El gobierno dice que no. Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, sostiene que se trata del análisis de un “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias” y ha aclarado que los periodistas y medios incluidos no están siendo acusados de financiar bots ni de participar directamente en operaciones coordinadas.
La aclaración es importante. Pero conduce a una pregunta más difícil: si los periodistas no participan en la operación artificial, ¿por qué resulta necesario identificarlos y clasificarlos dentro del mismo esquema?
El antecedente permite entender mejor el problema.
El 10 de junio, Alcalde presentó desde Derecho de Réplica lo que denominó un “Ecosistema digital de derecha”. Explicó la existencia de redes de bots y trolls que, según el gobierno, amplificaban narrativas falsas contra la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración.
Pero el esquema no se limitaba a bots y trolls. Incorporaba también medios digitales, influencers, medios tradicionales, periodistas y “comentócratas”. Alcalde anunció además que el ejercicio tendría continuidad: cada miércoles el gobierno mostraría ese ecosistema relacionado con las noticias falsas.
El problema es qué hace institucionalmente el Estado con la información
Al día siguiente, la propia presidenta confirmó que no se trataba solamente de un ejercicio de comunicación política. Sheinbaum lo calificó como una “investigación muy profunda”.
y explicó que había sido realizado conjuntamente por Comunicación Social y la Consejería Jurídica porque era importante conocer de dónde provenían “todos estos ataques”. Incluso planteó que habría que valorar si aquello podía trascender a una demanda.
Ahí está el dato fundamental.
No fue Morena elaborando un mapa de sus adversarios. Tampoco una consultora electoral o un grupo académico estudiando redes sociales. Son instituciones del Poder Ejecutivo analizando cómo se producen, circulan y amplifican determinadas narrativas que el propio gobierno considera falsas o ataques en su contra.
Eso, por sí mismo, no es ilegítimo.
Los gobiernos monitorean medios y la conversación pública. El Estado tiene razones legítimas para estudiar la desinformación y detectar bots, operaciones coordinadas y campañas artificiales destinadas a manipular el debate público. Que la información analizada sea pública tampoco constituye por sí sola un problema.
La cuestión es qué hace institucionalmente el Estado con esa información: cómo la clasifica, qué relaciones establece entre actores de naturaleza distinta y por qué decide identificar públicamente a quienes producen los contenidos originales.
Porque investigar una operación de manipulación digital es una cosa. Clasificar al periodista cuyo trabajo posteriormente circula por esa red es otra.
Una investigación periodística puede ser retomada por un político opositor, utilizada por una cuenta anónima y finalmente amplificada por cientos de bots. Nada de eso modifica retrospectivamente la naturaleza del trabajo que la originó.
El político es responsable del uso político que hace de la información. Quien opera una cuenta anónima responde por su conducta. Quien utiliza bots para manipular artificialmente una conversación debe responder por esa operación.
El periodista responde por su trabajo periodístico.
El crítico no es el adversario
La legitimidad de una investigación no depende de quién la comparte después. Ahí aparece el problema de la clasificación gubernamental.
Cuando periodistas, medios, opositores, trolls y bots son incorporados dentro de un mismo esquema explicativo, la investigación, la noticia o la opinión dejan de ser observadas solamente por su contenido y comienzan a ser interpretadas también por las relaciones políticas que adquiere su circulación.
El periodista termina explicado no solo por lo que publicó, sino por quién utiliza después lo que publicó. Eso es una reclasificación política del periodismo.
El periodista crítico deja de aparecer exclusivamente como alguien que fiscaliza al poder y comienza a ocupar una posición dentro del mapa de quienes lo confrontan. Y esa distinción importa porque un periodista crítico no es un opositor político.
Un opositor busca disputar el poder. Un periodista puede investigar corrupción, documentar abusos, cuestionar decisiones gubernamentales o publicar información perjudicial para una administración sin perseguir ese propósito. Que su trabajo beneficie políticamente a la oposición tampoco lo convierte en parte de ella.
No sabemos si la crítica al gobierno fue el criterio utilizado para seleccionar a los periodistas y medios que aparecen en estos análisis. El gobierno no ha explicado públicamente ese punto. Precisamente por eso debería hacerlo.
Lo que sí sabemos es que periodistas y medios críticos aparecen identificados dentro de representaciones construidas por instituciones del Ejecutivo para explicar narrativas que el gobierno considera falsas o ataques en su contra.
Y aquí importa especialmente quién realiza la clasificación. El Estado no es un participante más en la conversación pública. Posee instituciones, presupuesto, facultades jurídicas y capacidad coercitiva. Por eso no es equivalente que un ciudadano considere adversario a un periodista, que un partido político identifique a quienes lo critican o que instituciones del Estado construyan y expongan públicamente categorías en las que aparecen quienes fiscalizan al gobierno.
No es lo mimo crítica periodística que confrontación política
La existencia de esas facultades no significa que vayan a utilizarse contra los periodistas incluidos en los esquemas. No hay evidencia para afirmar espionaje, persecución o censura.
El problema ocurre antes. Ocurre cuando el poder público comienza a interpretar institucionalmente la crítica periodística dentro de una lógica de confrontación política.
La cuestión resulta especialmente delicada en México. El pasado 15 de julio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a advertir sobre la violencia que enfrentan los periodistas en el país y recordó al Estado sus obligaciones de prevención y protección.
En un contexto de violencia contra la prensa, las instituciones públicas deberían ser especialmente cuidadosas frente a cualquier práctica que pueda contribuir a presentar al periodista crítico como un actor adversarial.
Por eso discutir si las láminas son o no “listas negras” termina siendo secundario. Las preguntas importantes son otras: ¿con qué criterios decide el gobierno qué periodistas y medios incorpora a sus análisis? ¿Por qué necesita identificar al autor de una investigación para demostrar que terceros la amplificaron artificialmente? ¿Qué metodología utiliza para establecer las relaciones entre unos actores y otros? ¿Qué papel desempeña exactamente la Consejería Jurídica? Y, sobre todo, ¿qué ocurre después de que el Estado realiza esas clasificaciones?
Esta última pregunta adquiere mayor relevancia después de que la propia presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, planteara que habría que valorar si los resultados de estas investigaciones podrían trascender a una demanda.
Una democracia necesita periodistas que incomoden al gobierno. Necesita investigaciones que revelen aquello que el poder preferiría no explicar y opiniones que contradigan sus decisiones.
El gobierno puede responder. Puede desmentir. Puede aportar información y debatir públicamente. También puede investigar operaciones artificiales destinadas a manipular la conversación pública. Lo que no debería hacer es borrar la diferencia entre quien lo critica y quien actúa contra él.
Porque cuando el Estado comienza a interpretar al periodista por el lugar político que ocupa la información que publica, ya no solo está respondiendo al periodismo. Está reclasificando su lugar en la democracia.♦
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