Línea 12: (ir)responsables

A dos años y medio de haber tomado posesión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum es la principal responsable de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la CDMX que dejó 26 personas muertas y más de 70 heridas. ¿Por qué es la principal responsable? Porque está en su obligación garantizar el adecuado mantenimiento funcional y estructural del principal transporte de millones de personas en la CDMX, a través de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo a cargo de Florencia Serranía Soto.

La tragedia -subrayamos tragedia y no lo llamamos “incidente” como lo ha querido minimizar la jefa de gobierno- del 3 de mayo no es “culpa” de alguien, sino la dolorosa consecuencia de una serie de malas decisiones y omisiones de política pública que atraviesan tres administraciones, desde la inauguración de la línea 12 del Metro el 30 de octubre de 2012 hasta el pasado 3 de mayo de 2021.

Lo mínimo que podemos pedir como ciudadanía es que el transporte público que utilizamos y su infraestructura sea de la suficiente calidad para garantizar nuestra integridad física; vaya, que al usarlo nuestra vida no esté en riesgo. ¿Es mucho pedir? Si en estos dos años no fueron capaces de identificar fallas estructurales en el sistema de transporte colectivo, algo está muy, muy, mal en las capacidades administrativas del gobierno de la Ciudad de México.

Resolver la movilidad en una ciudad de 10 millones de habitantes, más otros 10 millones de personas de la zona metropolitana, es una de las funciones básicas de su gobierno. El Metro genera 4.6 millones de viajes al día, casi la población de Michoacán (4.7 millones) lo que representa el 30% del total de viajes en transporte público en la ZMVM (EOD, 2017), el 13% de todos los viajes en la zona metropolitana. Entender la movilidad como un sistema integral nos permite pasar del flamígero dedo acusador que no soluciona ni da justicia ni repara el daño a un entendimiento más profundo de las responsabilidades compartidas de las administraciones de la capital, pero sobre todo del actual gobierno para, ahora sí, generar justicia, reparar el daño y asegurarnos que no se repita otra tragedia.

Una exigencia natural e, incluso, de ética pública es que la directora general del Metro, Florencia Serranía, renuncie ante su incapacidad de realizar mantenimientos funcionales y estructurales al sistema de transporte colectivo. En caso de que ella no renuncie ante la ineficiencia e incapacidad que costó vidas, tendría que ser la jefa de gobierno quien renuncie y ofrezca una disculpa pública.

Esto no exime de responsabilidad a las administraciones anteriores. En términos de movilidad, el trazo elevado de la L12 responde a cuestiones sociodemográficas (a quienes menos tienen) y económicas (es más barato). ¿Se imaginarían una línea de Metro elevada entre la Condesa y la Del Valle? La L12 en Tláhuac, con la idea de resolver necesidades de movilidad de las comunidades y colonias de la periferia de la CDMX, concentra su servicio en poblaciones en situación de vulnerabilidad y marginación. Una vez más la infraestructura pública de baja calidad y las decisiones gubernamentales improvisadas afectan más a quienes menos tienen. Las “reparaciones” post sismo no fueron suficientes, pese a que ya había sido “arreglada” y que el dinero invertido se perdió en los laberintos de la corrupción que ninguna administración ha querido o podido atajar.

La tragedia duele, pero las campañas electorales son un espectáculo grotesco: el PRD acusando a Morena, Morena acusando al PRD, el PRI (Fernando Espino, líder sindical del Metro acusado de corrupción, ha sido legislador por el PRI) acusando a Morena y al PRD, y el PAN demostrando su nula empatía yendo a hacer campaña en el lugar de la tragedia, mientras seguía el rescate de personas.

Como ciudadanía no nos merecemos esto, de ningún partido, de ningún político. Nos merecemos verdad y justicia, que nunca más una tragedia completamente prevenible vuelva a suceder y que todas las personas de cualquier color político, con responsabilidades y facultades, asuman las consecuencias de sus actos y omisiones. Queremos funcionarios públicos éticos que estén a la altura del encargo de gobernar una de las ciudades más importantes y habitadas del mundo.

Las pérdidas de vida nos duelen a todos y todas; las pérdidas de vida que pudieron ser prevenibles nos llenan de decepción de las autoridades, de rabia y de sed de justicia para las víctimas y sus familias.

Estas líneas se las dedicamos a las 26 personas que fallecieron el 3 de mayo, a sus familias y amigos:

Carlos Emmanuel Pineda Bernal

Santos Reyes Pérez

Immer del Águila Pineda

Alejandro Mendoza Vega

José Juan Galindo Soto

Brandon Giovanny Hernández Tapia

Jesús Baños García

Sergio Valentín Rodríguez Salcedo

Liliana López García

Mario Alberto Bautista Sánchez

Cristian López Santiago

Miguel Ángel Vázquez Castellanos

Angélica Segura Osorio

Juan Luis Díaz Galicia

Melitón Velasco López

José Luis Hernández Martínez

Ismael Salazar Juárez

René Jorge García Méndez

Idelfonso Barrios Castañeda

Gabriela Ramírez Medina

Miguel Ángel Espinoza Flores

Gildardo Rodríguez Galicia

Nancy Lezama Salgado

Araceli Linares Xiques

Evaristo Lucas Santiago

Lorenzo Islas Cruz

@luisffernandez / @ari_santillan