Libia García y las víctimas de la violencia en Guanajuato

En 2018, la ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) de Guanajuato hacía campaña para su elección consecutiva como diputada local tomando como bandera la creación de la comisión local de víctimas. Una legislación que en ese momento tenía al menos 5 años de retraso en Guanajuato, y que se planteaba como agenda “progre”. Lo que en realidad sucedió fue que la Ley de Víctimas de Guanajuato se aprobó hasta 2020 gracias a la presión de las familias de personas desaparecidas.

Hay que decir que Libia García Muñoz Ledo es hoy precandidata a gobernadora del oficialismo guanajuatense, una abogada que ha sabido administrar políticamente los efectos de la violencia en Guanajuato: las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos. Por eso, cuando fue diputada local legisló en favor de la Fiscalía de Guanajuato (FGE) y el Poder Judicial de Guanajuato, con la aprobación de la Ley Orgánica de la FGE, las leyes de búsqueda, de víctimas y de declaración especial de ausencia.

Durante su función como secretaria de Gobierno, Libia se reunió con numerosas víctimas de violaciones a derechos humanos, tales como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, casos de negligencia de la FGE, extorsiones, entre otros. Con ella hablaron las familias de Patricia Quijada (desaparición), César Salazar y Jorge Rodríguez (desaparición y homicidio), Jorge González (pruebas falsas inventadas por la Fiscalía), María José Velázquez (violencia sexual) y Pablo Núñez (desaparición), entre otros.

En todas las ocasiones, la entonces secretaria trató de contener los casos, administrándolos políticamente en favor del gobernador, quien no se ha reunido con las víctimas después de que la policía estatal reprimió a un grupo de buscadoras en julio de 2020, durante una protesta en la Glorieta de Santa Fe en Guanajuato capital.

Fabrizio Lorusso ha señalado que las tarjetas rosas, propuestas por Libia y la SEDESHU en los meses recientes, son una medida clientelar y que su uso es claramente electoral (ver aquí), y que además, es una política que no se aplica de manera universal para las buscadoras.

Hace unos días, un periodista local hizo pública una supuesta conversación entre una víctima de intento de feminicidio y Libia García (ver tuit), en la que ésta ofrece apoyos para la atención del caso.

Durante la conversación se habla de gestiones con la Fiscalía General del Estado (FGE), con la Defensoría Pública del Estado, con el Poder Judicial e incluso con la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG). En todas se presume la participación de Libia para impulsar el acceso a la justicia, pero no se observa que alguna gestión sea útil, incluso se señala que la víctima ha tenido que ser desplazada producto de la violencia.

Es un ejemplo claro de la administración política del gobierno local en los casos de violaciones a derechos humanos, además muestra cómo se usa el poder político para desmovilizar y para generar una percepción de acción, frente a la impunidad y frente a las omisiones de la FGE.

¿Qué nos espera cuando Libia sea gobernadora? Administración política del dolor de las víctimas y contención de los conflictos sociales.

Durante la próxima administración terminará por fin el periodo de Carlos Zamarripa en FGE, se renovarán la PRODHEG, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) y la Presidencia del Poder Judicial; en todos esos cargos se requiere perspectiva de derechos humanos y de atención a víctimas y no la acción de una funcionaria que administra políticamente los efectos de la violencia en Guanajuato y que usa, incluso electoralmente, a las víctimas. Las víctimas necesitan justicia: sanción a los responsables, medidas de no repetición y reparación integral del daño. No necesitan que se administre su dolor y que se use políticamente su situación.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es defensor de derechos humanos.